Una votación parlamentaria con despliegue represivo

Escribe Luciano Newen

La lucha en Chile.

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Luego de una gran jornada de lucha para forzar su admisión -por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones-, la Cámara de Diputados aprobó el primer artículo respecto del retiro del 10% de las cuentas individuales en las AFP. Desatando el festejo popular en las calles del país, la iniciativa pasará a su segundo trámite constitucional en el Senado.

Chile Vamos contra el gobierno

El lobby de rigor entre gobierno y parlamentarios previo a estas instancias apenas consiguió que la opción del rechazo avanzara de 25 a 36 votos, sumando a los UDI Trisotti, Gahona y Bobadilla, el Evópoli Sebastián Alvarez, y los RN Luck, Eguiguren, Urruticoechea, Jurgensen y Gonzalo Fuenzalida, quienes antes se habían abstenido. En tanto, los RN Paulina Núñez, Ximena Ossandón y Desbordes mantuvieron sus abstenciones.

El grueso de la presión política, sin embargo, recayó sobre los 13 diputados oficialistas que la semana pasada votaron a favor del proyecto en general. Hasta antes del mediodía, cinco de ellos afirmaban mantener su voto inicial y, desde el Comité Político de Piñera, reconocían no tener ninguna claridad sobre el desenlace del proceso. Aún con todo lo anterior, entre acusaciones de amenazas por parte del gobierno y denuncias de “ofrecimientos” políticos que iban y venían para votar en contra del proyecto, finalmente, “los 13” diputados en cuestión, lo aprobaron. Así, quedó de manifiesto el fracaso de Piñera y Cía. para alinear los votos de los diputados oficialistas tras la última derrota -lo que profundizó, hasta un punto sin retorno, la crisis política de este sector, pronosticando un quiebre inminente.

Sin embargo, el segundo artículo -que creaba un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones- se rechazó; fue respaldado por 83 diputados, mientras que 43 se mostraron en contra y 21 se abstuvieron -y deberá, por tanto, ser repuesta en el próximo trámite parlamentario.

Lo anterior significa que, en general, se aprueba el retiro del 10% pero no así la creación de un pozo de dinero adicional -que complemente los fondos retirados- con aporte estatal y de los capitalistas. Debido a que el conjunto del régimen se cuadra con la idea de que, directa o indirectamente, sólo los trabajadores deben pagar esto, esta instancia liquidó la posibilidad de que el Estado realice un aporte monetario por tratarse de una medida inconstitucional; del mismo modo, se libera absolutamente a los patrones de la posibilidad de desembolsar dinero para el pago de las jubilaciones.

Represión y acuartelamiento de tropas

La intensa movilización previa a la votación dejó a 61 personas detenidas por la policía. A su vez, el gobierno anunció 9 querellas criminales por diversos delitos, mientras espera que los tribunales decreten "medidas cautelares gravosas" contra los manifestantes -todo esto en la Región Metropolitana.

Por su parte, el optimismo de Piñera en que “los 13” oficialistas cambiaran su apreciación anterior en el Parlamento implicó, por parte del ejecutivo, la inmediata disposición de fuerzas militares para contener las manifestaciones que el rechazo hubiera provocado.

De esta forma, desde muy temprano por la mañana, el gobierno ordenó el despliegue de un amplio operativo represivo en las poblaciones, junto al redoble de la vigilancia policial en los barrios. También, la Intendencia de Santiago dispuso de cientos de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros tanto para resguardar la propiedad privada, como para sitiar los tradicionales puntos de concentración de masas -como es el caso de Plaza Dignidad.

Sin embargo, un suceso pasó absolutamente desapercibido; mientras se desarrollaba la sesión, se emitía un mensaje de la Comandancia del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea donde se ordenaba el acuartelamiento en Grado 2 de las tropas a partir de las 16:00 horas de este miércoles. Esto constituye el modus operandi propio de un régimen represivo y nada tiene que ver con las medidas coercitivas que justifica el efectivo cumplimiento de la cuarentena; el decreto buscaba manifiestamente el control del orden público.

Si bien por ahora no sería necesario el despliegue de soldados, el acuartelamiento de tropas ha sido confirmado por la FACh, aun cuando ha negado su propósito represivo. Sin embargo, la votación en el Senado adelanta la posibilidad de un grave cuadro: en los próximos días, cuando la iniciativa se traslade a esta instancia, el régimen pinochestista podrá desplegar sin ningún impedimento sus fuerzas represivas para confrontar un eventual oleaje de protestas; la clase obrera y los revolucionarios deben tener esto en consideración y prepararse para este escenario.

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