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Hace unos días el ministro de Educación Nicolás Trotta y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un convenio con RENAPER para adquirir un sistema de “acreditación de la identidad” de los estudiantes para ser utilizado en la toma de exámenes. El anuncio sorprendió a la comunidad educativa que durante todo el primer cuatrimestre puso de manifiesto las enormes limitaciones de una virtualidad sin presupuesto y enteramente a cargo de estudiantes y docentes.
La preocupación por la acreditación de las materias que se están cursando virtualmente en el marco de la pandemia existe tanto entre los estudiantes, que no quieren ver sus esfuerzos tirados a la basura, como entre la docencia, que ha trabajado a destajo todo el cuatrimestre. Sin embargo, las autoridades universitarias toman estas preocupaciones para avanzar en propuestas de vigilancia académica puramente burocráticas y que, para colmo, recaen sobre el docente. Hay casos extremos como el de la Universidad de Córdoba que implementó el software Respondus para la toma de exámenes virtuales. Este software ha sido repudiado por docentes y estudiantes ya que permite el acceso a las funciones de la computadora del estudiante bloqueándolas mientras rinde el examen, y llega al extremo de grabar a través de la cámara todo lo que ocurre durante la evaluación, roza lo ilegal.
El convenio con RENAPER no hace alusión alguna a los métodos de toma de examen sino a un sistema de reconocimiento digital del evaluado a través de un vínculo que será enviado por el docente al momento de tomar el examen. El sistema compara los datos del DNI con las imágenes del rostro de la persona tomadas en el momento estableciendo así si se trata o no de la misma persona. Es un sistema que ya se utiliza para toda una serie de trámites virtuales. Sin embargo, lo que no dice el CIN es que la tarea de enviar el vínculo para que el estudiante realice esta acción recae una vez más sobre el docente, poniéndonos en un lugar que no pedimos y haciéndonos responsables frente a cualquier falla en el sistema. Además, no está claro cuál es el grado de seguridad informática que presenta este sistema, en el convenio firmado por el CIN, el RENAPER se desentiende de cualquier problema que pudiera surgir del “uso indebido de los datos” y hace responsable al CIN.
El aspecto más saliente de este anuncio es lo alejado que se encuentra de la crisis educativa que se ha agudizado a partir de la pandemia. Un amplio porcentaje de estudiantes no han accedido a la virtualidad por falta de recursos (computadoras, conectividad), otro tanto lo ha hecho de forma muy limitada a través de sus celulares y equipos obsoletos. Al respecto la solución que ofrece el gobierno son créditos y cuotas para que asumamos los costos de la virtualización quienes estudiamos y trabajamos. Las plataformas y campus virtuales que nos ofrecen son muy limitados teniendo los docentes que inventar las estrategias pedagógicas intentando que no se devalúe aún más la calidad educativa. Las y los docentes con niños y familiares a cargo no pueden acceder a las licencias que les corresponden haciendo de la tarea docente un calvario. Aún más grave es la situación de la paritaria salarial docente que se encuentra en un impasse, ya se ha vencido el plazo de la última negociación y el gobierno no ha llamado a una nueva mesa para discutir un aumento que no solo alcance a la inflación, sino que cubra los costos de la virtualidad que hasta ahora hemos asumido de nuestro bolsillo.
Los docentes tenemos que imponer estos reclamos en la agenda del Gobierno y del CIN, para ello tanto las asociaciones de base como la CONADUH tienen que trazar un plan de lucha claro, con paros escalonados que vayan en aumento en la medida que no haya respuestas satisfactorias.
