El ejército de Estados Unidos desembarca en Panamá

Trump amenazó en diciembre pasado con recuperar el canal de Panamá y está cumpliendo. Ha logrado que se pusiera fin a los acuerdos con China, aunque todavía no se ha firmado la venta de 23 puertos a un consorcio liderado por BlackRock que incluye a los puertos ubicados a ambos lados del Canal. El gobierno de China está presionando al consorcio de Hong Kong, Hutchison, a que revea la carta de intención de la venta.

Pero el último 10 de abril, Trump dio el zarpazo, al imponer la autorización a Panamá de la instalacion de bases para militares norteamericanas en la zona.

De acuerdo al memorando firmado por el gobierno de Mulino, Panamá habilita, por un plazo inicial de tres años -renovables- el despliegue de militares y contratistas norteamericanos en territorio nacional panameño, en particular en la geoestratégica zona del Canal. “Contratistas” es un eufemismo para referirse a los mercenarios de las compañías de seguridad privada. La infraestructura comprendida en el acuerdo incluye al Aeropuerto Internacional y varias instalaciones militares como bases aéreas, navales, aeronavales, y edificios costeros. Algunas organizaciones anticipan que los panameños van a tener vedado el acceso a algunas playas, algo que ya pasó durante la ocupación norteamericana anterior.

El memorándum permite que buques de guerra estadounidenses transiten por el Canal sin autorización previa ni restricciones de ningún tipo, le otorga un trato preferencial y un privilegio militar a los Estados Unidos que echa por tierra la neutralidad del país y da permiso a Trump para intervenir en las telecomunicaciones y la ciberseguridad de Panamá.

El documento también establece que, si “ocurre un accidente” con el personal norteamericano, la autoridad encargada de dirimir cualquier conflicto sea la Secretaría de Defensa estadounidense, no la justicia local, lo que equivale a inmunidad e impunidad y socava la soberanía panameña.

El acuerdo se implementó de inmediato y ya hay en el istmo una compañía de la Marina estadounidense, dos patrulleros de la guardia costera y aviones F18 que ocupan el Aeropuerto Internacional Pacífico.

El documento está plagado de eufemismos como “ubicaciones autorizadas”, e “instalaciones de seguridad” para evitar hablar de “bases militares” y “ocupación militar permanente” a pedido del Presidente Mulino, quien, según sus propias palabras, teme que se “prenda fuego el país”.

Peter Hegseth, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, se jactó ante Trump de que “Hemos trasladado a muchas tropas a Panamá y hemos ocupado algunas zonas que ya no teníamos, pero ahora sí", en referencia a los lugares que controlaban antes de 1999.

Además, en la versión en inglés de la declaración conjunta emitida por ambos países, el gobierno estadounidense decidió omitir la parte en que reconocía “la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes".

Así, Trump y sus personeros torpedean todos los intentos de Mulino por ocultar la entrega y la violacion flagrante de la Constitución panameña.

De momento, no hubo todavía una respuesta popular ante estos hechos pero la lucha por la soberanía está presente en la conciencia colectiva. La soberanía del Canal fue la principal reivindicación popular y nacional histórica, la cual fue defendida en las calles y cobró sangre de trabajadores y estudiantes.

Estados Unidos tuvo el control del canal desde su creación hasta 1999 y, en 1989, invadió el país centroamericano para capturar al entonces dictador Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico. En la invasión fueron asesinados más de 5.000 panameños, por lo cual el sentimiento antinorteamericano no es mero material de slogan en en el país.

Sin embargo, para Trump y su guerra comercial, el control del canal es igualmente crucial. El 40 % del tráfico estadounidense que navega por el mundo atraviesa el canal.

El fascista del norte pretende el paso gratuito o subsidiado de sus mercantes, pero eso haría insolvente al canal, ya que la mayor parte del tránsito es yanqui. Un sólo buque tipo Neopanamax puede pagar hasta 1.5 millones de dólares por atravesar el paso bioceánico, y los ingresos derivados del Canal representan el 23 % de los ingresos anuales del país centroamericano.

Además de toda la injerencia imperialista ya mencionada, Mulino acaba de implantar una segunda “Guantánamo” en la selva del Darién, donde son llevados los inmigrantes deportados de Estados Unidos; está a punto de reactivar la mina de cobre Panamá -que había sido cerrada por el reclamo popular contra la contaminación- con capitales mixtos; y acaba de aprobar una reforma previsional a la medida de la motosierra.

Es un verdadero plan de guerra contra los trabajadores de Panamá que los encorseta en un estatus colonial. Como ensayo, es el ejemplo actual más acabado de ocupación militar en un país soberano de América Latina -dejando de lado Haití- si bien Trump viene avanzando con la excusa de la guerra al narcotráfico y con el eufemismo siempre presente de “operaciones conjuntas”.

Esto profundiza en exceso una senda que ya estaba trazada en Panamá por 20 acuerdos bilaterales anteriores, firmados por diferentes gobiernos.

Por eso, la lucha por la soberanía panameña solo puede llegar a la victoria si es parte de la lucha independiente de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida.