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A cinco días de iniciado el paro de transportistas motivado en principio por el gobierno, el gremio pretende radicalizarlo. Sin embargo, el conflicto se les escapa de las manos ya que no cuentan con el apoyo inicial de un significativo sector del gobierno; esto significa que, aunque los “dueños de camiones” redoblan su campaña represiva contra la clase obrera y el pueblo mapuche, iniciada la campaña plebiscitaria, se transforma en un obstáculo para Piñera y, por lo tanto, el paro tiene -no los días sino- las horas contadas.
Señalando que al gobierno “no le queda otro camino que ocupar su autoridad”, el ministro Pérez aseguró que tomará “todas las medidas” para evitar desabastecimiento y bloqueo de carreteras, y planteó que no excluye “aplicar” la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSIE) contra los dirigentes del paro.
Fracasado el propósito inmediato de dar rienda a su cartera represiva en medio de la crisis, la instrumentalización de los trabajadores de bases (del transporte de carga) por parte Interior durante toda la movilización le ha posibilitado al mismo una nueva maquinación, esta vez, basada en romper con el propio aislamiento político que le ha afectado producto de este montaje. El hecho de que el ministro Pérez contemple ahora aplicar LSIE contra los dirigentes del paro, sugiere el desprendimiento del gobierno de toda coordinación y complicidad previa con las patronales; con o sin toque de queda, FF.AA y Carabineros han resguardado el paso y la salud de los vehículos, aunque ahora comienzan a darle la espalda. Todo lo anterior, para intentar lavarle la cara a la opción del “rechazo” -la opción de Piñera de cara al plebiscito de octubre; a los empresarios y dirigentes del gremio, Pérez y Villagrán, se los estaría “sacrificando” en pos de limpiar su imagen.
Fuera de lo anterior, la fuga masiva de militantes históricos del pinochetismo hacia la opción del “apruebo” viene a corroborar el quiebre en la derecha chilena tras el retiro del 10% de los fondos de pensiones, de cara al proceso constituyente, a la vez que deja a Piñera cada vez más aislado; apenas cuenta con su comité político, por un lado, y en las fuerzas represivas, por otro -acentuando el carácter bonapartista de su gobierno.
Por su parte, el show mediático por la campaña plebiscitaria ha comenzado y el “sálvese quien pueda” es la consigna del momento para todos quienes se han visto con el agua hasta el cuello. Históricos miembros de la derecha han escogido el “apruebo” como un refugio que, en el actual momento político y no por mucho tiempo, los “mantendría con vida”. Mostrándose aparentemente sensibles ante los reclamos populares, referentes históricos del pinochetismo como Longueira y Moreira (UDI) finalmente se posicionaron por esta opción; una maniobra conveniente pues, para ellos, la opción del “rechazo” significaría identificarse con Piñera, o sea, autoliquidarse. Mismo camino ha tomado una facción de Evópoli, RN y UDI, por la derecha.
El gobierno carece de homogeneidad política y, más aún, aumentan los sectores del pinohetismo que observan que no es el momento para una ofensiva reaccionaria, o sea, de “apagar el fuego con bencina", y su principal desafió consiste en seguir encandilando a las masas con el juego electoralista y la fantasía de que la solución de los problemas es presentar proyectos asistenciales en el parlamento. Todo el actual forzoso proceso de reordenamiento de las fuerzas políticas del gobierno y la derecha -de cara al plebiscito de octubre y al proceso constituyente pactado en noviembre- es señal de la gran crisis política por la que atraviesa.
Mientras que el conjunto del régimen y los partidos políticos que lo sostienen se ven imposibilitados de ofrecer una salida de conjunto a la crisis que golpea al país -y sólo proponen el pantano de la vía institucional-, es la clase obrera quien tiene la palabra.
Los conductores deben rechazar el paro y el pliego reaccionario de los empresarios y de Piñera, romper con el gremio patronal que los utiliza, y confluir en un congreso de bases que lleve adelante sus verdaderas reivindicaciones: sueldo mínimo equivalente a $600.000; cumplimiento artículo 25 bis y pago de las horas extras a todos los conductores del transporte de carga; comedores y baños dignos para todos los trabajadores; fin a los despidos y a las represalias por no adherir al paro. Las y los revolucionarios deben aportar en esto. Este es un camino real que permitirá a los conductores de base limpiarse del lastre patronal y del silencio de la burocracia -que oculta sus auténticos reclamos, instrumentaliza su disposición de lucha, y traiciona su verdadera causa.
