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A través de la resolución 16/2020 del Ministerio de Trabajo, el gobierno puso nuevas restricciones para el cobro del tercer desembolso del IFE. La resolución afecta principalmente a los jóvenes menores de 25 años que comparten domicilio con su grupo familiar.
En el artículo 2 se explicita esta medida: "Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la ANSES sea igual al domicilio de sus padres registrados en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente".
Con esta medida, el gobierno excluye del cobro del IFE a una gran mayoría de jóvenes que no gozan de independencia ni estabilidad económica y convive con sus padres, en el caso de que alguien del grupo familiar sea beneficiario del ingreso.
Pero las restricciones no terminan aquí. En el artículo 3 se resuelve: "La ANSES requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud". Llama la atención la arbitrariedad de esta medida, ya que no figura en ningún lado cuáles serían “los parámetros socioeconómicos” necesarios para ser beneficiario del cobro del IFE. Por lo tanto, es una rienda suelta para avanzar en un proceso de exclusiones masivas.
La población carcelaria también queda excluida del cobro del IFE, dejando a la deriva a miles de familias que dependen de esos ingresos para subsistir.
Si bien el monto del ingreso familiar de emergencia resulta absolutamente insuficiente ($10.000 bimensuales), ahora el gobierno deja completamente desamparados a una gran cantidad de jóvenes y familias en el pico de los contagios. El gobierno cede ante las presiones de las patronales para terminar con todo tipo de aislamiento y volver a la "normalidad económica" y la explotación capitalista de la fuerza de trabajo. La juventud es su pata más precarizada. En contraste con este brutal abandono a los sectores populares, el gobierno ha sido generoso con los acreedores de deuda, que recogieron prácticamente la totalidad de sus pretensiones.
La juventud trabajadora y estudiantil ya viene siendo víctima de los ajustes del gobierno durante la pandemia. El monto de la beca Progresar está congelado desde septiembre del año pasado, con un techo irrisorio de $6.900. Este año, muchos estudiantes que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de la beca fueron excluidos bajo la leyenda "tu postulación está siendo evaluada" (página web de ANSES). Los jóvenes precarizados tenemos que luchar para que se deroguen inmediatamente estas restricciones, por un aumento en el monto del IFE y que el mismo se prolongue en el tiempo como ingreso universal, actuando de piso salarial a la explotación capitalista.
