Santa Cruz: la desidia de un gobierno hostil a la salud de la población

Escribe Lucas Noguera

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Santa Cruz había atravesado todo el mes de junio sin nuevos casos. El 4 de julio, daban positivo cuatro trabajadores de Movistar enviados desde Buenos Aires. La Fiscalía de Estado de la provincia denunciaría tanto a trabajadores como a la empresa de cometer "delito contra la salud pública". Con esta perfidia, el gobierno encubría en realidad su propia responsabilidad. Ocurre que las autoridades sanitarias y de control no hicieron ningún tipo de seguimiento a personas provenientes de una provincia donde había circulación comunitaria del virus, por un lado, ni control estricto en los ingresos a la provincia y sus localidades, por el otro. En una palabra, el Estado provincial se hacía víctima de una situación que dejó deliberadamente a la deriva. Dos semanas después, la provincia pasaba de cuatro casos activos a más de cien.

La salud del capital ante todo

Luego de que el gobierno se hiciera eco de la denuncia de su Fiscalía contra la empresa Movistar, deja en pie de funcionamiento contra toda prevención de aislamiento y distanciamiento el casino de la ciudad. Esto muestra a las claras dos cosas: la cortina de humo de la denuncia hacia Movistar, y que el "delito contra la salud pública" es ejercido únicamente por capitalistas parásitos y el poder político. Esto último lo constata el abandono del Hospital Laguna Azul, lugar al que fueron derivados desde el Hospital de Rio Gallegos doce personas positivas de Covid-19. Sin calefacción, comida fría y sin medicación, así se alojaba a quienes habían contraído el virus. Paulo Lunzevich, el dueño del hotel e integrante de la Asociación Hotelera de la localidad, se escudaba: “comprendemos las molestias que se pudieron haber generado y pedimos disculpas, pero el establecimiento estuvo cerrado desde el inicio de la pandemia con la calefacción al mínimo para equilibrar costos (...)". Los "costos" para el capital hotelero y el gobierno son la prioridad número uno en medio de una crisis sanitaria y social que asedia al pueblo.

La situación de prevención y aislamiento no se trata de una distribución de responsabilidades compartidas, es un asunto político y de intereses sociales bien definidos.

La defensa de la salud y la vida recae en nuestra propia clase

Bien mirado, quienes nos gobiernan van y vienen en función de los hechos consumados. Con un manejo de este tipo, era cuestión de tiempo que la circulación comunitaria pasara de ser un problema de CABA a hacerse presente en casi todo el país.

Así como el trío Larreta-Kicillof-Fernández flexibilizan la cuarentena en medio de picos de contagios cada día, Alicia Kirchner niega la circulación comunitaria para sostener que se trata de un "brote por conglomerado". Esta lectura de la realidad no obedece a una mal apreciación "técnica" de gestión sino a una concesión de las presiones del gran capital que son irreconciliables con una vuelta a la Fase 1. La "convivencia con el virus" se trata precisamente de eso.

Solo la organización de comités de seguridad e higiene en barrios y lugares de trabajo y estudio puede hacer frente a la desidia del Estado. Con protocolos discutidos en asambleas y resuelto por el conjunto de los trabajadores; la reducción a 6 horas del personal de salud en los hospitales para incorporar más enfermeros/as sin tocar el salario; reapertura de paritarias.

La salida de esta crisis se presenta como la necesidad de una deliberación y coordinación de conjunto de nuestra clase.

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