Aborto: ni legal ni en el hospital
Escribe Olga Cristóbal
Que se apruebe ya el proyecto de la Campaña Nacional.
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Alberto Fernández se anunció como el presidente que iba a legalizar el aborto. Pero no lo incluyó en el primer paquete de proyectos de ley que envió al Congreso, y después llegó el coronavirus. Tras dos meses de silencio, en mayo anunció que lo enviaría, pero finalmente lo canceló porque, dijo, prefirió “postergar el debate por el de hoy, que es la pandemia”.
En síntesis, las mujeres ya nos comimos dos amagues mientras las trabas para prevenir o interrumpir el embarazo se multiplican. En los pocos servicios que no fueron derivados a la atención del Covid falta lo más elemental: anticonceptivos y misoprostol.
La importancia de legalizar el aborto puede medirse desde muchos ángulos. Que según datos oficiales no esté tan lejos el número de partos (setecientos mil) del de abortos clandestinos (quinientos mil) es uno irrefutable. La clandestinidad del aborto tiene una dimensión social amplísima que daña especialmente a las trabajadoras y a sus familias, a veces con consecuencias irreversibles.
El fallo FAL de la Corte Suprema permitió en los últimos años un aumento de los abortos no punibles (ILE), que en 2019 en la Ciudad de Buenos Aires fueron 8.388. Pero la ILE en algunas provincias es nula. Sin ir más lejos, según la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, “en toda La Matanza sólo seis centros de salud garantizan ILE” y todos los hospitales “son objetores de conciencia”.
¿Qué pasa con las mujeres este año? ¿Cuántos embarazos no queridos siguen su curso o son abortados en condiciones de extrema peligrosidad? No era fatal la suspensión de los servicios. Se hubieran podido armar lugares seguros de atención, incluyendo salas de parto.
De manualito en manualito
La respuesta del gobierno nacional a esta catástrofe fue incluir como prestación médica esencial la anticoncepción y la ILE. Parole, parole. No brindó garantías de aplicación. Solo un teléfono gratuito (0800 222 3444).
Desde entonces unas 3.000 mujeres llamaron al Ministerio. "El aumento se debe a las dificultades de acceso a la ILE. Los llamados son para que desde el 0800 podamos orientar y remover obstáculos”, admitió a Clarín Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio.
La respuesta de Ministerio es otro papelito: un instructivo sobre cómo practicarse un aborto químico en el hogar. El más alto organismo responsable de la salud pública nacional solo les ofrece a las mujeres la autogestión. Cuando el movimiento de mujeres grita en sus marchas “Aborto legal en el hospital” manifiesta su rechazo a que el Estado delegue la ILE en las propias embarazadas, que muchas veces viven sin siquiera agua potable. ¡O no pueden anoticiar del aborto a la familia! Además, los abortos medicamentosos necesitan la atención de un profesional y una ecografía que compruebe que no quedan restos en el cuerpo de la gestante. ¡No existe interrupción “doméstica” en condiciones seguras!
A las 3.000 nenas de menos de 14 años, abusadas y embarazadas por algún adulto del entorno más próximo cada año, ¿qué les recomienda en Ministerio de los papelitos?
Por fuera de la realidad virtual de las funcionarias “de género”, en dos meses hubo por lo menos dos mujeres muertas por aborto clandestino, una en Formosa y la otra en La Matanza.
La Campaña por el Aborto Legal denunció que en Santiago del Estero hay dos mujeres presas y una procesada por el "delito" de aborto. Como la carátula en general es homicidio agravado por el vínculo, ignoramos cuántas mujeres hay en esa situación en el país. Es urgente una campaña para liberarlas.
Naciones Unidas calcula que con que sólo disminuya un 10 por ciento la atención durante la crisis sanitaria global, se producirán “3 millones de abortos en condiciones de riesgo, 15 millones de embarazos no deseados adicionales y 28.000 muertes de personas gestantes durante este año”.
La legalización del aborto es una necesidad imperiosa. Hasta tanto la arranquemos, exigimos que el gobierno nacional y los gobiernos locales garanticen el aborto medicamentoso sin restricciones, con asistencia médica y controles adecuados. Los servicios de salud reproductiva deben situarse fuera de los hospitales, para garantizar la continuidad de la atención sin que niñas y mujeres comprometan su vida al acudir a ellos. Y se debe garantizar la provisión de misoprostol y de anticonceptivos gratuitos de calidad.
El movimiento de mujeres debe labrarse un camino con independencia del parloteo de las funcionarias “feministas” y “de género”, que son un dispositivo de justificación sistemática de la entrega de nuestras reivindicaciones.
