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Bolivia comenzó la semana con una huelga general por tiempo indeterminado. Fue en respuesta a la postergación de las elecciones por tercera vez. Éstaban previstas para el 3 de mayo y luego para el 6 de septiembre. Organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y sindicales anunciaron una huelga general por tiempo indeterminado que comenzó el lunes.
El presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó el domingo que no se cambiará el 18 de octubre como fecha electoral: “La fecha está fijada; el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales estamos encaminando todos nuestros esfuerzos para la organización de la jornada de votación del domingo 18 de octubre, la decisión ya ha sido adoptada por la sala plena” (xinhuanet, 4/8). El aplazo se hace sin la aprobación de una ley.
La huelga general y los cortes de rutas comenzaron el lunes pasado en todo el país, bajo el comando de la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas. Las protestas también denuncian el mal manejo de la situación sanitaria producida por el Covid-19 y la ausencia de una política centralizada para hacer frente a la pandemia. Los bloqueos se llevaron a cabo en cinco de los nueve departamentos del país, que obligaron a suspender los viajes por carretera entre las ciudades principales, incluidas La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este). Las organizaciones de la ciudad de El Alto anunciaron para las primeras horas de este lunes 3 de agosto, el bloqueo de las mil esquinas, que paralizaron la ciudad de La Paz. En Cochabamba también hay bloqueos y barricadas en calles y accesos que mantienen paralizada la ciudad, y hay un alto acatamiento al paro. Sectores fabriles, mineros, campesinos y gremiales, entre otros, garantizaron las medidas de la COB.
El lunes se registraron más de 50 cortes en las principales rutas y accesos a las ciudades más importantes del país. Las medidas de fuerza las organizaron la COB y organizaciones nucleadas en el “Pacto de Unidad” fueron escalando y hasta el momento “hay 75 puntos de bloqueo de carreteras en todo el país” (periodismopopular, 4/8). Manifestantes consideran que fue bloqueado un 80% de las carreteras de caminos vecinales y provinciales, y esperan que en los próximos días se llegue al 100% de las carreteras bloqueadas en sectores rurales. Los bloqueos tienen un fuerte acatamiento en los pueblos originarios (anred, 3/8). El transporte está paralizado y en crisis: el 90% de los trasportistas tienen deudas con los bancos que no pueden pagar.
El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Vega, anunció que la decisión de las organizaciones es “seguir sumando” a las “protestas y no retroceder”. También se suman las FEJUVEs de las ciudades de El Alto y La Paz que pidieron a la población abastecerse de alimentos porque el bloqueo será total. Los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos y sus cuarenta cantones anunciaron el bloqueo de carreteras en toda su provincia y aledaños. Los campesinos de Chuquisaca, unificados en la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) y las centrales provinciales y subcentrales, anunciaron que se suman a las movilizaciones y cortes, en una conferencia de prensa realizada el martes, e iniciando bloqueos en ese departamento a partir de la madrugada del miércoles 5. Los indígenas acataron masivamente, sobre todo en las 20 provincias de El Alto.
El histórico dirigente indígena Felipe Quispe “El Mallku”, declaró que el bloqueo de caminos será total “las movilizaciones serán más contundentes y revolucionarias porque el gobierno se hizo la burla. Las elecciones debieron ser el 6 de septiembre, ya se está haciendo la burla con la población. Muy tarde quieren trancar el corral porque el burro ya está muerto dentro. Las cosas eran desde el primer día que estaba llegado la COVID-19” (xinhuanet, 4/8).
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi ratificó que la huelga no impediría un diálogo entre la COB y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debería realizarse para que exista un entendimiento y cesen las protestas (ídem).
En los cortes de la ciudad de El Alto y en la carretera Oruro-Potosí las Fuerzas Armadas ya reprimieron a los manifestantes, dejando varios heridos. Semanas atrás, el ministro de Gobierno de la dictadura, Arturo Murillo, declaró que tiene gases “para darles durante seis meses” a quienes protesten (ídem). El gobierno de facto anunció que denunciará penalmente a Juan Carlos Huarachi de la COB, a dirigentes de la federación Tropico, a la diputada Betty Yañiquez de MAS y a Evo Morales, entre otros. Se los acusa por supuestos delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir y otras figuras penales.
Murillo exigió que Romero y Mesa (candidato a presidente por Comunidad Ciudadana, segundo en las encuestas) “den la cara” frente a las protestas. Murillo declaró que “si no levantan los bloqueos, lo vamos a hacer nosotros” (ministerio de Gobierno, 4/8).
Las movilizaciones, bloqueos, piquetes paralizan Bolivia y reciben cada vez más apoyo popular. El Gobierno de Añez amenaza con represión y cárcel para líderes sindicales y políticos. Las masas tienen la iniciativa para derrotar al gobierno de facto por medio de la movilización política y decidir así su propio destino.
