Este 31 de julio: ¡Fuera Piñera, asesino de la clase obrera y mutilador de la juventud!

El manejo del gobierno pinochetista de Piñera de los grandes acontecimientos ocurridos en el país ha tenido una serie de repercusiones, algunas de ellas legales. Los atropellos a los derechos humanos por parte del gobierno durante la rebelión popular, y el abandono al que sometió a la población en el recorrido de la pandemia, han provocado una ola de querellas en su contra. Algunas son las siguientes.

El 4 de noviembre de 2019, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella que interpusieron, de conjunto, 16 abogados y abogadas de la Defensoría Popular, del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y de la Cooperativa Jurídica por 9 crímenes de lesa humanidad y genocidio por parte de Piñera, en los que se cuentan homicidios, torturas y apremios ilegítimos físicos, mentales y sexuales, así como también mutilaciones, como evidenciaron más de 300 casos, en su mayoría de jóvenes luchadoras y luchadores, que sufrieron la pérdida de alguno de sus ojos por parte de la policía -siendo el de Gustavo Gatica uno de los más estremecedores al tratarse de ambos.

Luego, el 17 de diciembre de 2019, el mismo Juzgado admitió otra querella por delitos de lesa humanidad que interpuso el senador de centroizquierda Navarro (PPD) en contra de Piñera, por los mismos crímenes anteriores -que tipifica como de lesa humanidad, genocidio y delitos de guerra.

Posteriormente, el 22 de junio, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella que busca establecer las responsabilidades penales de Piñera, del exministro de Salud, Mañalich, y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, en la muerte de 62 vecinos de Recoleta por Covid-19, interpuesta por el "presidenciable" y alcalde de la comuna, Daniel Jadue (PC).

Después, el 9 de julio, nuevamente el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella que incluye 6 delitos -entre ellos cuasidelito de homicidio- interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS) contra Piñera, Mañalich y Zúñiga; las organizaciones acusan "descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la vida y a la salud de la población, negligencia que ha tenido como resultado el fallecimiento de más de 10 mil personas producto de Covid-19"; sostienen que luego de la "nueva normalidad", la curva de contagios se tornó incontrolable y el colapso de la red asistencial, catastrófico".

Últimamente, el 29 de julio, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible otra querella por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino interpuesta por la Concejala de Conchalí, Grace Arcos (PC), contra Piñera, Mañalich, Zúñiga, Paula Daza, subsecretaria de Salud, y "contra quien resulte responsable por las 20 muertes que aquí denunciamos" -añadió Arcos.

Este es un botón de muestra del amplio prontuario delictivo de Piñera y su gobierno; no hemos dado cuenta siquiera de las inmunerables querellas contra las FF.AA y Carabineros como los ejecutores materiales de su política ultrarreaccionaria. Por supuesto, Piñera guardará silencio respecto a esto en su "cuenta pública" anual -cuyo discurso da hoy en el congreso-, como también ocultará los miles prisioneros y prisioneras políticas que hacina en sus cárceles pinochetistas. Seguramente, tampoco dirá nada sobre las cientos -o quizá miles- de muertes por covid-19 que hasta aquí ha ocultado.

El gobierno se encuentra debilitado y la profundidad de su crisis política es enorme; aunque con cambios de gabinete y discursos pretenda demostrar lo contrario, Piñera necesita reagrupar fuerzas que no tiene de cara a octubre y los combates que se avecinan.

La clase obrera debe asimilar lo anterior y tomar la iniciativa. Acercándonos al inevitable triunfo del apruebo como opción de las masas respecto del plebiscito, este 31 de julio, debemos impulsar una gran campaña para que Piñera, Chadwick, Mañalich y todos los asesinos y torturadores de la clase obrera y su juventud, paguen por los crímenes que han cometido, y pujar para construir el congreso de las y los trabajadores y la asamblea popular nacional como expresiones mayores de poder dual.

Hoy salimos a luchar para que los culpables paguen con cárcel comun, y por juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de todas las afrontas. Asimismo, la clase obrera y sus organizaciones políticas y sociales deben multiplicar más que nunca la lucha por la libertad de todos y todas las prisioneras políticas de la rebelión, a los anteriores, y a las y los prisioneros políticos mapuches -en especial al machi Celestino Córdova, que mañana cumple 90 días en huelga de hambre por la causa mapuche.

La Constituyente Libre y Soberana -que las masas paso a paso se aprestan a conquistar- abrirá el camino a la posibilidad de que imponga su propio concepto de "justicia" y, en un sentido histórico, de clase, el gobierno de la clase trabajadora lo consolidará y recorrerá hasta el final.