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Desde el primer cuatrimestre del 2020 debido a la pandemia que desató el covid-19 los estudiantes de la UNLaM nos encontramos cursando a través de la modalidad virtual, dejando por fuera, desde un principio, a quienes no poseen los medios materiales y económicos para acceder a ella.
Se comenzó a cursar el primer cuatrimestre a través de MIEL (“materias interactivas en línea”) una plataforma que la universidad utilizaba para los contenidos y evaluaciones de las materias transversales, y también eran utilizadas por algunos departamentos ocasionalmente. Esta vez la plataforma que recibía a un puñado de estudiantes por cuatrimestre iba a tener que recibir a la totalidad de los estudiantes conectados al mismo tiempo, lo que ocasionó varios problemas de conectividad.
Hasta finales de mayo, seguimos cursando sin ninguna pauta sobre los exámenes, hasta que de la noche a la mañana, por directiva del rectorado, se decidió evaluar a través de tres trabajos prácticos durante el cuatrimestre, y, para nuestra sorpresa, estos trabajos prácticos debían “convalidarse” de manera presencial cuando el gobierno nacional habilite la vuelta a las clases presenciales. La convalidación no es más ni menos que un final obligatorio encubierto, ya que en ella se evalúan los contenidos vistos durante todo el cuatrimestre.
Desde el inicio de las clases virtuales hasta el comunicado emitido por la UNLaM a través del centro de estudiantes dirigido por la Liga Federal Universitaria (JP) no se convocó a una asamblea para discutir la modalidad de evaluación; se acordó a espalda de los estudiantes instalar finales obligatorios, sin importar las quejas sobre las nuevas reglas en la ´nueva normalidad´.
Este acuerdo a espaldas de los estudiantes no genera ninguna sorpresa. En los grupos de Facebook de las diferentes carreras, administrados por el Centro, en más de una oportunidad se han censurado comentarios de los estudiantes cuando se manifiestan en contra de alguna de las autoridades universitarias, como así también de alguna cátedra o del propio centro de estudiantes. La LFU funciona como la policía del rector Martínez.
Muchos estudiantes se vieron empujados a abandonar a la cursada online. Los llamados “desertores” son los estudiantes que la universidad y el gobierno excluyen de la cursada, al no garantizar la conectividad y el acceso a una computadora. La cursada online se vuelve cada vez más “exclusiva”, la educación pública se convierte en una ilusión.
La expulsión estudiantil se ve agravada por la exigencia de la universidad, para conservar la regularidad, de contar con, al menos, dos materias aprobadas, en un año de cursada online donde muchos quedan fuera. Quienes pierdan la regularidad deberán pagar una suma de alrededor de $900 para reincorporarse a sus carreras y continuar con sus estudios. Lo cierto es que a la UNLaM poco le queda de pública en la cursada presencial, mucho menos en la virtualidad.
Por asambleas virtuales que discutan un plan para conquistar los recursos para un segundo cuatrimestre virtual efectivo y no expulsivo.
