Congelan el salario de los docentes

Escribe Mariano Hermida

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El gobierno nacional y los sindicatos docentes acordaron por “unanimidad” dar por finalizada la paritaria nacional docente hasta fin de año.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, encabezó una reunión virtual en la que las cinco entidades gremiales docentes con representación nacional -Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET- y las 24 jurisdicciones educativas del país aprobaron la continuidad del pago de un monto ahora denominado "Fonid-suma extraordinaria covid-19". Se trata de $4.840, que se cobrarán en cuatro cuotas de $1.210 cada una, a cobrarse en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre respectivamente. Es decir, $40 por día.

Los voceros del gobierno que presentan esto como un “aumento” simplemente estafan a la opinión pública. Bien mirado, se trata de un ajuste. En primer lugar, porque se trata de una suma que los docentes ya venían cobrando desde principios de año. No habrá más “plata en el bolsillo de la gente”. Y segundo, porque esas sumas, se verán absorbidas por la inflación. A pesar de tener las tarifas de los servicios públicos congeladas y una recesión que raja las paredes, la inflación en el mes de junio fue de 2,2%. Se proyecta que la suba de precios para todo el año se ubica alrededor del 35%. Las sumas “fijas”, como ya saben los docentes, achatan la pirámide salarial porque no impactan sobre el salario básico, no corren para antigüedad, ni ruralidad. Tampoco lo cobrarán los jubilados.

De espaldas a los docentes

Los gremios docentes, como de costumbre, pusieron el “gancho” al acuerdo, sin el mandato de sus afiliados, que se enteraron por TV de las “novedades”. Hasta salieron a justificar el congelamiento salarial: "Sabemos que es poco, sabemos que no es todo lo que necesitamos, pero entendemos que estamos viviendo en una situación muy difícil en el marco de la pandemia”, dijo Sonia Alesso, de CTERA, a Página/12 (25/7). Pero es al revés. Justamente, como la situación económica “es muy difícil”, los trabajadores necesitan (más que nunca) un salario acorde a la canasta familiar, no aceptar congelamientos salariales, para defender sus condiciones de vida y la salud de sus familias. El gobierno, sin embargo, se encuentra subsidiando en forma millonaria a las patronales y se cansa de elevar la siempre “última oferta” a los bonistas de la deuda externa, que reclaman una reforma previsional como garantía de pago. En realidad, lo que queda de manifiesto son los límites insalvables que presenta una dirección sindical que se integra al Estado y por ello, no puede defender consecuentemente a sus representados.

En el acta firmada, quedó sin resolución el cumplimiento de los acuerdos paritarios de CABA, Santa Fe y Chubut, que los respectivos gobiernos no están respetando.

Por otro lado, el ministro Trotta señaló que la reunión sirvió para “dar un paso más en la construcción colectiva de consensos para el regreso seguro a las aulas”, cuando atravesamos el peor momento de la pandemia. Este “consenso” sin embargo, se encuentra en crisis. El protocolo de “vuelta a clases” está siendo repudiado en todo el país por docentes, alumnos y la propia comunidad educativa que lo ven como una verdadera ficción, cuando se contrasta con la realidad de los edificios escolares y las condiciones de infraestructura, seguridad e higiene.

Las seccionales combativas y agrupaciones antiburocráticas de los gremios docentes, deben impulsar el rechazo al acuerdo entre las direcciones sindicales y el gobierno, sobre la base de motorizar asambleas y plenarios de delegados con mandatos de escuelas.

La reapertura de la paritaria salarial para pelear por un salario que cubra el costo de la canasta familiar y una cláusula de actualización por inflación, debe formar parte de las principales reivindicaciones de los trabajadores de la educación, que se encuentran en lucha en numerosas provincias del país.

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