Tierras públicas y negocios privados

La semana pasada se conoció un acuerdo entre la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), el ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y la Comisión Nacional de Valores, por el cual el Estado entregará tierras públicas a cambio de que los inversionistas desarrollen "proyectos productivos, comerciales e inmobiliario" (El Cronista, 19/8) bajo la figura del fideicomiso. En el negocio también participará la Cámara Argentina de la Construcción. “AABE, CNV, el ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete también acordaron conformar una mesa interinstitucional para analizar ´productos de inversión colectiva para el desarrollo inmobiliario´", cita El Cronista.

Para encubrir este negociado, el 8 de agosto pasado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete hicieron un anuncio donde lanzaban el "Plan Nacional de Suelo Urbano", que se complementaría con el plan PROCREAR. Si bien el objetivo parece ser loable (la construcción de viviendas a bajo costo), exhibirá sus límites muy rápidamente, ante una situación desesperante de las masas que quedarán afuera de la posibilidad de acceder a un crédito subsidiado o comprar un lote. "Vamos a poner mucho énfasis en que los municipios generen sus propios bancos de tierras, que haya mecanismos para adquirir, urbanizar y adjudicar la tierra y recuperar el costo que se invirtió en eso para seguir alimentando la rueda de generación de suelo", indican los funcionarios (Página/12, 8/8). Pero los municipios del conurbano son grandes agencias de los pulpos inmobiliarios, que acapararán los mejores terrenos. Por otra parte, están infestados de corrupción, como se demostró con los fondos del famoso Plan Federal de Viviendas.

FMI, bonistas, pandemia

Una vez arreglado con los bonistas una deuda imposible de pagar el plan de reactivación del gobierno tiene dos patas: “exportar todo lo que se pueda”-lo que significa dar vía libre a la devastación de los terratenientes que incendian las islas y a la explotación minera a cielo abierto y contaminante- y la apropiación de tierras por parte de los grupos privados nacionales o extranjeros.

Con el gobierno de Alberto Fernández, la venta de tierras ha pasado a rango ministerial con la creación del nuevo ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La presentación rimbombante de estos planes oculta que en realidad se está preparando el marco legal, político y social para sumar las tierras públicas como garantía de nuevos préstamos, inversiones y garantías de deuda de un Estado quebrado.

Mientras tanto, las ocupaciones de tierras se extienden por todo el país.