Jujuy: colapso sanitario y crisis política

Escribe Julio Quintana

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La provincia de Jujuy, que ya supera los 7 mil contagios y 200 fallecidos, es hoy la segunda provincia con más casos de covid-19 en el país. Las noticias y denuncias en redes sociales de afectados que reclaman atención médica directa y personas que mueren en sus hogares sin conseguirla, se han vuelto un horror cotidiano.

En esta semana, el gobierno ha recorrido uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Salvador, El Chingo, encontrando 520 casos positivos entre una población menor a 1.500 familias. Como sólo se testea a los casos sintomáticos, los contagios asintomáticos pueden ser muchísimos más. Se espera iguales o peores resultados en el barrio Alto Comedero, el más populoso de la ciudad.

Por otro lado, los contagios en el complejo agroindustrial del pulpo Ledesma superan los 400 y el virus ya se ha cobrado la vida de 10 obreros. La mortalidad por covid-19 en el departamento de Ledesma es la más alta del país. En las minas Chichilla y Pirquitas, los obreros denuncian 50 nuevos contagios y la convivencia sin el aislamiento y distanciamiento adecuado, tal como pasó en EXAR, donde los casos oficializados superaron los 300. El personal de salud sigue reclamando EPP en cantidad y calidad adecuadas, ahora lamentando la muerte de una enfermera de una clínica privada de Perico, quien clamó infructuosamente en redes por su internación en una UTI.

De la crisis sanitaria a la crisis política

El colapso sanitario ha derivado en una crisis política en regla, que está lejos de remitirse al contagio por coronavirus del gobernador, el vicegobernador y el vicepresidente segundo de la legislatura jujeña – el empresario y presidente del PJ jujeño Rivarola.

El cierre de comercios céntricos en San Salvador de Jujuy y otras localidades, anunciado por el COE el domingo pasado, no duró ni 8 horas. Esa misma noche se produjo un bocinazo de comerciantes rechazando la medida y al otro día una gran parte de los comerciantes abrieron sus locales desafiando la resolución. Al mediodía el ministro de producción de la provincia anunció la marcha atrás con la medida. En el transcurso del día se viralizó un audio del presidente la cámara de comercio jujeña que llamaba a abrir los locales comerciales bajo la venia del propio gobierno. El aval gubernamental a la violación de sus propias medidas se debe también al agotamiento de sus recursos políticos y económicos.

Otras medidas revisadas por el gobierno de Morales fueron la disponibilidad del personal de educación que no preste servicio en aulas, para realizar las tareas que el COE requiera, y el descuento a los trabajadores de salud auto aislados por síntomas de covid-19. Los reclamos de trabajadores de la salud y de la educación pusieron al gobierno en su lugar.

La creciente bronca obrera y popular que se extiende a las capas medias y hasta un sector de la burguesía ante el colapso sanitario, se ha reflejado en una caída de 17 puntos de la imagen positiva del gobierno con respecto a junio pasado, confinándolo al último puesto de los gobernadores con imagen positiva a nivel nacional.

La oposición

El PJ local se suma al impasse del gobierno a remolque de la alianza de hecho entre Gerardo Morales y Alberto Fernández, que dejó en el ridículo su pedido de intervención nacional. EL gobernador jujeño devolvió gentilezas delimitándose de la marcha del 17 A, criticando a Macri públicamente y, según los mentideros políticos, promoviendo que sus senadores y diputados apoyen la reforma judicial oficialista. Sin brújula, el PJ ha pasado de exigir la vuelta a la fase 1 a callarse la boca y apoyar por lo bajo el recule del gobierno.

Otro tanto sucede con el PTS que no ha pasado de exigir la apertura de la legislatura para tratar su proyecto de impuestos extraordinarios a los grandes capitalistas de la provincia, como si la crisis y el colapso sanitario jujeño fuera un problema normativo.

El desafío de la clase obrera

El “aire” al sistema sanitario jujeño que ha proporcionado el envío de terapistas por parte del gobierno nacional y otras provincias, o la onerosa contratación de clínicas privadas locales para recibir pacientes con covid, no duró un suspiro. El sistema de atención médica domiciliaria a través de llamadas telefónicas es un completo fracaso y el gobierno se ha visto obligado a disponer de la escuela céntrica, “Pucarita”, para reconvertirla en un hospital de campaña, lo que de todos modos es absolutamente insuficiente.

Los trabajadores jujeños se encuentran ante el desafío de enfrentar este colapso mediante una acción política de clase. Mientras el gobierno naufraga con sus medidas y empieza a ser confrontado por diferentes capas sociales, los sindicatos públicos y privados se esfuerzan por frenar la creciente presión obrera en las bases y que ya se refleja en conflictos aislados, denuncias y colectas solidarias. Vamos por la más amplia deliberación de los trabajadores jujeños para hacer frente a un gobierno y un régimen en bancarrota, a través de una salida propia.

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