Chile: desalojo de los comuneros mapuches, el plan de guerra de Piñera-Pérez en la Araucanía

Escriben Marco Antonio y Fran Nuñez

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A días del cambio de gabinete que puso al pinochetista Víctor Pérez Varela (UDI) en el Ministerio del Interior y de una cuenta pública que desfiló millones de pesos para la asistencia social focalizada, el rescate al capital y el fortalecimiento de los aparatos represivos frente a la crisis social y política, el régimen comenzó a re-operar el plan de guerra del gobierno, los empresarios y el fascismo para “recuperar la araucanía”, frenar “el terrorismo”, reforzar la represión a las comunidades mapuches y militarizar el Wallmapu.

Los asesinatos de Camilo Catrillanca en 2018 y Alejandro Treuquil en junio de este año; los montajes y testigos falsos; el despliegue de más unidades militares y policiales al sur; la junta de Pérez Varela con empresarios forestales y latifundistas, además de su negativa a reconocer la existencia de prisioneras y prisioneros políticos mapuche y, con ello, negarles la petición de cambio a arresto domiciliario mientras dure la crisis covid-19 y el cumplimiento de lo establecido en el convenio 169 de la OIT, son la expresión política de la escalada represiva de un régimen que sólo puede seguir “pacificando” la zona por la vía de la violencia y la represión estatal; así como durante la rebelión popular alentó la conformación de grupos de choque fascistas para golpear a los manifestantes, hoy las induce para combatir a los mapuches.

En ese cuadro, la toma de 7 municipalidades en la Región de la Araucanía por parte de las y los comuneros que levantaron los reclamos por la libertad de los 11 prisioneros políticos mapuches encarcelados vía montajes policiales, y por el grave estado de salud que aqueja al machi Celestino Córdova -quién lleva más de 90 días de huelga de hambre resistiendo por el cambio de medidas cautelares-, desembocó en que la noche de este sábado, en pleno toque de queda y bajo la absoluta complicidad de la policía que permitió el linchamiento, al grito de “¡Indios culiaos!, ¡El que no salta es mapuche!, ¡Querían terrorismo, acá tienen terrorismo!”, una turba de civiles facho-racistas organizados por la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA) irrumpió en la toma de la municipalidad de Curacautín, con la finalidad de desalojar a las comunidades mapuches y declarar la Araucanía como “zona de terrorismo”.

Así, amparados por la polícía e instados por el Ministro del Interior y la Intendencia de la Araucanía -que no lograron acuerdos con los alcaldes por “una salida pacífica” al conflicto-, a punta de piedras, elementos cortopunzantes, palos y quemandoe 2 camionetas de propiedad de los comuneros, el grupo procedió al desalojo violento de la toma. El ataque coordinado a las organizaciones mapuches que resistieron las tomas de cinco de las dependencias municipales, dejó cerca de 20 detenidos -muchos de ellos golpeados por la turba. Los hechos también se replicaron en las comunas de Ercilla, Victoria y Traiguén.

Mientras que por un lado el gobierno otorga el indulto a los militares pinochetistas encarcelados en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, por otro niega la existencia de los prisioneros políticos mapuches, oculta los miles de prisioneras y prisioneros políticos de la rebelión popular de octubre -entre ellos muchos menores de edad-, y alienta la acción organizada de grupos de civiles de ultraderecha con el beneplácito de los aparatos represivos.

Durante las últimas décadas, el régimen pinochetista ha acentuado la usurpación de tierras indígenas por parte de los capitalistas interesados en la especulación inmobiliaria y en la explotación de bosques, recursos minerales y agua dulce; la represión estatal y paraestatal sobre las comunidades ha sido efectuada en complicidad con todos los gobiernos de la centro izquierda y derecha que han echado mano a la Ley Antiterrorista del Pinochetismo para justificar la persecución y detención de quienes históricamente han reclamado sus territorios y autonomía territorial. En la misma línea pactaron “el acuerdo por la paz y nueva constitución”, cuyo canje fue la aprobación de una serie de leyes contra la protesta.

Frente a la avanzada de la represión redoblemos la movilización por la libertad de todos los prisioneros políticos mapuches y de la rebelión popular de octubre; hay que forjar una unidad invencible entre la clase obrera y el pueblo mapuche para exigir la derogación de la Ley Antiterrorista -que permite la militarización del Wallmapu-, por la restitución y autodeterminación de los territorios ancestrales de las comunidades en resistencia, por el Fuera Piñera, y por una Asamblea Constituyente libre y soberana que ponga fin a la barbarie capitalista.

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