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Para el próximo lunes 31 agrupaciones y repartidores independientes han convocada una nueva jornada de lucha y movilización. Esta actividad se inscribe en una serie de jornadas realizadas en el plano internacional y nacional, donde cada vez se suman más provincias a las protestas por las condiciones de trabajo.
El nivel de precarización y explotación al que son sometidos impunemente los repartidores es brutal. El trabajador que establece una relación laboral con una app no tiene ningún derecho. Las patronales perpetran todo tipo de medidas arbitrarias: despidos sin motivo, avisos o indemnización alguna por medio de bajas a las cuentas, que es otra variante de despidos. La jornada laboral es interminable, y se llega a un ingreso irrisorio por medio de un trabajo a destajo. Los repartidores carecen de un sindicato que represente realmente sus intereses. El Estado, por su parte, establece leyes pro patronales como la recientemente votada en la Ciudad. En los últimos tiempos, asistimos a un agravamiento de todo este cuadro a raíz de la inseguridad. El reciente episodio en La Plata, donde un compañero fue gravemente herido, caló hondo entre los repartidores. ¿Cómo abordamos esta cuestión? La inseguridad no es una cuestión “aparte”, o que pueda considerarse al margen de toda nuestra condición laboral. La extensión de nuestra jornada, la falta de equipamiento adecuado; la obligación de entregar en cualquier lugar –bajo pena de sanciones- nos hace un campo propicio para estas agresiones. A ello, debe sumarse la muy conocida complicidad entre el delito y el aparato policial: la policía libera zonas, y el más desprotegido -en este caso- el trabajador de reparto- paga las consecuencias. La conclusión es clara: del mismo modo que lo hacemos a la hora de reclamar por nuestras condiciones de trabajo, el reclamo por la inseguridad debe ser dirigido al Estado. Proponemos el siguiente programa reivindicativo:
Ingreso mínimo garantizado, que asegure la canasta familiar con no más de 8 horas de trabajo.
Seguro contra robo por parte de las empresas y ART. Indemnización por daños a los trabajadores agredidos, a cargo de la empresa.
Pago de las herramientas de trabajo como la nafta y los datos móviles.
Provisión de los elementos de seguridad e higiene y la implementación de los testeos por parte de las empresas.
Después de dos años de salarios congelados, se exige urgente aumento salarial sumado a un bono de $5.000 retroactivo a marzo.
Basta de bloqueos arbitrarios, restitución de las cuentas en carácter de urgente.
Basta de zonas liberadas. No a la suspensión por rechazar los pedidos.
Vamos junto a todos los trabajadores de otros gremios por la coordinación de todas las luchas.
