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Colombia vive una fractura del régimen narco-paramilitar liderado por el uribista Duque. Es el segundo paro de 24 horas que viven los colombianos tras la movilización del pasado 21 de noviembre –que fue continuado con 6 días de paros. Ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín (históricamente dominadas por el uribismo), se paralizaron. Por la resistencia de las jornadas de protestas, Duque anunció la incorporación de tres días sin IVA al año para que las familias y empresas puedan realizar compras, una echada de lastre que no soluciona la crisis de régimen colombiana. Aunque la mayoría de los analistas decían que se apaciguaría la situación, “una semana después las protestas y enfrentamientos con la policía han sido diarios” (lavanguardia, 28/11). Los acuerdos de paz fueron bañados en sangre (casi 800 muertos desde 2016), incluidos bombardeos sobre niños indefensos. Las protestas en las regiones de conflicto armado, donde se produjeron 210 mil desplazamientos campesinos desde el acuerdo de paz (2016) y los más de 7 millones de desplazados en décadas de conflicto armado (en niveles que se ubican sólo detrás de Siria), muestran la crisis de un régimen de acumulación de “bueyes” y “balas”.
El “paquetazo” de Duque constaba de privatizaciones del petróleo, el sistema de jubilaciones, un impuestazo y la reducción del salario de los jóvenes al 75% del mínimo (Link de https://politicaobrera.com/internacionales/186-huelga-general-en-colombia). La huelga general del 21N, inédita en la historia reciente del país, dejó 4 muertos y centenares de heridos, y al país en estado de sitio y militarizado. El asesinato por la espalda a Dilan Cruz, un joven estudiante de 18 años, por parte del tenebroso ESMAD (policía antimotines), generó el repudio de la sociedad. Las negociaciones luego de la huelga fracasaron y el 27 se lanzó otra Huelga General, en donde los convocantes dijeron que de no ser oídos pedirían la renuncia de Duque, o sea, una huelga política de masas que plantea el problema del poder. Uno de esos reclamos es la disolución de la ESMAD y la “depuración” de la Policía, levantado con fuerza por los estudiantes junto a la gratuidad del sistema educativo en todos sus niveles.
Otras demandas del Comité Nacional del Paro son: derogación del holding financiero, un grupo estatal que pretende agrupar empresas para privatizarlas, rechazo a la reforma de pensiones, impositiva, no poner en marcha nuevas reformas laborales y la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2016 (laopinion, 27/11). Sin embargo, el mismo lunes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, formalizó la creación del holding financiero. Diógenes Orejuela, presidente de la CUT, respondió: “Nos parece una ofensa que, en medio de las movilizaciones, Carrasquilla haya tomado esa decisión” (ídem), y aseguró que no se levantarán de la mesa de negociaciones. La mesa de negociaciones del gobierno no logró desmovilizar a las masas. Por primera vez en la historia de Colombia se realizan cacerolazos, impulsados por la CUT y las organizaciones sociales. Los “piquetes” y las “cacerolas” no son dos reclamos separados, sino que expresan la tendencia a la unidad de las clases medias con las reivindicaciones obreras y populares. En ese marco también se intervendrá en el 1D, el cacerolazo latinoamericano (de México a Chile) contra la represión Estatal.
Además, En el marco de las protestas en contra del presidente Iván Duque, movimientos sociales de Colombia se reunieron este sábado para la realización de asambleas populares, para organizar un plan de lucha coordinado (telesur, 30/11). Esto expresa un salto en la deliberación popular y en la coordinación de las luchas.
