Tiempo de lectura: 3 minutos
Ocho meses duró la experiencia del progresismo educativo en el gobierno de Alberto Fernández. La renuncia de la viceministra de Educación nacional, Adriana Puiggrós, es la manifestación “por arriba” de una crisis de alcances todavía inexplorados en el terreno educativo a nivel nacional, que ya se expresa en la enorme conflictividad docente y estudiantil que a lo largo y ancho del país se agita entre caravanas y paros virtuales.
La renuncia de Puiggrós, hasta entonces frenada por intervención directa del propio Alberto Fernández, había sido anticipada en un resonante artículo del referente de la Garganta Poderosa, Nacho Levy, donde se narra una verdadera disputa de camarillas en el seno del Ministerio. No se trata de diferencias “de principios”. Puiggrós -ex diputada y funcionaria de la Alianza, luego reconvertida al kirchnerismo-, se baja del auto que, sabe, se estrellará. Mientras miles y miles de niños y jóvenes perdían todo contacto pedagógico, ya habían dimitido la subsecretaria de Planeamiento, Liliana Pascual y los asesores Roberto Marengo y Norberto Liwski. La diáspora se agudizará al calor de una crisis social y educativa sin precedentes.
El coronavirus agudizó la desigualdad sistémica y expuso las consecuencias del vaciamiento educativo en todos sus niveles y modalidades. Los alcances de la crisis educativa son todavía mayores. Si el artículo de Levy circuló masivamente en grupos de docentes y estudiantes fue porque puso letra a la frustración de amplios sectores educativos -desde los sindicales hasta los académicos- ligados al gobierno.
Puiggrós es una referencia para todo un sector de la intelectualidad progresista y de la burocracia educativa que simpatiza con el kirchnerismo. Su nombramiento había despertado cierto entusiasmo en el reemplazo del elenco del catastrófico macrismo.
El nombramiento de la ´intelligentsia pedagógica´ resultó en un verdadero fiasco. El Ministerio de Educación nacional actuó improvisadamente y sin rumbo alguno frente al mayor desafío de su historia. Se pretendió maquillar de “inclusiva” la imposición de protocolos truchos, habilitando el ataque a estatutos y condiciones laborales en las provincias, vendiendo notebooks a los docentes y finalmente pactando con la CTERA un congelamiento salarial con sumas fijas. Esa comedia terminó abruptamente. Tampoco avanzó sobre una sola de las disposiciones normativas del macrismo.
Con la renuncia de Puiggrós, Nicolás Trotta, abogado ligado a la burocracia sindical de Víctor Santa María, mandamás del PJ porteño, impone definitivamente una orientación, resistida sin ningún esmero por la progresía oficialista. Trotta profundizará la subordinación de los destinos de la educación en Argentina a los acuerdos con los acreedores internacionales, especialmente con el FMI, sin el tapabocas de la intelectualidad ´progre´.
Los choques entre el ministro y su ex vice que anticiparon este desenlace fueron más o menos públicos. Puiggrós criticó en el sitio de Horacio Verbitsky las pruebas estandarizadas internacionales, especialmente las PISA. La “aclaraciones” con las que entonces respondió Trotta fueron tajantes: “Argentina va a seguir participando en las pruebas de la OCDE (PISA) como en las de la Unesco (TERCE y SERCE). Consideramos importante evaluar el sistema. Por eso creamos nuestra dirección de Evaluación y estamos terminando de procesar los resultados de Aprender 2019”. Más recientemente, por la ocurrencia por Twitter de Puiggrós de asociar al coronavirus con el “neoliberalismo” y el “capitalismo financiero”, el ministro salió a diferenciarse grotescamente. La sobreactuación de las “internas” se justifican en el intento de ofrecer a la educación como garantía de ajuste al capital internacional. Son mensajes que tienen destinatarios alejadísimos de la realidad fatídica de escuelas y universidades.
Con la venia del Consejo Federal de Educación y el Ministerio nacional, los gobernadores de todo pelaje político no cesaron en su intento de avanzar en reformas (anti) educativas, de los regímenes y convenios de trabajo o atacando el salario. La burocracia sindical, por su parte, ha atado su destino al gobierno. Por ahora, la tentativa de avanzar sobre la educación ha sido frustrada por la resistencia activa de los docentes y estudiantes del país. Los conflictos provinciales que se habían cerrado de manera precaria comienzan a reabrirse. En este cuadro de crisis, las bases estudiantiles y docentes, reunidas en sindicatos, federaciones y centros de estudiantes, más pronto que tarde deberán intervenir con sus métodos e intereses estratégicos. Ningún consejo de especialistas podrá reemplazar su acción histórica.
