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Con la pandemia covid-19 y las medidas de aislamiento, se dispararon las denuncias por violencia de género y los femicidios en todo el país.
La provincia de Formosa no escapa de esta cruda realidad. La titular de la Secretaría de la Mujer de la provincia, Angélica García, declaró que, “desde el 26 de marzo hasta hoy, más de 400 mujeres realizaron denuncias por violencia de género”. También afirmó que las mujeres que tomaron la decisión de denunciar fueron asistidas, contenidas psicológicamente y que se tomaron medidas contra los denunciados. Sin embargo, Lidia Britez, de 47 años, asesinada por su ex pareja, como tantas otras mujeres, no recibieron nunca ningún tipo de asistencia del organismo. El abogado de Britez aseguro que el femicida ejercía violencia sobre ella desde al menos un año, como fue denunciado antes del crimen. En la provincia hay muchas Lidias y las seguirá habiendo. Las víctimas de violencia de género son doblemente violentadas por un Estado que atenta contra sus derechos. No solamente se enfrentan a la policía que se niega a tomar las denuncias o garantizar su protección, sino que están obligadas a volver al hogar donde fueron violentadas debido a la falta de una casa refugio, tampoco cuentan con un centro de asistencia integral, un reclamo que es llevado por las mujeres desde el primer Ni Una Menos.
La titular de la Secretaría de la Mujer utiliza el nombre de la institución del Estado para apoyar y participar de la denominada “marcha por la vida”, contra la legalización del aborto, en una provincia que encabeza, antes que Chaco y Misiones, la cifra de embarazo adolescente o “madres niñas”. No hay que perder de vista que estamos hablando de provincias donde tanto la iglesia católica como la evangélica tienen un peso importante en los sectores de poder. En Formosa, la tasa de embarazo en niñas menores de 15 años alcanza al 21%, y las razones por las que estas niñas y adolescentes quedan embarazadas se deben a la falta de acceso a la salud, ausencia de educación sexual y los abusos.
Niñas y adolescentes abusadas a quienes, al solicitar la ILE, se les es negada y terminan realizándose abortos clandestinos, poniendo en riesgo sus vidas, o criando un niño sin terminar ellas mismas de cursar la infancia.
Un ejemplo: la provincia de Formosa fue noticia por un feto encontrado en el baño de una estación de servicio. Lo cierto es que estos casos no hacen más que demostrar la necesidad urgente del aborto legal. Sin embargo, en cambio, se criminaliza a mujeres que se encuentran en una situación desesperada en lugar de brindar soluciones y amparo.
Si bien la educación sexual integral es una ley no se aplica con efectividad en todo el país, uno de los férreos opositores en la provincia de Formosa es el referente de la iglesia católica, monseñor Vicente Conejero, quien no se cansa de hostigar a les pibes que salen a luchar por la legalización del aborto y la aplicación efectiva de educación sexual en los colegios. Conejero interviene en las decisiones políticas, para negarnos derechos elementales, en este caso de las mujeres y cuerpos gestantes. No se toma recreos cuando se trata de hacer declaraciones misóginas u homofóbicas: en 2018, en una entrevista radial, al ser consultado sobre la posibilidad de adopción de niños o niñas por parte de parejas del mismo sexo, declaró: “no adoptes un hijo, porque después el niño no va a saber a quién llamar papá y a quién llamar mamá”, contra los derechos de la comunidad LGBT.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la situación de las trabajadoras, de las que se encuentran trabajando en negro, las que se encuentran en las barriadas y conforman la primera línea en esta situación de pandemia, y su total abandono por parte del Estado.
En Formosa se registra un 30,2% de trabajadores en negro, según el INDEC. En este marco, las mujeres hasta 29 años están desocupadas en un 22,5% en el NEA. Lo que significa que, durante la pandemia, la situación de la mujer se ve aún más afectada ya que la gran mayoría de las trabajadoras de la provincia pertenece al sector más precarizado, para las cuales no existe ningún tipo de ayuda por parte del Estado teniendo en cuenta que ni siquiera recibiremos el tercer pago del IFE. Dicho sea de paso, no todas fuimos beneficiarias y es un monto menor en comparación de todo lo que conlleva sostener un hogar. Es el caso de aquellas que llevan adelante algún tipo de emprendimiento o salían a la calle a vender y que, en esta situación particular, se encuentran sin mucho por hacer. Lo mismo ocurre con las mujeres que se encuentran trabajando en cooperativas, por salarios de 5.000 pesos, que tienen que salir a cubrir una jornada en pésimas condiciones laborales, arriesgándose a contraer el virus en una provincia donde el sistema de salud está totalmente colapsado. Son las compañeras del sector de la Salud y de las barriadas las más expuestas a pagar las consecuencias del derrumbe del sistema sanitario.
Esta situación no hace más que exponer la precariedad laboral y social en la que nos encontramos las mujeres, y que abunda en la provincia de Formosa, ya que nos mantienen faltas de derechos elementales como obra social y estabilidad laboral.
Claramente son responsables los que sostienen el régimen capitalista que nos golpea doblemente y nos explota a las trabajadoras mientras producen y reproducen la violencia y la desigualdad a costa de nuestras vidas. Es esta situación la que tenemos que revertir.
Por esto y mucho más, exigimos de manera urgente, asistencia física y psicológica a todas las víctimas de violencia en la provincia, refugios para las que se encuentran cumpliendo la cuarentena en situación de violencia, trabajo genuino para las compañeras del sector informal con salario igual a la canasta básica familiar, subsidio de emergencia para las compañeras que no pueden salir a trabajar.
Necesitamos con urgencia que se nos garantice el acceso a la Salud.
Por anticonceptivos gratuitos en los hospitales, la Educación Sexual Integral y el Aborto Legal Seguro y Gratuito.
