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Los senadores oficialistas votarán esta tarde la “reforma judicial” de Alberto Fernández, a sabiendas que emprenden un acto políticamente inocuo, en cualquiera de sus posibles desenlaces.
Una votación inmediata en Diputados parece por ahora descartada, pues el gobierno no tiene asegurado los votos. Incluso si lograra una mayoría apretada, debería poner de manifiesto un principio de aislamiento político, sólo atenuado por los diputados o senadores “federales” que suman su voto ante la oferta de multiplicar los juzgados o secretarias en sus provincias. Por lo demás, la votación de diputados expondría un frente común entre Lavagna y el conjunto del macrismo contra el gobierno. En vistas de ello, Massa abrió el paraguas y le dio largas al asunto –“tenemos todo el año parlamentario por delante”.
Para sumarle baldones de tierra al proyecto, en las últimas horas sumó su descalificación nada menos que Cristina Kirchner, su supuesta beneficiaria. El desdén de la vicepresidenta pone en evidencia que la reforma no aporta nada a su posibilidad de salir indemne de las causas penales que acumula –cuadernos, Hotesur, acuerdo con Irán. La multiplicación de juzgados por doquier no altera la marcha de esas causas ni a sus actuales jueces. Los dos camaristas que intervienen en la causa de los cuadernos, y que el kirchnerismo quiere remover, resisten la embestida. Lo mismo ocurre con el procurador Casal y su eventual reemplazo por el presuntamente oficialista Rafecas, un relevo que no consigue los dos tercios del Senado. Esa mayoría especial tampoco aparecerá para cualquier iniciativa de ampliación de la Corte que proponga la “comisión de notables” creada por Alberto.
Así las cosas, la iniciativa “central” o “estratégica” del gobierno cuenta con el desprecio del kirchnerismo, de un lado, y de toda la oposición, del otro. El gobierno “de Todos” no podía exhibir un estado de nulidad mayor. El “árbitro” no tiene condiciones de imponer nada, simplemente se retira de la cancha, hasta mejor ocasión.
En este empantamiento, asoma una incapacidad de la coalición de gobierno, no ya con la reforma judicial, sino para encaminar al conjunto de la crisis. La oposición le ha transmitido a Fernández (Alberto) que la reforma no es objeto de negociaciones parciales –simplemente no está dispuesta a debatirla bajo las actuales condiciones políticas. Es lo que le transmitió Lousteau a Alberto, en una reunión que molestó tanto a los macristas como a los ultrakirchneristas. Lavagna y Larreta, en la misma línea, presionan en favor de un nuevo esquema de gobierno, capaz de soportar la agenda que emerja de un acuerdo con el FMI, que el gobierno acelera para mendigar un alivio urgente sobre las vaciadas reservas internacionales. Por el lado del FdT, un acuerdo más duradero con el ala dialoguista del macrismo agudizaría los choques con el kirchnerismo. Aunque Cristina respalda a Guzmán, el celestino del FMI y BlacRock, el gran capital teme que un agravamiento de la crisis económica y social empuje al gobierno a medidas regulatorias o estatizantes, que identifican con la vice.
Como se ve, las tentativas de “unidad nacional” o cogobierno pueden terminar llevando a una fractura en el gobierno y a otra en la oposición. En la mesa donde se juegan estas variantes, las causas judiciales contra Cristina, de un lado, y contra “Mauricio”, del otro, ocupan un lugar privilegiado. Pero la crisis nacional le augura a los tribunales una agenda mayor: por caso, las causas que preparan las “Telcos” contra la declaración de servicio público; los juicios cruzados de las eléctricas, entre los cortes de suministro y los congelamientos de tarifas; y el vendaval de causas que emergerán de las futuras reconfiscaciones a los jubilados.
De cara a esta realidad, el Senado y todo el régimen político no han conseguido hoy más que seguir marcando el paso en su lugar. En medio de un escenario manifiesto de descomposición económica y política, la media sanción y el retorno a fojas cero revela el impasse completo de un gobierno que apenas ha cumplido nueve meses.
