Presupuesto 2020: se agrava el vaciamiento de la universidad pública
Escribe Matías Solanilla
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Durante la campaña electoral, el armado del FdeT hizo de la defensa de la educación pública todo un eje publicitario. No era para menos; el movimiento educativo fue uno de los más movilizados contra el gobierno macrista y un actor ineludible en la lucha por el aborto legal.
La aprobación del presupuesto ´ampliado´ 2020 desmiente crudamente aquella publicidad. Las recurrentes alabanzas al sistema público educativo no se han traducido en un presupuesto acorde.
Si se toma como parámetro el presupuesto anterior, aprobado en septiembre de 2018, el actual representa un recorte de alrededor del 10%, descontada la inflación. En un momento en que la universidad exige una inyección de fondos extraordinaria para dar cuenta de una virtualización forzosa, que está expulsando estudiantes de a miles, el presupuesto aprobado significa el aval a esta expulsión.
Un dato curioso es que, en medio de la pandemia, el presupuesto específico para salud también se recorta. Y, para el caso del aporte de “ciencia y técnica”, el recorte es todavía más brutal: el presupuesto es nominalmente el mismo (es decir que se “come” el 70% de inflación que existió en el período 2018-2020). Parece que la famosa disyuntiva “salud vs economía” se ha resuelto a favor de los acreedores y el FMI, que siguen con lupa el ansiado “equilibrio fiscal”.
El salario en el eje del ajuste
La votación de un presupuesto recortado puede sonar contradictoria con el anuncio de un ambicioso plan de obras en más de 40 universidades. Pero, en realidad, uno y otro encajan perfectamente como parte de una política integral de privatización: como hemos analizado en estas páginas, las obras constituyen un subsidio indirecto al capital, ya que se orientan a fortalecer la ´generación de recursos propios´ en el marco de la universidad pública (postgrados, convenios); el ajuste presupuestario presiona en el mismo sentido, empujando a las camarillas (y sirviéndoles como excusa) a reforzar esta orientación privatista.
En cambio, no se estipula un peso más destinado a los salarios que paga el Estado a la docencia de grado y a los trabajadores no docentes. Aquí está el eje estratégico de la política del gobierno para la universidad.
Organizarnos en defensa de la educación de los trabajadores
El presupuesto aprobado sirvió de excusa para una campaña de la derecha de JxC denunciando ´el ajuste´. Naturalmente se trata de un intento de autoencubrimiento, por parte de quienes se dedicaron a vaciar el presupuesto público durante su gobierno.
En este presupuesto, acordado entre rectores y gobierno (como pasó antes con los aprobados bajo el macrismo), se deja ver un armado político de privatización y vaciamiento educativo, cuyas consecuencias pagamos los trabajadores y estudiantes.
La enorme combatividad que demostró el movimiento educativo en los últimos años saldrá nuevamente a la luz, tarde o temprano, ante la evidencia dura de que el vaciamiento continúa. De lo que se trata es de construir un programa que permita ponerle fin a este proceso privatista de larga data: financiamiento íntegro estatal, fin de los negociados en la educación pública; un presupuesto acorde a las necesidades reales, debatidas en asambleas y congresos de estudiantes y trabajadores; reformulación del cogobierno; expulsión de las camarillas privatistas; salario igual a la canasta familiar, gratuidad de todo el ciclo de enseñanza; apertura de los libros contables y derogación de los convenios con privados.
