Rodríguez Larreta bloquea el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE)

Escribe Olga Cristóbal

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Horacio Rodríguez Larreta dio esta semana un golpe violentísimo a los derechos de las mujeres en la Ciudad. No vetó la adhesión al protocolo de abortos no punibles del Ministerio de Salud nacional -votada en julio por la Legislatura- pero estableció limitantes suficientes para bloquear el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Tiempo de gestación

Larreta informó que se propone regular el tiempo de gestación durante el cual se puede interrumpir un embarazo. A su juicio (¿¿??) no deberá superar la semana 24. Es un retroceso de un siglo. El derecho a abortar por causales, consagrado por el Código Civil en el año 1921, no incluía “período gestacional”. Casi un siglo después, en 2012, el llamado Fallo FAL, tampoco. Por el contrario, ordenó no judicializar la práctica y que se redactaran protocolos para “remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”. Una nena que, como sucede con frecuencia, descubre su embarazo después de la semana 24, está obligada a parir, según el “ideario” de Rodríguez Larreta.

Objeción de conciencia institucional

El aplaudido protocolo ILE de Ginés González García admite la objeción individual, autoriza a los médicos a violar la ley en el nombre de dios y en perjuicio de las mujeres, las niñas y otras personas con capacidad de gestar. Ahora Larreta da un paso más y autoriza la objeción a instituciones completas, que a veces son la única de la zona.

Es gravísimo. En muchos lugares todas las instituciones sanitarias, incluido el hospital público, son controlados por el clero. Aunque un profesional se atreviera a practicar un aborto no punible, no tendría dónde hacerlo. La objeción de conciencia institucional también es una barrera eficaz contra las trabajadoras sindicalizadas. La desregulación de las obras sociales permitió a la burocracia sindical destruir los centros de atención de los gremios y desviar los aportes obreros para pagar convenios con prepagas. Así las cosas, la objeción de conciencia condena a las afiliadas a pedir una ILE en instituciones que se declararon uniformemente objetoras durante el debate parlamentario sobre el aborto legal.

La objeción de conciencia también es una amenaza contra los trabajadores de la salud precarizados, que pueden pagar con el despido desacatar la voluntad clerical de las direcciones hospitalarias.

Garantizar que la gestante tenga acceso a una “decisión informada”, como dice Larreta, significa que las mujeres, antes de abortar, estarán obligadas a soportar la cháchara de quienes le explicarán, más o menos diplomáticamente, que un aborto es un asesinato.

En paralelo, Rodríguez Larreta también anunció “un plan integral de prevención de embarazos no deseados, de acompañamiento a las madres durante el embarazo y de cuidado de los niños y niñas durante los primeros meses de vida”. A días de la muerte de una joven con un embarazo a término por falta de atención del SAME y, después, por falta de camas en el Hospital Fernández, el jefe de Gobierno se burla del movimiento de mujeres.

Larreta es un confeso pro vida, vocero de las exigencias de la Iglesia Católica y de la central evangélica ACIERA. Más patéticos son los esfuerzos autosatisfactorios del Frente de Todos. La presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura, Laura Velasco, por ejemplo, valoró que: “En principio es bueno que el Jefe de Gobierno respete la decisión del poder legislativo porteño y no vete la adhesión al protocolo nacional”. Lo que se dice conformarse con poco. O tener los abortos ilegales, pero seguros, garantizados.

La conquista del aborto legal es una necesidad imperiosa, que exige una total autonomía de los bloques patronales. El movimiento de mujeres debe distanciarse de un progresismo feminista que tienen más vasos comunicantes con el clero que con las trabajadoras. Las mujeres, en la primera línea contra la pandemia, en la primera línea contra el hambre, tenemos que fundir todas nuestras reivindicaciones en un único programa, en un frente común con las organizaciones de la clase trabajadora.

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