Un "Congreso Extraordinario" contra el Partido Obrero

El 2 de noviembre pasado, tuvo lugar un “Congreso Extraordinario del Partido del Obrero”, con la pretensión de asumir decisiones soberanas que solamente le corresponden al Congreso anual del PO. El “Congreso” no fue electo por nadie; no fue precedido por ninguna clase de debate ni por ninguna deliberación. Hubo un boletín interno –distribuido 5 días antes– que, a guisa de anticipar su realización, tuvo el claro propósito de legitimarlo como un hecho consumado y estatutario.

El único objetivo de este Congreso “de papel” fue intentar imprimirle un viso de legalidad a las decisiones fraudulentas que, en el plano de las personerías partidarias, el aparato del PO adoptó contra el Partido Obrero y su régimen interno. Nos referimos, en primer lugar, a la sanción de una “carta orgánica” que concentra decisiones fundamentales –como los recursos económicos percibidos desde el Estado o los derechos electorales – y en última instancia cualquier tipo de decisión con respaldo legal, en un puñado de dirigentes de la Capital y, en última instancia, en dos, ya que se habilita al ´presidente´ del partido al voto doble para desempatar. Las posiciones dirigentes en este ‘congreso judicial se repartieron entre miembros de familia, sin vínculo con la dirección que votó el último congreso del PO. Una suerte de apropiación del partido.

La nueva “Carta orgánica”, además, adapta el estatuto centralista democrático del PO a la ley de partidos –en el punto que permite la intervención de los distritos por parte del partido nacional. La reforma, en este punto, tenía nombre y apellido: la intervención judicial del distrito Tucumán del Partido Obrero, por parte de estas ‘autoridades’ electas por nadie... En efecto: como el 90% del comité y de la militancia de ese distrito adhirieron a lo que hoy es la Tendencia del Partido Obrero, el CC del PO se sirvió de esta intervención legal para confiscarle los recursos económicos estatales de la campaña electoral al PO de Tucumán. Esta medida fue usada para sabotear la campaña de Ariel Osatinsky, cabeza de la campaña del PO y del FIT en ese distrito. Ariel no adhiere a la Tendencia, pero fue igualmente castigado por repudiar el espionaje, las expulsiones y, naturalmente, este mismo atropello contra la militancia de su provincia.

Al arrancar la legalidad partidaria, ya hace varias décadas atrás, el PO debió asumir diferentes compromisos y mediaciones relacionadas con las exigencias de la justicia –nóminas de autoridades, apoderados y otras figuras para interactuar con las secretarías electorales de los juzgados.Fueron pasos insoslayables para la defensa de nuestros derechos políticos. Pero los “pasos legales” adoptados por la camarilla dirigente del PO en estos meses tienen un propósito muy diferente: obtener el respaldo legal para expulsiones sumarias de centenares y centenares de compañeros, y protección legal para el uso de los recursos partidarios sin la rendición de cuentas a los congresos regulares del partido. Han convertido a la legalidad partidaria en otra arma para violentar y agredir a la militancia –en primer lugar, el derecho de más de 1000 militantes a constituirse en Tendencia, y a defender públicamente sus posiciones, dentro y fuera del Partido, en el marco del centralismo democrático.

Los actuales “pasos legales” de la camarilla usurpadora apuntan al uso del Estado contra el PO, por parte de un grupo auto-designado en el que ni siquiera están presentes la mayoría de los miembros del CC electo en el último congreso. En el caso de Tucumán, la intervención legal se hizo bajo el amparo de la supuesta legalidad de estas ‘autoridades’ auto digitadas. No fue precedida por discusión alguna en el comité partidario provincial, ¡ni siquiera existió una resolución del CC del PO interviniendo políticamente a la regional! NO: se trató sencillamente de un golpe comando, donde el pedido de intervención a la justicia fue acompañado del asalto al local central, la sustracción de documentos y objetos de valor. La sanción de la nueva “Carta orgánica” que precedió a esta intervención no fue discutida en el 26º Congreso del PO, a pesar de sus graves implicancias políticas – al contrario, le fue expresamente ocultada, mientras ocurría en forma paralela en el tiempo. Fue una conspiración política, para ajustar cuentas contra el 30% del Partido que, en ese Congreso, expresó posiciones divergentes a la de la camarilla oficial. Ese 30% ha crecido hasta convertirse en la mayoría real de la militancia activa.

Los “arreglos legales” del aparato no defienden al PO frente al Estado, no, sino a los auto digitados. A través de ello, el CC del PO se asocia al Estado contra la militancia.

“Congreso extraordinario”

En ocasión de la intervención legal al PO, el Partido Obrero de Tucumán rechazó esta medida brutal demostrando, ante la Justicia, el carácter irregular de los pretendidos ´pasos legales´que la precedieron. Por caso,la sanción de una “carta orgánica” nueva a espaldas del Partido y de su congreso, o la convocatoria a ´congresales´ que no fueron resultado de elección alguna en sus distritos.

A partir de nuestra apelación, la causa relacionada con la intervención a Tucumán sigue su curso. Precisamente, y con el propósito de “subsanar” (disimular) la operación fraudulenta consumada en esa intervención legal –y antes con la nueva carta orgánica- es que resolvieron la convocatoria de un nuevo congreso, llamado ahora “congreso extraordinario”, que “refrendara todo lo actuado” (Todo lo actuado contra la militancia del Partido Obrero, en Tucumán y en todo el país).

Los operadores de este fraude se encontraron, sin embargo, con un inconveniente: entre el 25 y el 30% de los “congresales” registrados en sus libros han adherido a la Tendencia del Partido Obrero.¡Pero necesitaban de ellos para este “congreso extraordinario”! ¿Cómo hacer? Para subsanar este ‘inconveniente’ se cursaron invitaciones ‘amigables’ a los mismos compañeros y compañeras que habían sido expulsados en forma sumaria y descalificados en todo tipo de circunstancias, confiados, por un lado, en que serían una minoría y, por el otro, en que quizás se negaran a concurrir al engendro, incluida la dificultad de que debían abonar su propio pasaje, al revés de lo que estaba previsto para los ‘oficialistas’.

En efecto: fueron invitados a concurrir como delegados de un congreso los militantes expulsados y descalificados por quienes ahora pretendían oficiar de anfitriones. Militantes y dirigentes del PO de todo el país, que en los meses anteriores habían sido privados de sus derechos militantes y excluidos como candidatos; retirados de grupos de WhatsApp; regionales a las que se privó de la prensa partidaria; compañeros a los que se propinaron los peores insultos; a todos ellos, se les enviaron “cordiales” cartas documentos o mensajes de WhatsApp provenientes de los apoderados partidarios, para que concurrieran al “Congreso extraordinario” . En suma, los invitaban a que se hicieran cómplices del arrebato del partido por un círculo auto proclamado. El aparato pretendía que los expulsados concurrieran a avalar las manipulaciones legales al servicio de las expulsiones.

El desarrollo del “Congreso”

La ´amable´ convocatoria, de todos modos, tuvo lugar con 48 horas de antelación al “Congreso” y, por supuesto, repetimos, sin ofrecer a ninguno de estos pretendidos ´congresales´ los recursos económicos para poder viajar, por caso, desde provincias tan distantes como Jujuy. En este cuadro, tres militantes de la Tendencia del Partido Obrero, Alejandra del Castillo (Tucumán), Jorgelina Signa y Germán Lavini (ambos de Santa Fe), concurrieron al “Congreso extraordinario” que tuvo lugar en el local de Bartolomé Mitre. Otros diez se manifestaron por medio de cartas-documento al juzgado electoral y que se pusieron en conocimiento de los tres veedores que el juzgado envió al Congreso.

Ya en las puertas del local, la “amabilidad” de las invitaciones había desaparecido. El clima de hostilidad era abrumador. Trataron a nuestros compañeros como desconocidos y, refiriéndose a ellos como “señor” o “señora”, eran invitados a “acreditar su identidad”. Con la presencia de unos 40 supuestos “congresales”, y habiendo pasado escasos 5 minutos del horario de convocatoria, Solano abría el “Congreso”. Nuestro compañero Germán Lavini pidió la palabra enseguida, señalando que “he sido citado como Congresal de esta reunión cuando no he participado de ninguna instancia en la que fuera elegido como tal. Por eso, y como responsable político de la regional de Santa Fe Capital rechazo esta convocatoria, que es improcedente e ilegítima tanto desde el punto de vista político como legal.” Frente a la denuncia de nuestro compañero, Solano se limitó a plantear una moción de orden para que se le dé continuidad al Congreso trucho, sin dar lugar a discusión.

Luego, se manifestó la compañera Jorgelina Signa, la cual, como Concejal del Partido Obrero en el Cordón Industrial de San Lorenzo y con dos mandatos sucesivos después de haber superado el 20% de los votos, señalaba que “mientras nos envían cartas documentos convocándonos como Congresales a esta reunión, en nuestras regionales los locales del PO están obstruidos con candados, no recibimos más el periódico, hemos sido expulsados de los grupos WhatsApp y de cualquier instancia de dirección de nuestro partido. Además de perseguidos, jaquearon nuestras cuentas e infiltraron nuestros correos personales”. Signa denunció que “en el Cordón industrial más importante del país , donde el FIT U obtuvo las mayores votaciones, no enviaron un peso para el desarrollo de la campaña electoral, a pesar de haber recibido esos recursos del Estado. El único “pecado” de los compañeros que encabezábamos las listas, es nuestra divergencia con la dirección que se ha apoderado de nuestro Partido, y que antepone sus intereses a los de la clase obrera. De este modo, no quisieron defender una bancada en el seno del corazón industrial de nuestro país”

Por último, la compañera Alejandra del Castillo de Tucumán, señaló:“Han intervenido una regional por tener una posición disidente con el Comité Nacional del Partido. Y hemos sido notificados de la intervención vía judicial, lo cual representa una verdadera vergüenza. Ni siquiera se tomaron el trabajo de discutir de qué nos estaban acusando. Una vez notificados por el Estado nos enteramos que plantean que “hemos boicoteado la campaña electoral en Tucumán”. Es al revés: a pesar del boicot de ustedes, hemos desarrollado innumerables actividades. Repudio las expulsiones de numerosos compañeros en todo el país, estas acciones totalitarias y reaccionarias, reclamo el derecho a la Tendencia y el fin de la intervención a la regional en Tucumán”.

Las denuncias de nuestros compañeros fueron proseguidas por gritos amenazantes por parte de varios miembros del aparato central, y alusiones que llegaron hasta ”la revolución rusa”. Pero no dijeron una sola palabra sobre los centenares de compañeros que no pueden acceder a los locales, ni porqué han judicializado al Partido Obrero.

Allí, y delante de los tres veedores designados por la Justicia, nuestra delegación denunció todos los atropellos consumados contra la militancia del PO, en el plano político y en el legal, para luego retirarse. Otros 15 compañeros, también convocados, expresaron esa posición por carta documento, que también fue remitida al expediente judicial. De este modo, enfrentamos la pretensión de consumar una apropiación de los derechos político-electorales del Partido Obrero. Los tres funcionarios judiciales pudieron escuchar los insultos y descalificaciones que el oficialismo endilgó a los delegados que pertenecen a la Tendencia y a toda ella.

Estado, legalidad y aparato

La legalidad del Partido Obrero es una conquista política de su militancia e incluso de toda la clase obrera. Es un resquicio que hemos arrancado para una lucha política abierta contra el régimen político y social imperante. El aparato oficial del PO está convirtiendo esa conquista obtenida con enormes sacrificios por la militancia del PO (campañas de afiliaciones y adhesiones), en un arma para-estatal para consumar la liquidación de regionales y expulsión de militantes que exigen el respeto al régimen de partido, rechazan las expulsiones y reclaman el derecho de Tendencia.

El aparato ha llevado al partido al tribunal del estado capitalista, para regimentar su organización. Estamos ante una apropiación indebida del Partido Obrero, para la cual el aparato procura el aval judicial. Seguiremos la causa contra la intervención al PO de Tucumán; por la restitución de sus autoridades legales y de todos los bienes usurpados, incluidos los fondos electorales; la lucha contra la apropiación del nombre Partido Obrero, que expresa una historia y un programa que hoy han sido desnaturalizados detrás del carrerismo y el electoralismo.

Toda nuestra acción apunta a derrotar una política de liquidación del PO. Exigimos el reconocimiento de la Tendencia, la reincorporación de todos los militantes expulsados en forma sumaria y la investigación de los actos de espionaje interno perpetrados por el aparato. Denunciamos la apelación del aparato a la intervención del estado capitalista en la vida del partido. Defendemos la construcción del partido socialista y revolucionario y, más que nunca, en pleno auge de las rebeliones populares y las revoluciones en el centro y la periferia del capitalismo mundial, la refundación de la IV Internacional (CRCI).