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La proliferación de contagios vinculados al voluntariado docente durante la entrega del Servicio Alimentario Escolar (SAE) expone concretamente el nivel de riesgo al que son sometidos cientos de docentes, auxiliares y la comunidad educativa, por responsabilidad del Estado.
La crisis sanitaria se acerca a su fase más peligrosa; entrado el periodo invernal y sin verdaderos protocolos que resguarden la salud y la vida de las y los trabajadores, ya ocurre lo que se suponía ocurriría sin las debidas prevenciones - un desmadre del número de contagios. La difusión del virus se entrelaza con la lucha de los trabajadores de las barriadas contra el hambre y, en las fábricas, contra los despidos, la partición del aguinaldo, la reducción salarial y el contagio. La docencia no es ajena a esto.
A comienzos del confinamiento obligatorio, Kicillof anunció con bombos y platillos la triplicación del presupuesto designado para el SAE. Según el gobernador, con 1.500 pesos -distribuidos en 14 productos que se entregarían quincenalmente- las y los estudiantes incluidos en la nómina del SAE podrían desayunar, almorzar y merendar durante un mes. La entrega de la mercadería sería garantizada por la docencia, voluntariamente, de manera “heroica”. Por los datos recaudados en toda la provincia se establece, por un lado, que los 14 productos son insuficientes en calidad nutricional y cantidad, y que el beneficio no tiene alcance a las matrículas completas ni a todos los niveles. Tampoco resulta que los productos entregados en una quincena alcancen el valor anunciado de 750 pesos. A esto se suma el manejo punteril de los mismos y las paupérrimas condiciones en las que llegan a cada familia. El gobierno bonaerense ha desechado implementar una “tarjeta alimentaria escolar”, de ese modo cada familia podría adquirir los productos alimenticios y de higiene sin intermediarios.
Muchísimos trabajadores de la educación se volcaron a colaborar solidariamente con la comunidad educativa, pero lo cierto es que ni el Estado ni el sindicato procuraron ningún protocolo para poner a resguardo su salud.
Frente a esto, las direcciones sindicales se han limitado a realizar “presentaciones formales” ante las autoridades educativas, mientras hacen responsables a las y los docentes de “cuidarse” para no contagiarse. El SUTEBA de Baradel, en la misma línea del gobierno, ha exhortado a la docencia a un “voluntariado heroico” sin ningún tipo de protocolo de resguardo; al cabo de más de 100 días de cuarentena, no ha luchado para que el Estado garantice un kit de prevención a cada docente ni tampoco lo han garantizado desde el gremio. Lastimosamente, se ha circunscripto a difundir “medidas” de prevención recomendadas para el desenvolvimiento de dicha tarea. Algo tan básico como higienizar los productos se vuelve una tarea irrealizable por la falta de recursos en las escuelas.
Inclusive sectores de la izquierda se han plegado a la línea de la celeste, dejando de lado las terribles consecuencias que esto arrojaría y que hoy son visibles, frente a la exposición de la docencia durante la entrega del SAE.
La defensa de la vida, ante todo
Llamamos a la docencia a defender la salud y la vida, es decir, si no existe en la escuela un protocolo de resguardo que incluya barbijos, guantes, protectores faciales, alcohol, lavandina, y no se realizan los controles de temperatura y la desinfección previa y posterior del establecimiento, resguardemos la salud y la vida. El armado de bolsones y su entrega son responsabilidad del Estado.
Ante la crítica situación económica y sanitaria en curso, el Estado provincial debe universalizar el SAE y adecuarlo a valores nutricionales recomendados. Por otra parte, los municipios deben entregar mediante la logística con la que cuentan -camiones, camionetas, utilitarios, etc.- la mercadería casa por casa, incluyendo productos de higiene personal y limpieza.
Por el riesgo al cual son expuestos tanto la docencia, auxiliares de la educación y la propia comunidad rechazamos cualquier tipo de apriete de las autoridades educativas y sostenemos que es imperioso la conformación de Comisiones de seguridad e higiene, con posibilidad de veto, integradas tanto por las y los trabajadores de la educación como por la comunidad para organizar y administrar el presupuesto del SAE.
