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En los últimos días, aumentaron exponencialmente los casos de contagio de Covid-19 en la provincia de Mendoza. Lo más alarmante es que la mayoría se produjo entre el personal sanitario, particularmente en centros de salud y hospitales públicos, como el Hospital Paroissiens, el Perrupato, el Hospital Central, el Centro de Salud de Potrerillos y, sobre todo, en el Hospital Lagomaggiore.
Los trabajadores y trabajadoras representan casi el 10% del total de casos registrados en la provincia. La responsabilidad del gobierno es inocultable.
Por ejemplo, en el Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, el segundo más concurrido de la provincia, en el cual se produjo la mayor cantidad de casos positivos de Covid-19, la dirección no cumplía con los más mínimos requisitos de bioseguridad para todo el personal. Hasta que no se produjo el contagio en masa, no se había hecho un solo testeo y se trabajaba con carga horaria al 100%. Tampoco se entregaban los materiales indispensables para su seguridad, se negaban sistemáticamente las licencias laborales y hasta cuestionan la legalidad de partes médicos. Párrafo aparte merece la infraestructura del hospital: en una habitación de 2 x 3,50 metros (llamada “Sala de Estar”), conviven hasta 10 trabajadores donde, hacinados, desayunan y en ocasiones almuerzan, sin poder respetar el espacio mínimo de distanciamiento social.
Estas paupérrimas condiciones laborales se extienden a más de 2.000 trabajadores precarizados del sistema de salud, con sueldos que están muy por debajo del valor de la canasta básica de alimentos. Ni siquiera han cobrado el medio aguinaldo, que el gobierno prometió recién abonar en septiembre.
La respuesta del gobierno, ante los reclamos del sector de la salud, como a todo el sector estatal en general, fue una cobarde represión y detenciones.
Discutamos la salida
El gobierno sigue mintiendo descaradamente en cuanto a la cantidad real de infectados con Covid-19 y a lo relativo a protocolos e insumos para el personal sanitario. También miente en cuanto a la capacidad de recepción de enfermos con coronavirus, puesto que, para una provincia de casi 2 millones de habitantes, la plaza de camas preparadas para terapia intensiva con respiradores, no supera las 250 unidades entre todos los hospitales públicos y clínicas privadas. Mientras esto ocurre, el gobierno destina rescates millonarios a la clase capitalista.
La única salida es preparar acciones de luchas para enfrentar al gobierno anti-obrero y represor y a la pandemia en ciernes. Urge la organización unificada de los trabajadores de la salud pública y privada para exigir al estado insumos, elementos de protección, protocolos sanitarios adecuados y bajo control de los trabajadores, salario igual al costo de la canasta familiar, cese de la precarización y pago en término del medio aguinaldo.
