Marchamos por Cristian Gallardo

El 26 de agosto se cumplirá un año del crimen de Cristian Gallardo en manos de la policía del barrio Democracia, dentro de un móvil policial. Con patadas y puñetazos, los cuatros efectivos le reventaron un ojo, tenía el lado izquierdo del cráneo hundido, las muñecas marcadas por las esposas, tajos en la rodilla, en el estómago y en los brazos. Por la lucha inmediata que dieron los familiares que se unieron a otros familiares contra le gatillo fácil, se logró apresar a los policías. Sin embargo, gozan de prisión domiciliaria, un primer encubrimiento por parte del estado y su aparato judicial.

Desde hace un año que la familia de Cristian junto a la familia de Gury Farfán, David Alfonso y Martín Carreras vienen luchando por justicia. Por su parte, el gobierno de Urtubey, entonces, y ahora de Sáenz, solo se han dedicado a encubrir a la policía asesina. Primero, plantaron un testigo para que declarara que Cristian fue detenido por el robo de un celular; pero pronto salió a la luz de que era un testigo falso. Segundo, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó “muertes indeterminada” el resultado de la autopsia a Cristian. Esto le valió una crisis al exgobernador interviniendo el CIF. Tercero, el estado se niega a hacer un nuevo peritaje de la autopsia para determinar que el joven fue asesinado por la policía. Por último, los policías siguen con prisión domiciliaria y con carátula de “homicidio culposo” cuando la familia solicitó el cambio a homicidio simple. Estamos en presencia de dos graves delitos por parte del estado y el gobierno de Sáenz: el crimen por parte de sus fuerzas represivas y el encubrimiento.

La policía esta involucrada hasta el cuello en el narcotráfico, las redes de trata, la prostitución, en los negocios mas espurios con la complicidad del estado. La persecución a los jóvenes en los barrios y a los luchadores es una política criminal con policías sicarios comandados por el propio gobernador y el ministro Pulleiro. Un nuevo encubrimiento de estos delitos es una aplicación para que las víctimas de atropellos policiales lo hagan vía virtual y no en las comisarías. Se trata de un intento por quebrar y dejar en el anonimato las denuncias generalizadas en las comisarías barriales, sobre todo en zona sudeste de la capital salteña, ya que familias enteras se prestan a denunciar cada vez más los atropellos diarios de la policía. La propia familia de Cristian sigue siendo hostigada.

Que los casos de gatillo fácil y atropellos policiales salgan a la luz es porque las familias trabajadoras se animan a denunciar. Cristian era un trabajador en una finca y albañil, padre de dos hijos. Luciano Cruz, a quien la policía le quito un ojo, fue atacado cuando volvía de trabajar. Cristian Escalante fue detenido arbitrariamente, durante una contienda familiar, torturado delate de su madre. Gury farfán, Martin Carreras y David Alfonso no vivieron para contarlo. La organización de los familiares es un paso adelante para terminar con la impunidad. Ampliemos la organización por el desmantelamiento de la cúpula policial y su reemplazo por un cuerpo de seguridad seleccionado y bajo control de los organismos de DDHH independientes y de los propios familiares contra la impunidad. Por la apertura y control de los libros de guardia por parte de los vecinos de cada barrio. Elección de jueces y fiscales con mandatos revocables para terminar con la burocracia inamovible. Que el estado costee los peritos de parte elegidos por los familiares. Cárcel común a los responsables políticos y materiales. Abajo el Código Contravencional y todas las leyes represivas. Organicemos un encuentro provincial de familiares contra la impunidad. Justicia por Cristián Gallardo.