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Hasta ahora, las informaciones sobre las medidas futuras del ministro Martín Guzmán se han concentrado en la cuestión de la deuda. Guzmán propondría una postergación en los pagos del capital e intereses, y, según se dice, quisiera evitar ´imposiciones´ del FMI en materia de gasto público y emisión. Lo que no aparece claro es lo que ofrecería a cambio el “académico” para que los acreedores y el Fondo acepten el bicleteo. Pero una información del diario “La Nación” del día de ayer aporta una pista, en un aspecto central del gasto y de las exigencias fondomonetaristas–la cuestión jubilatoria. El editorialista del diario pone en boca del nuevo equipo económico el siguiente concepto: “La reforma (previsional) de 2017 fue perversa, ya que no compartió el crecimiento de la economía en el único año que hubo recuperación durante la gestión de Macri, y para adelante es un acelerador de la inflación que termina comiéndose la capacidad de compra de los jubilados" (La Nación, 8/12). La derogación del criterio de movilidad jubilatoria votado en diciembre del 2017 tendría lugar en las sesiones extraordinarias de las próximas semanas. Como se recordará, la fórmula de “movilidad jubilatoria” que existía antes de la reforma de diciembre de 2017 ajustaba los haberes considerando, por partes iguales, a la evolución de la recaudación de impuestos –que depende de la actividad económica- y del salario. En cambio, la reforma que desató la rebelión popular de diciembre de ese año pasó a ajustar los haberes por la inflación (70%) y los salarios (30%). Como dice Guzmán, la “perversidad” consistió en que en aquel año se produjo un crecimiento de la economía y, por ende, de la recaudación de impuestos, mayor al de la inflación. Como consecuencia del nuevo criterio de reajuste, los jubilados perdieron un 9% en los haberes de 2018. Guzmán, según parece, arremetería ahora contra esa “perversidad”. Pero no para subsanar el despojo a los jubilados, sino para continuarlo por otra vía. Ocurre lo siguiente: en el año 2019, la recaudación de impuestos se ubicará muy por debajo de la inflación, como resultado del derrumbe económico. En efecto: al menos en los primeros 9 meses del año, el Tesoro reunió un 42.7% más de impuestos que en el año anterior. Pero la inflación anual no será inferior a los 55/58 puntos. ¿En qué consistiría la nueva “perversidad” de Guzmán y su equipo? En vez de ajustar a los jubilados por un índice que tome en cuenta decisivamente a la inflación, volvería a un sistema de ajuste en base a la recaudación de impuestos… El mensaje sería más o menos el siguiente: “El año que la recaudación creció más que la inflación, Macri ajustó las jubilaciones con la inflación, y no con lo recaudado. Ahora, que la inflación se disparó por las nubes y la recaudación se derrumbó, nosotros ajustaremos los haberes …con la recaudación. Estamos ante la actualización de la “perversidad” de Macri a las condiciones económicas actuales. El ´chiste´ podría significar un despojo de entre el 10 y 15% de los haberes jubilatorios en 2020.
Jubilados en la mira
Cuando se anticipa que Guzmán dejaría de pagar capital e intereses de la deuda en 2020 y 2021, pocos tienen en cuenta que más del 40% de esa deuda es con el propio Estado argentino, y una parte fundamental de la misma es con el Anses. El recorte jubilatorio es la contrapartida de esa cesación de pagos, y prepara las condiciones de una reforma previsional de mayor alcance. La “desindexación” jubilatoria sería la contribución de los jubilados al pacto social que pergeña la nueva administración. En sus premisas, los mismos que están habilitando a la remarcación de precios sin límite, le atribuyen efectos “inflacionarios” a los salarios y a las jubilaciones. Es necesario denunciar desde el vamos este nuevo despojo, junto al reclamo de un aumento de emergencia para los haberes; la recuperación de toda la inflación del año que pasó y la jubilación mínima del 82% móvil de la canasta familiar, en base a la restitución de los aportes patronales y el Anses controlado por trabajadores y jubilados electos.
