Escribe Lucas Noguera
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El 4 de agosto el gobierno de Alicia Kirchner reconoció -tardíamente- la circulación comunitaria del virus en Río Gallegos. Tres semanas después, el saldo es de 15 muertes por Covid y casi un millar de infectados. En tanto, la ciudad se quedó sin agua potable por la rotura de un caño en mal estado. Y para el colmo de los colmos, el Ejecutivo lanzó un decreto donde otorga un bono no remunerativo a funcionarios del hospital, pero no a los trabajadores de la salud.
En una entrevista radial, Javier Lerena, director del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG), declaró cual patrón de estancia "No tenemos tiempo de hablar de salarios, ni de estupideces". Se refería a las denuncias de precarización de los médicos residentes. No es la primera vez que Lerena tiene esta actitud. En otra ocasión calificó como "miserables" y "lacras" a quienes criticaron el manejo de la pandemia en la provincia. El director del hospital es la voz del poder político de Santa Cruz.
Como el cinismo carece de límites, trascendió en los medios locales que entre los beneficiarios del bono otorgado por decreto del gobierno provincial aparecen la epidemióloga Ana Cabrera, funcionaria del Ministerio de Salud y Ambiente, y el mismísimo Lerena. Ambos tienen una categoría Nivel 1, por lo que su bono asciende a $25.000.
La indignación del personal de salud fue una asamblea histórica que convocó a cientos de trabajadores de distintos sectores. La asamblea exigió que se dé de baja el decreto, se le pague las horas extras al personal y se abran la discusión paritaria. De lo contrario habrá medidas de fuerza.
Semanas atrás, la población de Río Gallegos se autoconvocó en las puertas del hospital para mostrar su solidaridad con los trabajadores. La consigna fue "Marcha de la bronca contra los gobiernos. Caravana y bocinazo. Por la salud, por el agua y por personal para la salud". La caravana se dirigió luego hacia la Casa de Gobierno en repudio al manejo de la pandemia.
El Hospital de Río Gallegos se ha convertido en el motor de la denuncia al Estado tanto por el vaciamiento del sistema de salud como por su incapacidad para responder a la pandemia y defender la vida de la población.