Exactas: organicemos la asamblea interclaustros

Escribe Micaela Diaz

Por un plan de lucha para echar a Shell y arrancar el presupuesto universitario.

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A semanas del inicio del segundo cuatrimestre en Exactas, la crisis educativa se agudiza al calor del desplome económico, sanitario y social. Todos los problemas planteados en el transcurso de la pandemia y la virtualidad continúan vigentes.

La falta de condiciones de cursada -herramientas tecnológicas y acceso a internet- ha dejado a la mitad de los estudiantes por fuera del sistema educativo. Al mismo tiempo, los docentes sufren la superexplotación laboral mientras se les niega la cláusula gatillo adeudada de 2019 y la convocatoria a reunión paritaria.

La caída del salario docente y la falta de presupuesto educativo reflejan el proceso de vaciamiento en el que se encuentra la educación pública desde hace décadas.

Por su parte, las autoridades intentan suplir el desfinanciamiento de la universidad a través de la generación de “recursos propios”, mediante convenios con empresas privadas, las cuales, en última instancia, digitan la orientación de la producción científica. La UBA ha sostenido acuerdos con la contaminante Monsanto y Benetton, entre otros.

En nuestra facultad, los convenios con la mega-minera la Alumbrera, Pan American Energy y Papel Prensa, son un fiel retrato de la bancarrota educativa y de la necesidad de las autoridades de avanzar hacia una mercantilización del conocimiento. Las reformas de los planes de estudio, propuestas por las autoridades, continúan este camino de desguace recortando contenidos, como ocurrió con Biología.

El reciente convenio firmado entre Exactas y la petrolera Shell para investigar el desarrollo de métodos no convencionales (fracking) en la zona de Vaca Muerta -plataforma del ¿despegue económico? del gobierno de Fernández-, vuelve a poner a la orden del día el debate acerca del antidemocrático gobierno de la universidad. A pesar del rechazo de centenares de estudiantes, docentes e investigadores, quienes, a través de pronunciamientos, juntadas de firmas y acciones en las redes manifestaron su repudio, el Consejo Directivo de Exactas -donde profesores y graduados, una minoría de la universidad, definen la política de la facultad - aprobó el acuerdo que coloca los recursos físicos y humanos de la universidad al desarrollo de los intereses de la multinacional. Este aún debe atravesar la instancia de ratificación por el Consejo Superior. Tenemos la necesidad de agrupar al conjunto de la Facultad en un plan de lucha para tirar abajo el convenio con Shell.

La instancia de una Asamblea Interclaustros es de primer orden. La deliberación y las acciones que resulten de ella pueden ser un primer puntapié no solo para la lucha contra el avance de la privatización educativa, sino también para avanzar en una caracterización de conjunto sobre el gobierno nacional y las tareas del movimiento estudiantil frente a la bancarrota educativa, pandemia mediante.

Los jóvenes trabajadores, estudiantes y docentes tenemos que avanzar hacia una discusión integral de salida a la catástrofe educativa. La lucha por el aumento inmediato del presupuesto para garantizar la virtualidad y todas las herramientas necesarias tanto para docentes y estudiantes no puede esperar. El problema de la flexibilidad laboral de la docencia en un contexto de virtualidad debe ser resuelto con la ampliación del plantel docente y la indexación urgente de los salarios. Si bien la pandemia ha recrudecido el fracaso educativo, no debemos caer en la trampa de la “excepcionalidad de la situación” en la cual intentan montarse las camarillas universitarias. El actual presupuesto no puede garantizar ni la virtualidad, ni una posterior vuelta a clases. La falta de condiciones edilicias y de salubridad, mientras se discute el protocolo de vuelta a la presencialidad, es una bomba de tiempo sanitaria para el conjunto de la comunidad educativa.

Hacemos un llamamiento a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores para discutir un pliego común de reivindicaciones y avanzar en un plan de acción por la defensa de la educación pública.

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