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El presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante su discurso en el Parlamento en ocasión de las celebraciones del 199 aniversario de la independencia, llamó a los partidos de oposición a forjar un pacto político (Pacto Perú) para evitar “pugnas en medio de la crisis por el COVID-19”, en vistas de las próximas elecciones. Este pacto político se trataría de “acuerdos básicos para mejorar el sistema de salud y educación en crisis, la reactivación económica, la reforma política y la reducción de la pobreza” (Reuters, 28/07).
El discurso presidencial se desarrolla en un cuadro de crisis política en Perú, donde el coronavirus está haciendo estragos. En primer lugar, el presidente y su gabinete vienen de sufrir un revés debido a que el Congreso aprobó, hace unas semanas, una norma que retira la inmunidad a todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, en una maniobra que ya ha sido catalogada como “inconstitucional” por varios juristas. El parlamento exhibe una alta fragmentación política luego de las elecciones de principio de año (la fuerza política más votada, la derechista Acción Popular, no llegó ni al 11 por ciento de los votos), pero parece tomar revancha de las acusaciones hacia varios de sus “líderes” políticos en la causa Odebrecht, la que desencadenó la salida anticipada del presidente anterior. El Parlamento intenta sentar las bases “legales”, aunque muy precarias por el momento, para desarrollar un golpe contra “el presidente sin partido”. Vizcarra cuenta con el apoyo del mando militar, de la policía y de un sector mayoritario de la población (cayendo 5 % en el último mes, según Reuters, 15/07).
En segundo lugar, el “Pacto Perú” tuvo antesala con el recambio, por derecha, de la mayoría del gabinete presidencial. El gobierno pasa de tener, con el gabinete anterior, “una autonomía relativa frente a las presiones empresariales”, a buscar una alianza con los empresarios. En este nuevo gabinete hay representantes directos del empresariado, como el ministro de Trabajo, que es abogado de un estudio que defiende a las empresas, y el de Energía y Minas, ligado al empresariado minero. “Con este cambio ministerial Vizcarra ha roto con la poca vinculación que tenía con sectores de izquierda y de centro, con Zamora y Zeballos. La prueba de eso va a ser si Perú vota por el candidato de Trump a la presidencia del BID” (Página/12).
Perú, con cerca de 19.000 muertos por COVID-19, es el segundo país de la región con más casos positivos de la región, luego de Brasil. El cambio de gabinete incluyó la salida del actual ministro de Salud - el segundo en lo que va de la pandemia). En las ciudades, los familiares de los infectados forman colas desde la madrugada para comprar oxígeno y se profundiza el déficit de camas de terapia intensiva en los hospitales públicos. La enfermedad, que afectaba desde inicios de mayo a comunidades de la Amazonia norte ha llegado en julio al pueblo indígena Nahua donde escasea el servicio hospitalario, señalan los medios locales.
El desarrollo de la cuarentena encontró a los trabajadores en enormes combates. La Federación Médica peruana llevó adelante hace un mes una huelga nacional de 48 horas por la falta de cobro y equipos de protección y testeos para los trabajadores de la salud. El 9 de junio los portuarios de “APM Terminals” en Callao iniciaron una huelga por contagio de más de una veintena de portuarios con Covid-19, lo que derivó en el fallecimiento de, al menos, tres personas. Siguen las asambleas y paros de los trabajadores mineros (Chinalco, Marsa, etc) por los protocolos contra el Covid-19.
El impasse que se ha desarrollado en Perú, que tiene su expresión en los choques entre el parlamento y el ejecutivo, y el llamamiento a la “unidad política” del presidente en último discurso son el emergente de la crisis política de la burguesía abierta por el escándalo de corrupción que se cobró la caída de un presidente, el cierre total del parlamento y, recientemente, la salida de medio gabinete presidencial. En un cuadro de derrumbe de los partidos políticos, la crisis sanitaria abre una oportunidad histórica para desarrollar la preparación política de los trabajadores bajo un programa de independencia de clase.
