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El 19 de marzo Agustina decidió denunciar a su abusador, Héctor Leonardo Ponce, un ‘pai umbanda’ de Virreyes conocido como “Tomi”. Se animó después de sufrir años de violencia, abuso, amenazas y persecución. En la comisaría de la Mujer de Martínez la volvieron a maltratar. Su denuncia fue mal redactada y repleta de incongruencias. Así comenzó esta nueva etapa que, en lugar de una salida, se convirtió en un nuevo calvario.
Comisarías, fiscalía
La fiscal a cargo de la causa, Bibiana Santella, es conocida en la zona norte por haber justificado situaciones de violencia de género y bloquear varias causas contra abusadores. Tener mujeres en posiciones de poder no adelanta la causa de la mujer. Agustina presentó las pruebas y los testigos para que su caso avance y se resuelva. En el ínterin, otra víctima se animó a denunciar a Ponce. Esta vez por violación a una menor de 14 años. “El estado está empeñado en no darme ninguna salida. Me siento revictimizada a cada paso que doy. Sufrí una violación sexual y ahora una violación de mis derechos. Estoy viviendo la corrupción política en carne propia. Sabemos que existe, pero jamás pensé que a esta magnitud. Bibiana Santella es mujer, y es lo mismo”, expresa Agustina en diálogo con Política Obrera.
Mientras tanto seguía recibiendo amenazas e intimidaciones, mensajes mafiosos en el auto de su padre. El mismísimo Ponce, que es además su vecino, desfilaba frente a su casa con un arma de fuego, a pesar de una orden perimetral. También deslizó que el hijo de Agustina podría ser perfecto para un sacrificio ritual umbanda. Agustina reflexiona: “Esta todo al revés, yo encerrada y Ponce camina por la calle como si nada”. La fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva del agresor y deja a Agustina en total indefensión. “En la comisaría 4ta me cuestionaron mi identidad sexual por haber ofrecido a mi ex pareja mujer como testigo. Vivo violencia institucional después de haber sufrido violencia sexual y psicológica.”
Desde el municipio de San Fernando le ofrecieron asistencia psicológica y le entregaron el botón anti-pánico. Agustina sigue esperando, tendrá su primer turno psicológico en estos días, y el botón no funcionó dos de las tres veces que lo accionó. “Me preocupa muchísimo por mi caso, y por todos los casos. San Fernando es un municipio que te pone palmeras, te arregla el río para que disfrutes, pero su otra cara es la corrupción, el abandono de las personas, la desidia”. Otra de las víctimas que denunció a Ponce fue amenazada del siguiente modo: le dieron una paliza a un familiar para extorsionarla - “sacá la denuncia o vas a terminar mal”. Nos preguntamos, además, ¿cómo supo el ´pai Ponce´ de la denuncia? El estado protege a los abusadores cuando estos cuentan con poder económico y capacidad de manipulación política.
Organización y Lucha
Las redes sociales de Agustina se han convertido en una tribuna permanente de denuncia, coordina acciones con organizaciones sociales, y trabaja incansablemente para poder tener algo de justicia (y paz). “No debería tener que pelear y luchar así después de todo lo que viví. Se suponía que la justicia me iba a cuidar, y todo esto es un calvario”, dice.
Exigimos la inmediata prisión preventiva para Héctor Ponce, y la investigación ya de todas las causas iniciadas y del accionar de su “templo”. Responsabilizamos al municipio de San Fernando y a la fiscalía de Martínez por la integridad, en todos los sentidos, de Agustina.
Organicemos una asamblea de mujeres de San Fernando para discutir un plan de lucha, coordinar acciones y para conquistar el resguardo de todas las mujeres y niñas víctimas de abuso sexual y violencia de género, y justicia por todas.
El intendente Andreotti es responsable: al caso de Agustina, se suma la búsqueda desde hace más de cuatro meses de Valeria López; las hermanas Salas siguen esperando justicia por los abusos perpetrados por su padre, y, lamentablemente, la lista es infinita.
