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El sábado 29 de agosto se produjo una situación de extrema tensión en Bariloche.
Se agitó profusamente una marcha-caravana por parte de sectores lisa y llanamente racistas y violentos hacia Lago Mascardi, donde conviven dos comunidades Mapuche. Una de esas comunidades, la Lafken Winkul Mapu es acusada de cometer ataques a los habitantes del lugar. La otra comunidad tiene más tiempo en el lugar y ha conseguido una convivencia que les permite subsistir con la administración de campings y venta de productos artesanales.
En la convocatoria a marchar, los reaccionarios incluyeron la invitación a ir armados y sacar por la fuerza a sus integrantes. Esto llevó a que la policía provincial impidiera que la caravana llegara hasta los asentamientos y que la propia gobernadora, que se hizo presente, los convocara a concentrarse en el Centro Cívico.
Apenas dos días antes, cuando se desenvolvía la sexta marcha contra el gatillo fácil y por la aparición de Facundo Astudillo Castro en el Centro Cívico, los violentos que se habían concentrado contra la reforma judicial (‘banderazo’), arremetieron contra los manifestantes contra el gatillo fácil. Una señal del carácter fascistizante de los caravaneros.
Los asentamientos están ubicados dentro de Parques Nacionales, jurisdicción del gobierno nacional. Por eso, tanto la gobernación de Rio Negro como la Municipalidad de Bariloche declaran tener las manos atadas. Mientras tanto, el gobierno nacional convoca al “diálogo”. El problema de fondo sigue siendo la lucha de los pueblos originarios que reclaman su propio territorio para vivir. La comunidad es la que defendía Rafael Nahuel cuando fue asesinado por los Albatros de Prefectura Nacional.
Los actores en presencia son la minoría mapuche, oprimida y empobrecida; los gobiernos municipal y provincial, que fluctúa entre la mediación nacional y el sector fascista de su electorado; y el gobierno nacional. Detrás de cámaras operan los intereses inmobiliarios. Se trata de una zona de naturaleza privilegiada en cuanto a paisajes, fauna, bosques. Así como Joe Lewis en Bolsón acaparó Lago Escondido de la mano de “emprendedores inmobiliarios” como Van Ditmar, acá sucede lo mismo: no se tolera que esas tierras no sean propiedad privada con propósito de lucro.
Hasta ahora el Ministerio de Seguridad de Nación hizo una denuncia penal contra los manifestantes por instigación a cometer delitos", "apología del crimen" y "asociación ilícita”. La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, dice que INAI “no acusa, no procesa, ni juzga”. Las organizaciones ambientalistas y partidos de izquierda llaman a constituir un frente común para defender a las comunidades amenazadas.
Por una política de tierras que permita que todo habitante tenga donde vivir y trabajar. Justicia por Rafael Nahuel, Santiago Maldonado. No a la represión y los desalojos. Basta de especulación inmobiliaria.
