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Los principales titulares del inicio de la semana sacudieron una vez más a la provincia con el caso de una niña de tan solo 12 años oriunda del departamento de Humahuaca, quién se encuentra atravesando un embarazo avanzado producto de un abuso sexual.
La niña y su progenitora se hicieron presentes en el hospital de la localidad por una dolencia que la menor sufría en la zona abdominal y al ser atendida, el personal de salud determinó que la niña atravesaba un embarazo de 29 semanas. Inmediatamente se dio alerta al fiscal regional para realizar las investigaciones pertinentes y la solicitud de realización de una cámara Gesell. A su vez, la madre de la niña manifestó desconocer previamente el estado de su hija por lo cual realizó una denuncia penal mientras internaban a la menor. Hasta el momento se desconoce sobre la detención del presunto autor del abuso sexual.
Según los medios que difundieron el caso destacaron que la ginecóloga que atendió a la niña diagnosticó que se encontraba en riesgo su vida y la del feto que se encontraría con una gestación de más de 7 meses. Por ello se dispuso el inmediato traslado al hospital materno infantil Héctor Quintana de la capital de la provincia.
Otra vez la tutela del clero sobre el estado
Sin embargo, los medios ahora informan que la policía y la justicia local prohibió el traslado con el mismo argumento que obliga a su realización: el embarazo de riesgo. Horas antes se conocieron audios de organizaciones anti derechos que advertían de su actuación para evitar el traslado y convencer a la madre de la niña para evitar la interrupción del embarazo. Cabe aclarar que la dirección del materno infantil y casi todo el equipo médico que lo integra son objetores de conciencia, incluido también el ministro de Salud Gustavo Bouhid, quien junto al gobernador Gerardo Morales fueron los garantes de la tortura a una niña de 11 años que obligaron a parir a principios del 2019 y quienes hoy son los principales responsables del colapso sanitario de la provincia. En la provincia los índices de embarazo adolescente y de contagios de enfermedades de transmisión sexual superan la media nacional dejando en evidencia que el Estado no garantiza la educación sexual integral ni protege a las niñas y jóvenes de los abusos recurrentes a la que están expuestas. La justicia también es parte de entre entramado clerical.
Desde el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero de Jujuy nos solidarizamos con la niña y su familia, a la vez que exigimos que se garantice la adecuada e inmediata atención médica y psicológica, como así también el juicio y castigo al o los responsables de este brutal ataque. Reclamamos que el Estado garantice la interrupción del embarazo, si así ella lo decide.
El cuadro de colapso sanitario por la atención a la pandemia no puede ser excusa para no garantizar el adecuado tratamiento que requiere este caso. Menos aún la injerencia clerical en las instituciones públicas.
