Obras universitarias: detrás del telón, una nueva etapa de privatización educativa

El anuncio del gobierno nacional de un plan de obra pública en las universidades nacionales fue presentado con bombos y platillos. Según sus anunciantes, se trata de poner en el centro de la escena el derecho a la educación pública superior en Argentina. Sin embargo, el anuncio esconde mucho más de lo que muestra.

Acuerdos de camarilla

El plan de infraestructura no sale del aumento del presupuesto universitario sino de un convenio del Estado con el Banco de América Latina. Trotta justificó esta decisión en la incapacidad financiera de las universidades. El planteo es perverso: en lugar de aumentar el presupuesto ordinario -y dejar a la autonomía universitaria la decisión de su futuro-, los fondos llegan con un destino preestablecido y condicionado por el gobierno y el capital financiero.

Esta sujeción política de la universidad, atada a las políticas del ejecutivo y condicionando así los fondos percibidos por ellas, fue reivindicado por la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, que explícitamente planteó que “este proyecto va a hacer que las universidades cooperemos con todas las políticas de este gobierno”. El aumento presupuestario y la defensa de la autonomía y democracia universitaria han sido reemplazados por la compra de voluntades políticas de las camarillas que gobiernan las universidades, que luego podrán usufructuar la infraestructura universitaria para sus convenios y negociados.

Este trasfondo explica en buena parte los motivos que llevaron al CIN a pronunciarse, hace algunas semanas, en apoyo al planteo de reestructuración de la deuda que el gobierno se encuentra “negociando” con los fondos internacionales.

El Banco de América Latina es un organismo financiero que tiene como accionistas a la mayoría de los países latinoamericanos. Entre sus objetivos figuran “contribuir al fortalecimiento del sector financiero y el mercado de capitales”, y “promover la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos de los Países Accionistas”.

Entre sus políticas de gestión establece la necesidad de que sus operaciones le sean rentables y formen parte de las políticas de desarrollo regional. En este sentido, funciona como un subsidio integral al capital.

En la última década, aportó 185 millones de dólares para infraestructura universitaria en Argentina, sin que eso haya significado evitarnos la profunda crisis educativa que se puso de manifiesto con la pandemia. Lo que sí ha crecido exponencialmente son los convenios con empresas (Shell, Monsanto, el banco Santander, etc.) y el desarrollo del arancelamiento de contenidos bajo la forma de posgrados.

Discutamos una salida a la crisis educativa

Tomando en cuenta este breve panorama, el anuncio del gobierno no significa un giro en la política universitaria respecto de lo que ha sucedido en los últimos años.

El recorte del 16% del salario docente operado en abril, la expulsión en masa de estudiantes producto de no abordar los problemas de la virtualidad (la UNESCO calcula que un 50% quedó por fuera, y la UNLP reconoce una matrícula de 35 mil estudiantes menos que al inicio de año) y el congelamiento del presupuesto universitario, siguen intactos.

Esta política ha llevado a la degradación del salario docente y a la acumulación de cargos, a la superpoblación de cursadas y a reformas degradantes de los planes de estudio. El nuevo plan federal de obras anuncia una nueva etapa de profundización de esta perspectiva.

El movimiento estudiantil que se viene organizando, como se ve en la Universidad de las Artes, en algunas facultades de la UNLP y de la UBA, entre otros, al igual que los docentes, que vienen de un paro reciente convocado por las gremiales antiburocráticas, debe discutir una salida al problema universitario.

Es necesario un aumento del presupuesto ordinario de la universidad, para que la orientación de la educación no esté ligada a las necesidades del capital. A su vez, tenemos que poner en pie la pelea por la democratización de los organismos de cogobierno, con una mayoría de representación estudiantil, que defienda nuestros intereses y se imponga ante cualquier violación de la autonomía universitaria. Abramos este debate en todas las facultades, en las asambleas que ya están en curso, y convocando las mismas en los lugares en donde no las hay.