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El Jefe de Gabinete del gobierno peruano, Pedro Cateriano -cercano a los empresarios mineros- duró apenas 19 días en su puesto. Es el quinto jefe de gabinete en dos años de gobierno de Vizcarra. Frente al “voto de desconfianza” del parlamento, asumió en su reemplazo el militar que encabezaba el Ministerio de Defensa, Walter Martos. Junto con Cateriano, también fueron removidos los ministros de Trabajo y de Energía y Minas -designados por él-, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El parlamento no removió, en cambio, al ministro de Educación Martín Benavides, que está llevando adelante una reforma universitaria que está cerrando universidades “de baja calidad”.
El recurso político que utiliza el Parlamento peruano sobre el gabinete de Vizcarra se ha convertido en el “modus operandi”. El régimen político peruano no logra aún sobrellevar la crisis desatada por los episodios de corrupción en las causas de Odebretch, que dieron como resultado la salida anticipada del presidente anterior en el 2018 y el cierre del Congreso durante el 2019. Las idas y vueltas en el gabinete de Vizcarra son el laboratorio político de una crisis que se sigue desarrollando. La reforma política-electoral, presentada el año pasado por el presidente, que tiene como uno de los puntos principales el veto al financiamiento empresario de las campañas electorales, aún no ha sido discutida en el parlamento, a pesar de la proximidad de las elecciones, llamadas para abril de 2021.
El nuevo gabinete de Vizcarra debutó con el asesinato de tres indígenas de la etnia amazónica “kukama” mientras se desarrollaban las protestas que reclamaban la intervención del Estado por el desarrollo del covid19 en las comunidades indígenas y por la falta de servicios básicos. El gobierno nunca llevó adelante el “plan de cierre de brechas”, un programa firmado con los pulpos petroleros (dueños de los terrenos donde se llevó adelante la represión) para “llevar servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento, y reducir los impactos por la contaminación petrolera”.
La represión contra la comunidad amazónica se suma ahora a la detención del secretario general del sindicato de trabajadores de la minera MARSA, Luis Cerna, por llevar adelante una huelga que paralizó la mina ante la proliferación de casos (280) de coronavirus. El avance del virus entre los trabajadores mineros ha dado lugar a asambleas y paros en distintas minas de Perú, por ahora de carácter aislado.
La crisis del Covid en la selva amazónica, de la que poco se sabe, se desarrolla en todas las regiones peruanas. Vizcarra impuso un nuevo toque de queda los domingos y prohibió las reuniones sociales, porque señala -como Fernández en Argentina- que "el principal foco de contagio son ahora nuestros amigos y familiares”. Luego de seis semanas de apertura de la cuarentena, el gobierno decidió la vuelta atrás tras contabilizar cerca de 9.000 contagios por día, cuando se habían reducido a cerca de 3.300 hace un mes. Se habla de que las cifras de muertos podrían duplicar los cerca de 22.000 casos que informa el gobierno.
