Escribe Patricio Arias
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Bajo un clima particularmente distendido, que contrasta con la dramática situación económica que viven millones de familias obreras en medio de la pandemia y la crisis económica, ayer se realizó la octava reunión entre el ministro de hacienda Ignacio Briones y la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para discutir sobre el reajuste al salario mínimo.
El salario mínimo hoy es de $320.500 y el acuerdo que se alcanzó el 2018 en el parlamento para definir su monto termina este 1 de septiembre. Es por esto que, desde el gobierno, a sabiendas que no iban llegar a un acuerdo público con la dirigencia de la CUT por un monto en común antes de que comience la discusión en el congreso, montaron reuniones con ellos para comenzar a negociar una tregua antes de que se instale el tema en el debate público. Y no podía ser de otra forma, ya que el reclamo contra los bajos salarios fue uno de los motores de la rebelión de octubre.
Cruzando elogios de lado a lado, la dirigenta de la CUT y militante del PC Bárbara Figueroa planteó a la prensa que "lamentamos no haber podido llegar a acuerdo en la cifra (…) sin embargo, valoramos altamente que en materias tan sensibles como protección al empleo y los subsidios a las nuevas contrataciones sí logramos avanzar". Al mismo tiempo Briones valoró la “buena disposición de la CUT donde hemos concordado líneas de acción”, pero dejó en claro que no es posible llegar a los $400.000 que reclama la CUT, acusando que en el pasado nunca se ha dado un aumento de $80.000 (DF.31/08). Figueroa cerró sus palabras a la prensa mostrando “su confianza” de que la propuesta del gobierno debería mejorar durante el desarrollo de la discusión parlamentaria. A última hora del lunes, Briones reveló que el gobierno propone un reajuste al salario mínimo igual a 0 por un año. Sin arrugarse, argumenta que la propuesta es positiva porque mantiene el salario mínimo actual y “mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores”. (EMOL 01/9). Una verdadera provocación en medio de la crisis.
Los bajos salarios y la precarización sistemática de las condiciones laborales, son, por un lado, uno de los principales mecanismos instalados por la constitución de Pinochet – Guzmán para que los capitalistas puedan abaratar costos por medio de la desvalorización de la fuerza laboral, pero, por otro lado, lo han hecho a costa de que millones de trabajadores vivan con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Según datos publicados por la Fundación Sol antes de la llegada de la pandemia, el 50% de las y los trabajadores en Chile gana menos de $400.000, al mismo tiempo que la línea de la pobreza para una familia de cuatro personas está en $451.000 y el 70% gana menos de $550.000. Ahora, por efecto de la pandemia, esa cifra que ya es bajísima, ni siquiera la pueden cobrar los millones de desempleados que ya alcanza el 30% real, el medio de millón de trabajadores suspendidos que llevan meses cobrando un 55% de su sueldo desde sus propios ahorros para la cesantía y las miles de trabajadoras y trabajadores informales que todos los días se arriesgan al contagio para sostener a sus familias.
Desde la CUT, después de ocho reuniones con el gobierno, salen con las manos vacías, sin crítica a la burla del gobierno y haciendo un llamado a que la clase obrera le confíe el futuro de sus salarios a los parlamentarios, para que negocien por ellos. Esta situación viene a sacudir a la clase obrera y la discusión sobre el salario debe ser una tarea de primer orden. Los sindicatos y las asambleas populares deben comenzar a dar forma a una agenda propia que permita el desarrollo de un frente único de organizaciones obreras que reclame un salario y un bono al desempleo por un monto igual a la canasta familiar, prohibición de los despidos, protocolos sanitarios construidos por los sindicatos en los lugares de trabajos y que el derecho a la alimentación sea garantizado a todas las familias obreras que lo necesiten donde el Estado financie comedores populares en las poblaciones que estén bajo gestión de las vecinas y vecinos organizados en las asambleas populares.
Una trabajadora y un trabajador no pueden seguir asistiendo todos a su trabajo y recibir a cambio un salario que condene a su familia a seguir viviendo en la pobreza. Por esto es necesario reclamar un salario mínimo de $650.000, que garantice de forma mínima la vivienda (arriendo), alimentación, movilización y recreación para todos quienes viven de su trabajo, y oponerse sin vacilación a la humillante propuesta de Piñera.