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El robo perpetrado a un jubilado en Quilmes, que derivó en el brutal asesinato de uno de los delincuentes involucrados, por parte de la víctima, desató una polémica que trasciende el marco de un caso policial. La prensa del régimen y sus voceros políticos se han pronunciado sobre esta tragedia desde el filtro estrecho del Código Penal.
El relato mediático y la construcción del discurso político
El episodio quilmeño reúne todos los elementos de una barbarie social en ciernes. De un lado, tres delincuentes que alternaban la barra brava de Quilmes -protegida por punteros políticos- con el delito callejero, seguramente, como último eslabón de una cadena de delito organizado con vínculos mucho más arriba de la escala social. Los delincuentes arremetieron contra la casa asaltada en tres oportunidades, con una impunidad que hace sospechar la existencia de una ´zona liberada´.
Del otro lado, el agredido no se limitó a repeler el ataque en defensa propia, sino que avanzó hasta consumar un crimen a quemarropa, baleando al delincuente herido y sin defensa alguna. Esta ejecución fue justificada por el mismísimo ministro de Seguridad bonaerense en estos términos: “El uso de la legítima defensa tiene ciertos parámetros que se tendrían que contemplar”, twitteó Sergio Berni. En una línea parecida se pronunció la madre de la “Doctrina Chocobar”, Patricia Bullrich: "Si el Estado no protege, la sociedad se protege sola", dijo en sus redes sociales. Pero los que justifican la acción por mano propia, en ambos casos, estuvieron o están actualmente al frente de la “seguridad”. No puede haber confesión más clara acerca de la complicidad política e institucional del aparato estatal con las salidas o ‘soluciones’ para-judiciales. La generalización de esta ‘doctrina’ lleva, como por un tubo, a la organización de milicias, como ocurre en Brasil y ahora en Portland, EEUU, para remediar los límites del poder judicial y del estado (¿de derecho?).
En la polémica de las redes sociales, no faltan los izquierdistas que asimilan la conducta del jubilado a la autoorganización o de armamento popular, en este caso, frente a la descomposición social “generada por el capitalismo”. Pero esta “autoorganización” no tiene nada que ver con una lucha contra el Estado, que es responsable de esa descomposición. Es sólo un llamado a una batalla campal entre explotados, que no conduce, obviamente, a ningún “poder popular”. Un cuadro de este tipo lleva al reforzamiento represivo del Estado, de nuevo a las ‘milicias’ de los hijos de Bolsonaro o de las unidades anti-terroristas que combaten la inmigración ilegal en Estados Unidos. El lumpen, por cierto, es un desclasado. Pero la transición a la revolución social no se forja en la lucha contra ellos, sino en el combate contra el capital y el Estado.
El ‘debate’ sobre este asunto se enmarca en otro de carácter político, dentro mismo del gobierno. Se trata de la ‘previsión’ de unos y otros acerca de la inminencia de “un estallido social” enseguida después del desconfinamiento. Por eso, en un medio de una hambruna generalizada, Kicillof ha dado prioridad ($11 mil millones) al reequipamiento policial. El estado policial que no apareció, como pronosticaron algunos gurkas de derecha e izquierda, como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena, sería necesario para el desconfinamiento y la ‘pospandemia’. El relato del delito cometido en Quilmes está guionado por el propósito de preparar un estado policial. Los partidarios de esta salida son precisamente quienes atribuyen los delitos corrientes y subsiguientes a que la cuarentena habilitó la salida de presos en las cárceles, una decisión tomada en función de resoluciones humanitarias internacionales.
Garantismo
Del otro lado de esta grieta, vemos también a un pseudo progresismo que asimila la “inseguridad” a una “sensación”, y encubre la degradación social que causa la decadencia capitalista, que se ha agravado con la gestión capitalista de la pandemia. En una Argentina con 40% de precarización laboral y casi 50% de pobreza, el gobierno “arregló” la cuarentena con una IFE de 10 mil pesos (que se irá extinguiendo al compás del levantamiento de la cuarentena), con jubilaciones “desindexadas”, suspensiones fabriles con reducciones salariales y despidos. Todo este escenario agrava la penuria de alimentos en los barrios. La fracción más desesperada de la juventud y de los explotados está siendo arrastrada al delito, bajo la supervisión estricta de los punteros políticos que los usan. Los que explotan esa desesperación, desde las mafias capitalistas, punteros, redes de trata o fuerzas de “seguridad”, nunca van al banquillo. En este cuadro se comprende la cadena de casos de zonas liberadas, gatillo fácil, desapariciones y abusos policiales. La ‘liberación’ del barrio del jubilado, es usada por los Berni para justificar la ejecución de un delincuente, que probablemente opera para los mismos que condenan. “La maldita policía", que libera una zona en Quilmes dando lugar a que una persona sea asaltada tres veces en una misma noche, es la misma fuerza sospechada por la desaparición de Facundo Castro.
La inseguridad popular, por lo tanto, exige por sobre todas las cosas una lucha organizada contra el Estado, o sea, una lucha de carácter político. Como toda acción política, plantea un abordaje y un programa integral, para terminar con los despidos y suspensiones; asegurar un subsidio al desocupado que cubra la canasta familiar, y un plan especial de becas y capacitación para la juventud, bajo el control de las organizaciones obreras; la autoorganización vecinal debe combatir la ‘inseguridad’, luchando contra el Estado capitalista y sus instrumentos de represión.
El estado y el capitalismo – son responsables.
