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Una vecina de Presidente Perón, a quién nombraremos CP para resguardar su integridad, después de años de soportar violencia por parte de quién es hoy su ex pareja, decidió hacer la denuncia ante la comisaría de la mujer. A raíz de esa denuncia se dictó la exclusión del hogar de su agresor y una perimetral. Pero, enseguida, la familia de su ex pareja comenzó a amenazarla. Por lo que CP tuvo que hacer una nueva denuncia, esta vez, contra la familia.
Dictada la perimetral contra el agresor y su familia, CP siguió sufriendo amenazas verbales, con armas y hasta violaron la perimetral entrando a su casa para llevarle sus pertenencias. Todo esto frente a la policía que observaba sin intervenir en ningún momento.
Como sucede en el resto del país cuando las mujeres se acercan a realizar denuncias contra violencia de género, CP no recibió ninguna respuesta por parte del estado.
Ante esto, un grupo de vecinas de CP se organizó junto a algunas de nuestras compañeras para acompañarla a la Comisaría de la Mujer y exigir una respuesta inmediata. Esta acción llevó a la atención de tres oficiales distintas que, una y otra vez, maltrataron a la víctima. Estuvimos casi cinco horas en la puerta de la comisaría, explicando desde cero cada vez que nos atendían y exigiendo a cada una de las interventoras que notifiquen a los agresores sobre las perimetrales y que ofrezcan alguna salida además de llamar al 911, que nunca responde. Durante esas horas, las respuestas fueron “que se vaya de la casa por unos días”, “que llame a emergencias”, “que corra a la comisaría de la mujer” si alguno de los agresores se presentaba. Todas estas incoherencias fueron rebatidas por las vecinas que estábamos allí, porque ante la inoperancia del Estado en las denuncias por violencia de género -muchas de las cuales terminan en femicidios-, es la víctima quien debe esconderse o salir a hacer la denuncia mientras su agresor la espera en la calle, mientras apenas puede garantizar el plato de comida en casa o tiene que trasladarse junto a sus hijos en horas de la noche, en calles inseguras y precarias.
En una lucha que recién empieza, las mujeres del barrio de CP han mostrado una impresionante organización en defensa de la integridad física de la vecina, contra la violencia y contra la violencia del Estado que otra vez muestra su cara tal cual es. Estas mujeres no solo ponen en riesgo sus vidas para defender a CP, sino que además se encuentran luchando por la vivienda. Es así que se turnan para montar guardia en la casa de la compañera, para luego seguir de guardia en una toma de tierras que alberga a 2.500 familias. Sin ellas, no se hubiese logrado que se realice la notificación a los agresores y se tomara su causa para que intervenga la fiscalía en forma inmediata.
Sabemos que esto no da garantías, porque estamos cansadas de que las denuncias terminen en papeles y botones antipánico que no protegen. Pero las mujeres de las barriadas muestran que están dispuestas a organizarse y luchar.
El caso de CP es otra muestra de que, quienes deben asistirnos, se declaran incompetentes en la cuestión de género, no toman la denuncia y no dejan de violentarte si no se presiona en forma conjunta; muestra que no alcanza con la Ley Micaela votada en el Consejo Deliberante del distrito en los primeros meses del año, por la que se pretende que, con capacitación de los funcionarios públicos, se resuelve el problema.
Tomemos el ejemplo de las vecinas de CP para crear comisiones de mujeres que asistan a todas las mujeres que padecen violencia de género.
Por subsidios a las mujeres violentadas. Por acompañamiento psicológico para CP y todas las víctimas de violencia.
