Panamá: el gobierno de Mulino desmonta los piquetes en Bocas de Toro con un Estado policial

Escribe Joaquín Antúnez

1.500 efectivos movilizados y suspensión de garantías constitucionales.

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Las protestas iniciadas en marzo de este año contra el paquete de reformas a las pensiones impulsado por el gobierno de José Raúl Mulino, que fueron extendiéndose en su intensidad -principalmente en la turística provincia de Bocas de Toro - fueron ferozmente reprimidas tras 10 días de operativos militares-policiales. El gobierno habilitó mediante un decreto la “Operación Omega” que suspendía garantías constitucionales mínimas como el derecho a reunión, manifestación y retiraba la obligación de contar con una orden judicial para proceder a realizar allanamientos y detenciones. Solo bastaba con ser considerado sospechoso de estar en los piquetes.

El gobierno había decidido apuntalar la represión con diversas convocatorias al diálogo con el fin de dividir y romper el gran movimiento de lucha que había acabado por involucrar a docentes, trabajadores de la empresa bananera Chiquita -el nombre actual de la United Fruit Company, que en el pasado organizó golpes de Estado y asesinó a un millar de trabajadores en huelga- así como organizaciones ambientalistas y pueblos originarios.

Esta maniobra había sido utilizada por Mulino en el pasado, en las masivas movilizaciones de 2022, para luego desconocer los acuerdos una vez desarmadas las protestas. En esta ocasión, los trabajadores rechazaron todo diálogo, principalmente los docentes y pobladores de Bocas de Toro, puesto que no estaba en las consideraciones del gobierno retroceder con la reforma de pensiones ni un aumento salarial; ni hablar de detener la voracidad capitalista sobre el ambiente de la provincia número uno de turismo.

El único quiebre que ha logrado el gobierno es el de los trabajadores de las empresas bananeras, puesto que se aprobó en el Congreso una ley de régimen laboral especial, reclamada hace tiempo por los sindicatos del sector. Sin embargo, las protestas iniciaron en contra de la reforma de pensiones, que sigue vigente.

Esta reforma modifica los años de aportes y la manera en que se financia el sistema de pensiones, que pone los aportes de los trabajadores a trabajar en la bolsa tomando como base bonos del tesoro panameño y estadounidense. De esta manera, los trabajadores sostienen la línea de flotación de la deuda pública en beneficio del capital financiero y desconocen cuál será el monto de sus jubilaciones. No debe sorprender el apoyo cerrado que Trump y el capital financiero depositan en Mulino. Actualmente, Panamá cuenta con una de las edades más baja para el retiro laboral: 62 para hombres y 57 para mujeres.

Ese llamado al diálogo fue abandonado por el gobierno y dio paso a la “Operación Omega”, el resultado ha sido la detención de más de 400 manifestantes, la muerte en circunstancias desconocidas de un civil y 14 policías heridos. La población ha llegado a atacar a policías fuera de servicio. El odio contra la represión y el gobierno se ha expandido en una solidaridad a los manifestantes. El gobierno buscó que la población que no participaba de los piquetes denuncie a sus vecinos, lo que nunca sucedió. Los cortes de ruta habían obligado a ingresar alimentos y otras necesidades básicas por vía aérea.

El gobierno se ha visto golpeado por su política represiva. Las movilizaciones en la capital han tenido lugar en las primeras semanas en rechazo a los dispositivos represivos. Esta nueva ola se ha concentrado en Bocas de Toro y se esperan juicios y sentencias ejemplificadoras contra los manifestantes. El gobierno ha llegado a inventar delitos ecológicos, encubriendo el desmonte que su gobierno avala de especies en peligro de extinción.

Mulino está obligado a garantizar cierta estabilidad si pretende posicionarse con algún interés propio en la disputa internacional entre Estados Unidos y China, que se debaten sobre los derechos de puerto, circulación y retribución del Canal de Panamá. Su nulo apoyo popular lo expone a un recambio político. La guerra imperialista ocupa un lugar central en el desarrollo de la política panameña con una mayor dureza a medida que crecen los choques y tensiones en el nuevo diseño internacional que propone Trump para América Latina y el Caribe.

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