Brasil: derrumbe sanitario, derrumbe social, la cuestión de una huelga general

Escribe Hernán Gurian

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La postura criminal del presidente Bolsonaro y de la mayoría de los gobernadores derechistas frente a la pandemia no sólo ha provocado la escalofriante cifra de 126 mil de muertos y millones de contagiados en Brasil sino, que, además, la han aprovechado para llevar adelante un feroz ataque a las condiciones de vida del conjunto de la población y a las conquistas laborales de los trabajadores. En medio a la catástrofe que atraviesa el país, Bolsonaro se apura para arrasar con los últimos vestigios de derechos laborales y conquistas históricas de la clase obrera que aún se mantienen en pie tras la aplicación de la nefasta reforma laboral, la cual comenzó a regir en noviembre pasado. Las reformas laboral, previsional y administrativa fueron los objetivos centrales buscados con el golpe de Estado perpetrado por la gran burguesía con el respaldo del ejército, en 2016: buscar una brutal desvalorización de la fuerza de trabajo, abaratar "los costos laborales" en beneficio del conjunto de la gran burguesía, nacional y extranjera. Otro de sus objetivos es la privatización de empresas estatales, incluida la entrega de tierras fiscales o bajo protección ambiental y de reservaciones indígenas al voraz interés del capital agroindustrial. Avanzar en el ajuste fiscal -que comenzó durante el gobierno de Dilma y el PT- era otras de las consignas que figuraban en este brutal plan de guerra contra las masas por parte de la burguesía golpista y de los organismos financieros internacionales.

Salud y pandemia

Con la pandemia fuera de control por la desidia del gobierno bolsonarista, el sector de los trabajadores y profesionales de la salud, que se encuentra en la primera línea de combate al coronavirus, es el más golpeado en esta crisis sanitaria sin precedentes, con muertes, contagios masivos y una flexibilización laboral salvaje. En Brasil, más de 500 profesionales y trabajadores de la salud perdieron la vida por el covid-19. Desde el comienzo de la pandemia, los profesionales de la salud denuncian la falta de equipos y suministros médicos. Vale recordar que el Ministerio de Salud cuenta con un general del ejército a cargo, luego de la salida de tres ministros que pretendían seguir algunas de las recomendaciones de la OMS, contrariando al presidente. Ya con anterioridad a la crisis sanitaria desatada por el virus, los trabajadores de la salud venían enfrentando la tercerización de los servicios que impulsa el gobierno y precariza aún más el trabajo y la atención a la población. Los trabajadores vienen denunciando desde hace mucho tiempo la entrega de los hospitales públicos y unidades de atención médica (UPA, salas, Clínicas familia) a las llamadas Organizaciones Sociales (OS), entidades privadas que, disfrazadas de filantrópicas, en la práctica funcionan como verdaderas empresas tercerizadas – y muy lucrativas, por cierto. En los últimos tiempos se vienen acumulando un sinfín de denuncias de irregularidades y escándalos como desvío de recursos, sobrefacturaciones, restricción de atención a los pacientes, transferencias arbitrarias de profesionales y contratación de personal sub calificado a través de empresas tercerizadas. Los estados y municipios han entregado la gestión de la red pública de salud a estas organizaciones sociales en los últimos años, un recurso utilizado por todos los gobiernos -de distinto color y pelaje- para ajustar o recortar las partidas presupuestarias destinadas al sector. Estas OS son una fuente de corrupción fabulosa y un efectivo mecanismo de precarización laboral. La entrega de la salud pública a la gestión de estas OS "truchas" en realidad apuntaron desde un principio a establecer una transición hacia la privatización de esta.

El viernes 28 el Supremo Tribunal de Justicia decretó la suspensión por 180 días del gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, así como la detención y allanamientos por parte de la Policía Federal de políticos, empresarios y funcionarios acusados de lavado de dinero, sobornos y formación de "organización criminal". El gobernador y sus secuaces habían armado una "caja de sobornos" a través de la secretaría de Salud abundantemente abastecida por estas OS y por empresas privadas que tenían contratos en el área de salud. Anteriormente y por esta misma causa secretario de Salud ya había sido preso. También en Rio, el Instituto de Atención Básica a la Salud (Ibas), una OS está procesada por el desvío de dinero destinado a la construcción de hospitales de campaña de combate al Covid. "Se llevaron casi mil millones de reales [un dólar vale 5 reales, NdR] para construir ocho hospitales de campaña y solo fueron entregados dos", denunció Sandro Cezar, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social. En San Pablo la legislatura debió abrir una investigación (CPI) por el desvío de dinero y recursos al gobernador que triunfó de la mano de Bolsonaro, el empresario del PSDB Joao Dória.

Esta situación calamitosa de la salud pública se agravó en el curso de la pandemia ya que alrededor de 300 mil personas perdieron o debieron cancelar sus planes de salud privada, "lo que refleja la crisis económica que se profundizó en el país desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus" (O Globo 9/7). Desempleo, suspensiones con rebajas salariales y caída de las rentas llevaron a estos miles de trabajadores a quedar desamparados en plena crisis sanitaria. Según datos del IBGE (el Indec brasileño), la tasa de desocupación fue del 12,3% en el primer trimestre, es decir, 12,7 millones de desempleados en el país. Solo 9 de las 1.200 operadoras de planes de salud aceptaron continuar con la atención a los morosos a cambio de tener acceso a recursos de un fondo de garantía. Esto llevó a que todas estas familias que se quedaron sin sus planes a volcarse masivamente a la red pública de salud, ya de por sí colapsada.

Ataques patronales, huelgas y explosiones reivindicativas

Quienes ocupan el primer lugar en la agenda de la política de ajuste de Bolsonaro-Guedes son los empleados estatales. El ejecutivo envió un proyecto de "Reforma Administrataiva" al Congreso para permitir, entre otros puntos, que los nuevos empleados del Estado sean contratados por tiempo indeterminado sin la obligación de efectivizarlos como lo determinan actualmente las normas de la Constitución Nacional, además de convalidar la reducción de los salarios de los futuros empleados. El gobierno ya había establecido anteriormente el congelamiento salarial de los trabajadores del Estado por 18 meses. Mientras Bolsonaro declara que esta Reforma Administrativa no afectará a los actuales trabajadores, el ministro de economía Paulo Guedes está elaborando una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que habilitaría a una rebaja salarial del 25% con el pretexto de supuestas necesidades de economía de Estado en tiempos de pandemia. Está convocado un plenario nacional virtual del CONDSEF -la confederación de empleados públicos de todo el país- para discutir un plan de acción contra la mentada Reforma Administrativa y para derrotar la Enmienda Constitucional 95/16 del Techo de Gastos que congela las inversiones públicas por 20 años. El propio Guedes declaró públicamente la guerra a los estatales al llamarlos de "parásitos" y "enemigos" por los medios de comunicación. Para el 30 de septiembre ya está convocado un acto nacional de lucha por la defensa de los empleados públicos.

Los docentes de la red pública de enseñanza se encuentran en estado de deliberación y podrían ir a la huelga próximamente en varios estados del país frente a la presión que ejercen tanto Bolsonaro como la mayoría de los gobernadores y prefectos para reiniciar el ciclo lectivo lo más pronto posible poniendo en riesgo la salud y la vida de toda la comunidad educativa.

Ya en el campo de la gran industria, el viernes 4 los trabajadores de la fábrica de aviones Embraer iniciaron una huelga frente al despido de 2.500 trabajadores en su sede de San Pablo. La empresa cuenta con 17 mil trabajadores. En San Pablo, en julio, la amenaza de ir al paro por parte de los trabajadores del subte frente a la tentativa de recorte salarial hizo retroceder a la patronal. Hay paros y ocupaciones en decenas de fábricas metalúrgicas (como en Schneider, PTI, GP Aluminios) por despidos y atrasos salariales.

En Curitiba, luego de tres semanas de huelga, los metalúrgicos de la Renault le doblaron el brazo a la patronal multinacional frente al despido de 747 obreros. El triunfo de la huelga se logró el 12 de agosto pasado, tras el fallo de la justicia sancionando el reingreso de todos los despedidos a sus puestos de trabajo.

Choferes y cobradores del Sindicato de los Trabajadores del Transporte y Tránsito (SINTTRO) están desde el martes 18 en huelga en la ciudad de Juiz de Fora, de Minas Gerais, con grandes movilizaciones y apoyo masivo de la población en su lucha por aumento salarial y contra la pérdida de conquistas que las empresas quieren imponer en las negociaciones colectivas. También en Minas Gerais están de paro desde el 18 de agosto los trabajadores de la educación por la negativa del gobernador bolsonarista Romeu Zema a recibirlos por sus reivindicaciones - aumento salarial, pago integral del aguinaldo y cumplimiento del piso salarial acordado en el convenio. En Minas Gerais, especialmente en su capital Belo Horizonte, la huelga de los trabajadores del Correo es donde ha adquirido contornos más combativos.

Los choferes de gran parte del estado provincial de Rio de Janeiro del sindicato SINTRONAC (Niterói, San Gonzalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá) han decidido en una asamblea que reunió a 1.863 trabajadores de 27 empresas de colectivos votó masivamente (1.676 votos a favor) por la paralización de actividades, rechazando la política patronal de reducción de los salarios en un 50% y el recorte de la canasta básica de 280 a 120 reales. También exigen el pago integral de los aguinaldos y denuncian el despido de 2 mil trabajadores desde el 31 julio. El mismo camino de asambleas y paro han emprendido los choferes de Vitória, capital de Espíritu Santo, contra los atrasos salariales y su pago en cuotas.

En Rio de Janeiro los docentes en asambleas virtuales están discutiendo ir al paro frente a la presión del gobierno estadual y la intendencia de la capital carioca de recomenzar las clases en un cuadro de contagios y muertes por covid que no se detiene. También en Rio los enfermeros llevaron a cabo un paro de tres semanas por el no pago de sus salarios durante meses y en plena crisis sanitaria por el coronavirus y en condiciones de trabajo extenuantes y bajo el riesgo permanente de contagio, situación que se profundizó luego de la detención del secretario de salud del estado por desvío de dinero del presupuesto de su cartera.

En Manaus, capital de Amazonas, donde la prefeitura (intendencia) decretó el reinicio de clases escolares presenciales los docentes fueron a la huelga por tiempo indeterminado ante el no cumplimiento con los protocolos frente al coronavirus en las escuelas (en Amazonas ya fallecieron unas 3.400 personas por covid).

El gobierno de Bolsonaro ha empujado a la población trabajadora y pobre a niveles de miseria intolerables. Los cálculos oficiales pronostican una tasa de desempleo para fin de año de un 15%, alrededor de 15 millones de personas. El desempleo que ya era alto antes de la llegada del coronavirus - 11,2% en enero. Un decreto de Bolsonaro (MP 936) del 1° de abril habilitó a las patronales a suspender temporalmente los contratos de trabajo o a reducir la jornada laboral y proporcionalmente de los salarios de hasta un 70% durante un período máximo de 4 meses. En los últimos 12 meses los ingresos de los trabajadores se desplomaron en un 15,3%.

El trabajo informal este año alcanzó la fabulosa cifra de 27,2 millones de trabajadores. El paupérrimo "Auxilio de Emergencia" de 600 reales por tres meses otorgado a la población que se ha visto imposibilitada de obtener recursos debido a la pandemia ahora se ha extendido hasta fin de año, pero por un monto aún más irrisorio de 300 reales.

La huelga de los Correos es clave

En este cuadro político y social explosivo, agravado por la pandemia, la huelga general de los trabajadores de los Correos adquiere un alcance estratégico. Por su extensión nacional y por el número de trabajadores que engloba (100 mil) un triunfo de la huelga reanimaría al conjunto del movimiento obrero en un momento en que muchos sindicatos se encuentran en negociaciones salariales o discutiendo sus paritarias; como los bancarios que están en plena discusión y vienen de realizar jornadas de lucha. Es el caso también de los petroleros, portuarios entre otros. Por otro lado, implicaría también un duro revés al plan de privatizaciones del gobierno. Esta huelga se ha transformado en una confrontación directa con el gobierno de Bolsonaro.

Las centrales sindicales, principalmente la "lulista" CUT, se encuentran sumergidas en una total paralización frente a esta situación que atraviesa el movimiento obrero brasileño. Todas sus expectativas están centradas en el armado de un gran frente popular o anti-bolsonaro para las elecciones del 2022. Un frente que no tendría límites hacia la derecha (en Rio de Janeiro estalló una violenta crisis en el PT y que se trasladó inmediatamente al conjunto de la dirección nacional por las alianzas en las elecciones municipales de noviembre con candidatos de las milicias bolsonaristas). El propio Lula declaró que se bajaría de una eventual candidatura si eso sirviese para cerrar acuerdos con partidos (de derecha).

La huelga de los trabajadores de Correo debe crear las condiciones para unificar todas las luchas de los trabajadores para enfrentar el plan de guerra de Bolsonaro y las patronales. La huelga general figura en la agenda de toda la clase trabajadora. Proponer la formación de coordinadoras de trabajadores en lucha deberá pavimentar el camino hacia un Congreso de Trabajadores. Este es el valor que tuvo el Plenario Nacional que han puesto en pie en medio de la huelga los trabajadores de los Correos porque es un primer peldaño en esta dirección. El secretario general del sindicato de Correos de Belo Horizonte y militante clasista de Luta pelo Socialismo, Robson Silva, mencionó en sus intervenciones sobre de la necesidad de una acción común de las organizaciones independientes y antiburocráticas del Brasil, un frente único, para desarrollar una lucha a fondo contra el gobierno de Bolsonaro.

Al calor de las luchas obreras se podría reencender la rebelión popular que recorrió las principales ciudades del Brasil con los caceroralazos por el #FueraBolsonaro y las manifestaciones anti-fascistas y en defensa de los trabajadores de la salud durante los primeros meses de la pandemia. Se crearía de este modo un terreno más que propicio para que la clase trabajadora del Brasil discuta de cara a las masas explotadas y oprimidas de la nación un programa que ofrezca una salida obrera y socialista a la catástrofe social, al derrumbe económico y poner en pie una alternativa política propia de los trabajadores que comience a ponerle fin al gobierno antiobrero y fascistoide de Bolsonaro.

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