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Para el progresismo, el punto novedoso de la reforma judicial impulsada por el gobierno consistiría en el abandono de un sistema Inquisitivo, heredado del sistema español, el cual se fue puliendo desde la época de las colonias hasta la actualidad, que está siendo modificada por un sistema Acusatorio -en la actualidad se dice que tenemos un sistema mixto-, consistente en cambios en las funciones de los sujetos intervinientes en un proceso penal. En el modelo Inquisitivo, el rol del juez es investigar, instruir el proceso y valorar la prueba para tomar una decisión. En el Sistema Acusatorio, en cambio, la investigación la desarrolla el Fiscal, quién llevará a cabo el proceso acusatorio en un supuesto de igualdad con el defensor, que producirá pruebas para probar la inocencia. En esta combinación, el Juez sería un tercero imparcial, que vigila el proceso y observa las pruebas que se producen y en base a ella decide la inocencia o condena del imputado.
En el sistema burgués, al menos en su “estado de derecho, se presupone el respeto de ciertas garantías constitucionales -como la presunción de inocencia- y el debido proceso, ambas cuestiones importantes para ponerle un límite al Estado que monopoliza un poder monstruoso, frente al “hombre común”; en ese sentido, el “garantismo” es progresivo con relación a los límites al poder de policía. Podemos decir, que son conquistas que utilizamos para defender a un compañero que es arrestado en una manifestación, en un corte de ruta o en la toma de una fábrica: utilizamos un andamiaje de conquistas para, como dijimos, limitar el poder del Estado.
La “reforma” que se estaría “discutiendo” se dice que aceleraría las causas, que las simplificaría, que tendrían más publicidad, ya que las audiencias serían abiertas al público.
El resto de la “reforma” consiste más bien de cuestiones cuantitativas y de movimientos de organización de la Justicia, que se trata más de propiciar la creación de un nuevo fuero Federal Penal, unificar a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiriendo parte de esa jurisdicción a la Ciudad, con el supuesto de lograr su plena autonomía, que se suponía, existía por la División de Poderes, todo este movimiento, implica nombrar unos 600 nuevos miembros entre jueces y fiscales, no se trata de una Reforma, en lo esencial, se trata de una ampliación y re- organización burocrática.
¿Un Partido de Izquierda puede titubear con esta “reforma”? Desde ya que no, hay que denunciarla como gatopardismo puro, más allá del interés de cada fracción de la burguesía, que querrá nombrar a sus jueces, es posible que, en el Parlamento, si “hay voluntad de la oposición” se trate de un proceso de toma y daca. No se trata de jueces honestos versus jueces corruptos, desde ya que denunciamos la corrupción, pero para el trabajador, no es el problema esencial, el sistema, a la larga lo condena, o acaso, cuando no nos pagan la indemnización o el salario y tomamos la fábrica, ¿hace falta un juez o fiscal corrupto para ordenar el desalojo? No, las leyes, en última instancia, defienden la propiedad privada, el Derecho se fundamenta en eso. En ocasiones, de acuerdo a la situación de la lucha de clases, se podrá plantear un triunfo parcial, pero para seguir con la “toma” de una fábrica, nos van a exigir encuadrarnos en alguna relación jurídica (por ejemplo, cooperativas) que se desenvuelve en las relaciones económicas que impone el Capital y que terminan por ahogar las conquistas.
En definitiva, no podemos dejar que el árbol tape el bosque. Lo primero que debemos advertir es que la “Reforma” no significa un cambio esencial. La Justicia no modifica su carácter de clase. Teniendo en vista esta cuestión, nos podemos proponer nuestro propio programa de “Reforma Judicial” que, como base, debe partir de la cuestión de quién selecciona los jueces y si estos deben permanecer en su lugar hasta que se jubilan, o deben cumplir un periodo, además de plantear el derecho a la revocabilidad.
La cuestión de la organización judicial no puede escapar que su plataforma, sus fundamentos para decidir, se encuentra en la Constitución Nacional y un andamiaje infinito de disposiciones, leyes y decretos. Una Reforma Judicial no puede escapar a la necesidad de poner el tema en una Asamblea Constituyente convocada por la Clase Obrera, en el sistema, podremos conquistar algunos derechos, ponerle un límite al Estado, pero mientras sobreviva el Capitalismo, la Justicia, la más justa de todas, será un apéndice del sistema de explotación, sin excepción.
