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En medio de la gigantesca crisis social en curso, el gobierno argentino ha dictado un decreto de supuesta inclusión laboral a personas trans. Como veremos enseguida, la medida oficial es más una “venta de humo” que la conquista de un derecho real.
Sobre el decreto
Las limitaciones del decreto son evidentes: no se trata de trabajo efectivo sino que se procura que el ministerio arme una "lista de espera" para ir ocupando puestos a medida que se vayan abriendo vacantes. Naturalmente, no es esto lo que ocurre en el sector público, ni mucho menos. En definitiva, se somete a una espera interminable a un sector de la población cuya expectativa de vida es de 35 años y está en una situación crítica de sobrevivencia. El ingreso al trabajo, hasta alcanzar un 1% del sector público, habilita a todo tipo de contrataciones laborales, por ejemplo, contratos precarios. El ingreso de trabajadores trans, a su vez, queda condicionado a “las personas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”. Aunque el decreto contempla instancias de capacitación, ellas son posteriores al hipotético ingreso al trabajo, con lo cual la dirección de una cierta repartición podría rechazar la contratación de personas trans con el argumento de que “no cuenta con la idoneidad”.
Además, el decreto plantea generar una "unidad de coordinación interministereal" para discutir su implementación, “sensibilizar y educar a los trabajadores del sector público con el fin de que no se cometan actos discriminatorios”. Como ocurre con la ley Micaela, se confía en el Estado históricamente segregador la tarea de eliminar la discriminación, por supuesto, a caballo de los nefastos manuales de la ONU.
Rol de la iglesia
El proyecto del ley estaba presentado a principios del 2016 (por la banca de Soledad Sosa, en representación del FIT y la Agrupación 1969), su precedente había sido uno provincial de Diana Sacayan en el 2010. En la CABA, un proyecto de Marcelo Ramal había sido brutalmente atacado por Lanata, en septiembre de 2016.
Tras el travesticidio de Diana y el impulso por la condena a su asesino, se presentó un nuevo proyecto de ley que estaba estancado en el Congreso por el PJ y Cambiemos. El gobierno no ha avanzado con una ley, sino que recurre a un inestable y circunstancial decreto, que podría mañana fácilmente derogarse. Queda de manifiesto, así, la presión de las diferentes Iglesias (católica y evangélica), aliadas al gobierno en la tarea de impedir una reacción popular contra el aumento de la miseria social.
Trabajo digno para todos
La consigna del cupo laboral trans presidió las manifestaciones y movilizaciones LGBT en los últimos años. La barbarie que sufren las personas trans es escalofriante. Sus reclamos viven en los barrios, donde las travestis-trans se ven obligadas a nuclearse para sobrevivir, y son obligadas a prostituirse debido a la exclusión laboral. Asì, se exponen a la persecución policial, las extorsiones y crímenes de todo tipo.
El castigo de todo un régimen hacia quienes rompen con los roles que les son asignados al nacer, es parte de un orden social de explotación. La necesidad de quebrar este veto al derecho al trabajo y conseguir un trabajo digno debe mantenerse y profundizarse. La lucha por un mundo "más inclusivo" es la lucha por el gobierno de trabajadores y el socialismo, donde independientemente del género o genitalidad, cada quien pueda acceder a un trabajo que le permita mantener condiciones de vida dignas para seguir descubriéndose libremente. Con esta convicción, llamamos a todos los compañeros y organizaciones del colectivo LGTB a luchar por: ingreso inmediato y sin condiciones de las personas trans a un puesto de trabajo con estabilidad laboral, salario y convenio; capacitación a cargo del Estado; cumplimiento del cupo laboral en un lapso máximo de un año, asegurando el ingreso de las personas inscriptas.
