Defendamos una política clasista en la AGD

La dirección de la Naranja universitaria, integrante de la conducción de AGD, ha contestado rápida y falsamente el texto que compañeros docentes universitarios de la Tendencia del Partido Obrero redactamos días atrás. En ese texto, denunciamos que al menos una parte de la conducción del gremio se había asociado al reparto discrecional de los cargos remunerados destinados a pagarle a los docentes ah honorem, practicado por el Rectorado de la UBA. Recordemos que la conquista de dichos cargos fue el resultado de muchos años de reclamo por parte de la AGD y de la gran lucha docente de 2018, y también el principal argumento planteado por la conducción del gremio para acompañar la firma de la paritaria 2019.

La respuesta de la Naranja a nuestro texto abarca muchos puntos, pero esquiva la cuestión central que allí se plantea, a saber: ¿se asoció o no la directiva del gremio a la arbitrariedad en el reparto de los cargos con salario impuesto por el Rectorado? Sí, se asoció. Y vamos a reiterar y precisar por qué.

1.- La distribución original de las 875 rentas votada a principios de septiembre, constituyó una auténtica confiscación a la docencia que trabaja sin cobrar por parte del Rectorado y el Consejo Superior.

Las autoridades de la UBA repartieron 635 entre las distintas Facultades según las pautas del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y un cupo mínimo federativo de 15 rentas para cada facultad, lo que generó que algunas unidades académicas con cientos de ad honorem (como Sociales) sólo recibieran este mínimo. Se estableció que estos cargos deberían otorgarse a Ayudantes de Primera simple con al menos un año de antigüedad, a partir de los listados elevados posteriormente por cada Facultad. A su vez, el Rectorado se quedó con 240 cargos (¡conquistados por los docentes y los ad honorem junto a la AGD, no por el Rector!) para distribuir atendiendo a “situaciones particulares” y sin fijar criterio alguno respecto a la modalidad en que se haría, quedando claro desde el comienzo que procederían a un reparto discrecional en función de las presiones que cada sector fuera capaz de ejercer. Esta usurpación debería haber sido denunciada en todas las Facultades, con carteles, volantes, comunicados, etc., para su conocimiento y proponiendo su rechazo por parte de toda la docencia de la UBA. Pero no fue esto lo que ocurrió. El reparto del Rectorado sólo fue denunciado abiertamente por la AGD-Sociales, donde se constituyó desde comienzos de año una combativa comisión de docentes ad honorem, y donde se desarrolló una fuerte campaña por elevar la cantidad de rentas para esa Facultad. No ocurrió lo mismo en las otras Facultades de la UBA. Es más, a contramano del rechazo por parte de la AGD-Sociales, el consejero superior de la UJS oficial (hoy beneficiado en el reparto) votó a favor de esta distribución original que ya implicaba claramente una estafa del Rectorado.

2.- El empadronamiento de los ad honorem por parte de AGD debía cumplir una función de fiscalización de los listados presentados por las autoridades de cada unidad académica, garantizando así que no se adulteraran y se beneficiaran los allegados al Rectorado y sus agrupaciones. Esta fue la función que desempeñó el empadronamiento en 2006 y el motivo por el cual se lo impulsó este año. Este rol de fiscalización fue ejercido por la comisión de ad honorem de AGD-Sociales, poniendo de manifiesto irregularidades importantes en el listado de la gestión de Mera que fueron denunciadas y se buscó revertir. Sin embargo, en otras Facultades menos organizadas los padrones no cumplieron esta función. Es indudable que la menor organización en una u otra Facultad dificulta, efectivamente, el control. Pero es justamente la agitación y defensa de los principios justos la que permite revertirlo. Así se fortaleció la AGD durante 20 años. La antigüedad no es un capricho, es el único criterio objetivo que asegura que no haya discrecionalidad en el reparto. El método que se ha defendido en este caso -que privilegia a los empadronados del gremio- se ve reñido con el clasismo, divide al movimiento docente y empaña gravemente la independencia y transparencia que ha caracterizado a la AGD.

Allí donde las gestiones se negaron a mostrar los listados oficiales de ad honorem y los que presentarían al Rectorado, nuestra posición es que debería haberse planteado una campaña general del gremio dando a conocer la situación y exigiendo la publicación de los mismos. Esta campaña desde luego no la iban a hacer ni ADUBA ni FEDUBA que, hasta hace poco tiempo, negaban al igual que las gestiones la existencia misma de los ad honorem. La ausencia de una campaña de AGD en ese sentido, terminó desnaturalizando el empadronamiento llevado a cabo por el gremio en esas Facultades, que no fue utilizado para controlar a las gestiones y reclamar por la renta para los ad honorem más antiguos, sino para presionar por el ingreso de los activistas empadronados por la gremial.

3.- Pero lo más preocupante de todo, se vincula con la distribución de las 240 rentas a discreción, de las cuales hasta el momento se asignaron sólo 126. En el listado de asignaciones resuelto por el Consejo Superior el 27/11, aparece no sólo el listado trucho de 45 personas de Sociales (orquestado por el Rectorado y los sectores díscolos de la gestión de Sociales que rompieron con Mera), sino también la distribución en otras unidades académicas en donde se pone en evidencia que al menos una parte de la directiva de ADG (la Naranja oficial) privilegió el ingreso de algunos allegados directos que en varios casos revisten menor antigüedad que muchos otros docentes, cobran un salario por otros cargos o -en los casos más graves- ni siquiera eran docentes ad honorem de la UBA previamente. ¿Cómo llamar a esto? ¿Cómo calificarlo sino como una malversación de la lucha de años por terminar con la precarización y el trabajo gratuito en la docencia? En este marco, resulta llamativo el silencio de las otras organizaciones que componen la comisión directiva de AGD ante nuestro señalamiento, que no tiene que ver con “una interna del PO” sino con un problema gremial, que apunta contra un desvío de la trayectoria que históricamente ha caracterizado a la AGD en su disputa frente al Estado y las autoridades universitarias.

4.- A partir de esta práctica irregular, llevada a cabo en aquellos lugares donde, al decir de estos miembros de la directiva, “no funcionaba una organización del activismo”, se pretendió en determinado momento sumar a este criterio arbitrario al lugar donde sí funcionaba, o sea a la comisión ad honorem de Sociales, transmitiendo a sus integrantes el ofrecimiento por parte del Rectorado de un cierto número de rentas por fuera del listado trucho, para el activismo del gremio en esa Facultad. Esta propuesta fue rechazada por la comisión de Sociales, que en estos momentos continúa peleando para que se respete el listado de 108 elevado por la Facultad para asignar los 45 cargos otorgados y poder obtener su salario conforme a ese ordenamiento, que contempla -aunque no tan estrictamente como la comisión reclamó en su momento- el criterio de antigüedad, que es el criterio que históricamente hemos defendido desde la gremial para la asignación de los cargos remunerados. En otras palabras: mientras la comisión de Sociales rechazó el listado digitado, la dirección de la Naranja (PO oficial) aprovechó la ausencia de criterios en la distribución de las 240 impuesta por el Rectorado para facilitar el ingreso de algunos allegados en otras unidades académicas. Es falsa la afirmación de que se ha respetado la antigüedad de todos los docentes empadronados, sobre todo en los casos donde la antigüedad es nula, por la sencilla razón de que no se desempeñaban previamente como docentes de la UBA. De todas formas, lo correcto es reclamar al Rectorado que se publique la antigüedad y los cargos de todos los que figuran en ese listado de 126 -y en todo el listado de ad honorem incorporados a la planta transitoria- para esclarecer el asunto. Y si no lo hace, denunciarlo y convocar a los docentes a movilizarse por ello.

5.- Advertimos al conjunto de la docencia que el ofrecimiento de un “cupo” para los sindicatos representa una maniobra de cooptación por parte del Rectorado, que el clasismo antiburocrático debe rechazar sin vueltas. No le corresponde al gremio actuar como un mediador en la asignación de las conquistas arrancadas; éstas deben repartirse de acuerdo a un criterio justo y objetivo, que no enfrente a los trabajadores entre sí, y dicho criterio es la antigüedad en el ejercicio del cargo docente. Con cinismo, se nos dice que proponemos regalarle los cargos con salario al Rectorado. ¡De ninguna manera, por eso denunciamos desde el comienzo la confiscación que éste estaba llevando adelante! Pero si, a pesar del rechazo del gremio, el Rectorado nos “entregase” un número de cargos a repartir, el criterio de ese reparto no puede ser NUNCA que dichos cargos se asignen sin más a los “activistas” del movimiento. Lo que, llegado un caso semejante, planteamos que se debería hacer es convocar públicamente a todos los compañeros afectados y, en asamblea, decidir democráticamente cómo se asignarán los cargos con salario que fueron conquistados. Nosotros defenderíamos, en ese caso, el criterio de antigüedad que es el único compatible con una política clasista, que privilegia la solidaridad y los intereses del conjunto de los trabajadores. Los activistas luchan para toda su clase. Su principal “rédito” es el progreso en la conciencia y la organización de sus compañeros, como resultado de la lucha, las conquistas y los retrocesos parciales. Por eso, en lo que refiere a la distribución de los cargos remunerados, nuestro planteo es que la AGD debe ceñirse al criterio objetivo y de clase que históricamente defendió -la antigüedad.

Según parece, para quienes nos responden, deberíamos mantenernos en silencio respecto de los atropellos cometidos, para no beneficiar a nuestros enemigos y a la patronal. Es exactamente al revés. Sólo la difusión, clarificación y corrección de estos hechos pueden salvar a nuestra AGD del error de método que implica promover que reciban salario los empadronados del gremio o los allegados de cuño propio. De lo contrario, la izquierda universitaria, forjada en la lucha contra las camarillas y trenzas asociadas al Estado y sus partidos, terminaría convirtiéndose en otra trenza y otra rosca más. Peor aún, se nos acusa pérfidamente de atacar a la comisión de AGD-Sociales, cuando participamos de ella desde su surgimiento y hemos impulsado todas sus actividades. Por el contrario, defendemos la lucha consecuente que ha dado la comisión y llamamos a que se mantenga firme en su pelea por el reconocimiento del listado elaborado por la mesa ad hoc de Sociales con su participación.

Sobre la paritaria a la baja, firmada a cambio de un ingreso de ad honorem que ha devenido en lo que denunciamos ahora, ya lo hemos dicho todo, y en su momento. No vamos a entrar en el juego de distraernos del núcleo de nuestra denuncia actual.

Por todo lo dicho, reafirmamos el llamado a rechazar la adjudicación discrecional de las rentas y realizar la más amplia difusión, agitación, y deliberación en la docencia universitaria a través de asambleas, como poderosa herramienta de organización. Proponemos exigir al Rectorado la publicación del listado de todas las rentas otorgadas hasta ahora con la antigüedad y los cargos de cada uno de los nombramientos realizados. Reclamamos que este criterio se aplique también a las 114 rentas que faltan adjudicar.

Convocamos a movilizar el miércoles 11, a las 10 hs, al Rectorado juntos a la comisión ad honorem de Sociales.