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El Ministerio de Desarrollo Social y SEDRONAR diseñaron un proyecto para subsidiar mensualmente con un monto de $8.500 a jóvenes adictos que se encuentran en su última etapa de recuperación. Tal como se menciona en la página oficial del gobierno, “tras realizar una evaluación interdisciplinaria, la persona puede optar entre finalizar sus estudios primarios y/o secundarios, realizar una capacitación en el marco de la formación profesional o sociolaboral, o incluirse en alguna línea socioproductiva o sociocomunitaria del Potenciar Trabajo de Desarrollo Social”. Este proyecto no tardó en despertar una polémica incentivada por los medios opositores, y la gran desinformación que se encuentra en las redes sociales. Sin embargo, es necesario hilar fino para comprender este incentivo y cuál es la problemática que importa poner en debate.
Según el “Estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas” (Sedronar, 2017), 14.029.396 personas registraron haber consumido alcohol, tabaco o drogas ilícitas durante aquel año, de las cuales el 0,8% (118.195) buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en ese periodo. Es decir, menos de 1 de cada 100 personas que registraron haber tenido algún tipo de consumo realizó búsqueda de tratamiento. El consumo de drogas se ha duplicado en los últimos 10 años, una verdadera pandemia de adicciones que golpea a masas de jóvenes y trabajadores. La crisis capitalista arrastra a sectores cada vez más amplios de la población a necesitar una anestesia ante la cruda situación a la que los somete. A la vez que genera un negocio multimillonario que deja 22.000 millones de pesos anuales en el país, que engrosan las arcas de los bancos en bancarrota y los bolsillos de funcionarios de todos los poderes del Estado.
Cuando el programa “Potenciar Acompañamiento” aclara que los $8.500 son “la mitad del salario mínimo”, desnuda un problema más profundo, a saber, que los trabajadores cobran salarios por debajo de la línea de indigencia. Es que lo que también se duplicó en los últimos años fue el trabajo precarizado y en negro, que casi ocupa al 50% de la clase obrera, la cual se encuentra en constante inestabilidad laboral. Sumemos a esto la situación de un adicto que intenta reinsertarse, con los vaivenes propios de la enfermedad (el 75% tiene al menos una recaída), los lazos sociales rotos y la estigmatización. Ahora los adictos serán mano de obra precarizada con un cuarto de sueldo de pobreza, una especie de programa de pasantías sobre lo que no se tiene ninguna claridad.
No hay que perder el eje de la verdadera problemática que gira en torno a las políticas que se emplean a la hora de recuperar a las personas que tienen una adicción. Muchas familias que acuden al SEDRONAR se encuentran con trabas que desmotivan y entorpecen la iniciativa de buscar ayuda para el adicto. Llamadas que no resuelven nada, seguimientos que no existen, becas a las que son imposibles de acceder. El SEDRONAR recibe anualmente un presupuesto estimado de $1.192.134 (tomado como valor de referencia el año 2019), tal como menciona Esteban Wood, investigador y consultor en asuntos de políticas sobre drogas, no hubo fondos ni para prorrogar el Decreto 1249/2016 (EMERGENCIA NACIONAL EN MATERIA DE ADICCIONES) ni para reglamentar la Ley Nº 26.934 (Plan IACOP). En contraposición, en 2018, para tomar una referencia más cercana al periodo analizado, el Estado destinó a la Iglesia aproximadamente 130 millones de pesos, un dato no menor teniendo en cuenta el peso que tiene esta institución en la rehabilitación de personas adictas. La mayoría de las granjas de rehabilitación están administradas por las iglesias católica y evangelista, las cuales no sólo cobran una cuota mensual elevada, sino que además los familiares deben encargarse de proveer comida, insumos e incluso hasta el colchón. Los Centros de Prevención de Adicciones (CPA) no cuentan con profesionales, sino que se sostienen sobre el voluntarismo de adictos recuperados que sostienen los grupos casi sin ayuda de nadie. En la gran mayoría, se desarrolla la teoría de la meritocracia, cuando en realidad se va a rehabilitar quién cuente con un contexto favorable para ello. Pero nada tiene que ver la voluntad en algo que es una enfermedad y como tal requiere de su tratamiento adecuado. Esto se contradice, también, con la reglamentación de la Ley 26.657, la cual dispone el cierre de comunidades terapéuticas. Es decir, se otorga un subsidio miserable mientras cierran los tratamientos y la atención al adicto en recuperación.
Se debe otorgar un presupuesto mayor para el tratamiento de adicciones, donde se contemple no sólo los insumos, infraestructura y alimentos necesarios, sino además un gabinete especializados de profesionales y la atención médica necesaria, junto con la continuidad del programa de acompañamiento de adictos recuperados.
Subsidio al desocupado igual a la canasta básica familiar. Desmantelamiento de las redes de narcotráfico.
