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El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) comenzó el lunes 6 de julio un paro para "proteger los convenios colectivos de trabajo".
El cese total de actividades en la flota de buques congeladores y fresqueros afecta a las patronales agrupadas en CApeCa, CAPIP, CEPA y empresas independientes.
La huelga, que se ha extendido a todos los congeladores y fresqueros del país, obedece al fracaso en las negociaciones que llevaba adelante el sindicato por una recomposición salarial. A esto se ha sumado una rebaja del 40% en sueldos que piden las cámaras empresarias y otras patronales.
Según informó el SOMU en un comunicado, la baja del 40% en los valores de referencias de producción de langostino “es una forma solapada de flexibilizar nuestro convenio colectivo de trabajo”. Así, “si hoy quieren bajar un 40% de un convenio de la flota congeladora, mañana van a venir por la de los fresqueros”.
Días antes de iniciarse la medida de fuerza, el 3 de julio, se había realizado una audiencia a instancias del Ministerio de Trabajo. Allí las cámaras empresarias denunciaron la “onerosidad excesiva” que genera el Anexo III del Convenio que fija los valores de referencia del langostino y, por ende, “la inviabilidad económica para los empleadores”. Según los empresarios, el porcentaje que representan los sueldos sobre los valores de venta es del 46%, en oposición al 24% denunciado por el SOMU (Revista Puerto).
Frente al rechazo, por parte del SOMU, a la propuesta de revisar los porcentajes que impactan sobre sueldos -a los que se les practican retenciones del 35 por ciento de ganancias, aportes previsionales y contribuciones a la obra social y la cuota sindical-, el Ministerio de Trabajo indicó que no es posible permitir que una actividad esencial no esté trabajando e instó a los representantes gremiales a abrir un canal de negociación para que el Estado pueda recaudar y los obreros, trabajar.
Frustrado el intento del Ministerio y tras la resolución del paro llamado por el SOMU, las patronales y sus voceros comenzaron a argumentar que la baja de un 40% representa en realidad muy poco en sueldos que, en la temporada del 2019, promediaban los 400 o 500 mil pesos brutos. Se trataría, según su óptica, de sueldos “de privilegio” que largamente superan el promedio de los asalariados del país y, sobre todo, si se los compara con los de los trabajadores de la salud, que hoy están en la primera línea de combate contra la pandemia.
La perfidia empresarial llega a alertar además sobre las implicancias que tiene este paro, que afectará a otras ramas de la pesca como las de merluza hubbsi y negra, los barcos que pescan vieira, los centolleros y los costeros de anchoíta. Advierten sobre el impacto en los trabajadores de tierra, sin mencionar que la inmensa mayoría de ellos son precarizados; entre los que se cuentan tercerizados y aquellos sin ningún tipo de convenio.
La pesca, declarada como “actividad esencial” en el contexto de pandemia, es esencial sólo para las patronales y un Estado al servicio de sus intereses. Los frutos del esfuerzo de los obreros van a parar al mercado de commodities mientras las mayorías trabajadoras no acceden a los alimentos. Es necesario abrir una deliberación entre todos los trabajadores del puerto, la realización de asambleas de delegados con mandato y poner en pie un congreso obrero para votar un programa y coordinar las luchas en defensa de los convenios colectivos, el pase a planta de los precarizados, la reapertura de paritarias y el pago en tiempo y forma del aguinaldo. La deuda no puede seguir pagándose a costa del hambre de las mayorías laboriosas. Hay nacionalizar la industria, todos los recursos estratégicos y el comercio exterior y terminar con este régimen social de explotación y miseria. Frente a la barbarie capitalista la única alternativa es un gobierno de trabajadores.
