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Hace unos pocos días, Fernández se refirió en una entrevista en FutuRock al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Señalando la postergación del mismo a causa de la pandemia, según el presidente, el aborto puede "dividir a la sociedad, en un momento en que tenemos que estar muy unidos" (Telam, 11/08).
Mientras tanto, las mujeres pobres siguen sufriendo las consecuencias de la clandestinidad, pagando con sus propias vidas o con su libertad. A lo largo y a lo ancho del país, asistimos también a una avanzada contra derechos conquistados por la ley de abortos no punibles - como ocurre en CABA, donde Larreta aprobó la ´objeción de conciencia institucional´. A la par, las compañeras embarazadas encuentran serias dificultades para disponer de una atención en condiciones - el acceso a turnos para controles está absolutamente restringido o es inexistente. Se niega el derecho al aborto y también se niega el derecho a la maternidad deseada en condiciones adecuadas.
Legalizar el aborto es esencial. Como decía una de las consignas más replicadas durante las jornadas ´verdes´ de 2018, "las ricas abortan, las pobres mueren". Esa realidad no se ha modificado. El aumento de la crisis económica, que empuja a las familias obreras a la pobreza, lleva a las mujeres a recurrir a abortos que, dadas las circunstancias, suceden en las peores condiciones. En este cuadro, aplazar la legalización del aborto para quién sabe cuándo, es atentar contra la vida de las mujeres trabajadoras.
El argumento de "no dividir", planteado por Fernández, en un momento en que debemos "estar unidos" por la pandemia, refiere directamente a no ir a un choque con los sectores clericales que han hecho campaña todo este tiempo contra la legalización. Es que al momento de no aprobar el aborto para no sacrificar la "unidad", la única ´unión´ que prevalece es con el oscurantismo, a costa de la vida y la salud de miles de mujeres. Los derechos, en tanto tales, deberían estar por encima de cualquier sector que atente contra ellos, no al revés.
El clero es una de las patas principales de la política de contención social del régimen. El gobierno no piensa arriesgar ese pacto, en medio de una crisis sanitaria y económica que raja las paredes.
La interrupción voluntaria del embarazo, con todas las condiciones necesarias para garantizar la salud de las mujeres, deben ser parte de un pliego de reclamos común en defensa de la vida de la clase obrera en general y de las mujeres trabajadoras en particular. La misma lucha de conjunto vale también contra los aparatos que buscan contener la organización política y social de los y las explotadas.
Abramos un debate en asambleas sobre la necesidad y los medios para conquistar estos derechos en todos los barrios, facultades y lugares de trabajo.
