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El flamante directorio estatal de YPF anunció hace unas semanas, en palabras de su presidente, Guillermo Nielsen, un plan de ´readecuación de costos´, aunque luego desmentido varias veces, fue saliendo a la luz cada día como un plan de reestructuración antiobrera en la empresa, que repercutirá sin duda en todo el gremio.
Luego de las suspensiones con reducciones salariales y de anunciar un agresivo plan de retiros voluntarios, recientemente se dio a conocer que el directorio de YPF busca suspender el Convenio Colectivo de Trabajo para reiniciar la producción en Vaca Muerta.
Un ajuste en regla
El primer paso de la nueva gestión había sido imponer a los trabajadores suspendidos por la cuarentena una fuerte reducción salarial, incluso muy superior a lo aceptado por la CGT: las petroleras sólo pagan el 60% del salario básico -de un salario compuesto mayormente por premios-, lo que significa que los trabajadores del petróleo perciben alrededor del 30% del salario habitual. Esto se replicó entre las contratistas, las cuales, en algunos casos, pagaron incluso menos de ese porcentaje y procedieron a desvincular a todos los trabajadores eventuales.
Tres días atrás, el directorio encabezado por Nielsen había anunciado un plan de retiros voluntarios que, según denunciaron los dirigentes del sindicato, apunta a reducir 4.000 puestos de trabajo. La oferta de una doble indemnización a pagar en 36 cuotas y seguro médico por tres años es una zanahoria para trabajadores que vienen cobrando una parte ínfima de sus salarios. Se trata de despidos encubiertos.
En su “homenaje” al 9 de Julio, el directorio de YPF dio a conocer el siguiente paso de la readecuación: la suspensión del Convenio Colectivo de Trabajo para el reinicio de las actividades en Vaca Muerta. Los detalles del proyecto, presentado a Guillermo Pereyra, dirigente de la Federación (SUPEH), fueron cuidadosamente resguardados, pero fuentes periodísticas revelaron que se trataría de un proyecto similar al acordado por las petroleras con el Sindicato Petrolero de Santa Cruz, conducido por Claudio Vidal, que reemplazó el convenio colectivo por cláusulas de productividad y eficiencia.
Derrumbe y default
La gestión de Nielsen y Afronti viene de anunciar también el ´reperfilamiento´ de vencimientos por 1.000 millones de dólares. La deuda de YPF, al comienzo de la cuarentena, alcanzó el equivalente a ocho veces su valuación bursátil. En los últimos 15 años, entre 2005 y 2020, la petrolera estatal pasó de valer 21 mil millones a 2 mil millones de dólares, llegando a tocar a mediados de marzo un piso de 1.050 millones Si se tiene en cuenta que YPF tiene una deuda internacional en torno a 8.500 millones de dólares, buena parte contraída para la explotación de Vaca Muerta, el default es total.
El Estado nacional, a cargo de la gestión de YPF, actúa defendiendo los mismos intereses que cualquier directorio capitalista; reestructurar la compañía para hacerla lo más rentable posible es un gesto dirigido a las negociaciones con sus acreedores. El establecimiento del “barril criollo”, un intento de rescate de las petroleras y de YPF, en detrimento del Tesoro Nacional, no pudo sacar a la industria de su impasse. Hay una amplia quiebra de las contratistas que operaban en Vaca Muerta. Una decena de empresas presentaron procedimientos preventivos de crisis para desprenderse de sus empleados pagando la mitad de las indemnizaciones correspondientes.
La “readecuación de costos” de YPF es una reforma laboral, que incluye la suspensión de los convenios colectivos, la reducción salarial de los suspendidos y desvincular a 4 mil trabajadores. Esto debería ser tomado como una alerta por los trabajadores de Vicentin que son arrastrados por sus sindicatos a apoyar la estatización capitalista de la empresa en nombre de una incierta “preservación de los puestos de trabajo”.
La “reforma laboral” de YPF es la misma que se está discutiendo con los trabajadores pesqueros del SOMU: la suspensión de los convenios colectivos de trabajo y la apertura a acuerdos de productividad. Los capitalistas aprovechan la pandemia para desempolvar las “reformas estructurales” enterradas por las movilizaciones populares de diciembre de 2017.
Como lo enfrentamos
Las dirigentes de las dos fracciones de la Federación de Trabajadores del Petróleo, Claudio Vidal y Rodolfo Pereyra, han suscripto las reducciones salariales, dejan avanzar los despidos encubiertos y acceden a discutir la suspensión del convenio. Sin embargo, los trabajadores no sólo rechazan esta avanzada patronal, sino que han llevado adelante medidas de lucha en Santa Cruz, en Tierra del Fuego y en Neuquén.
Los luchadores de la industria del petróleo deben tomar nota de esta agenda y convocar a un congreso de trabajadores para defender el convenio y los puestos de trabajo. Conjuntamente, con los pesqueros de Puerto Deseado, los trabajadores de Sedamil de Trelew y Río Grande, los mineros de Andacollo, los metalúrgicos de Tierra del Fuego, los mineros del Río turbio, se abre la perspectiva de una gran coordinadora de las luchas de la Patagonia. Las luchas obreras crecen, necesitamos coordinarlas para llevarlas a la victoria.
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