Telecomunicaciones: tarifas, salario e inversiones

Mediante el Decreto 690/20, Alberto Fernández le dio carácter de “servicio público en competencia” a los servicios TIC (Tecnologías de la Información, que incluye telefonía, internet, servicio móvil y cable) para garantizar “el acceso equitativo, justo y a precios razonables”. Las empresas denuncian que genera imprevisibilidad y la eliminación de incentivos que afectaran las inversiones. ¿Qué hay de cierto?

Las telefónicas mantienen en funcionamiento la obsoleta red de cobre desplegada por Entel y la planta de centrales de los 90, equivalente a la Edad de Piedra de las telecomunicaciones. El acceso a internet es, en gran parte, a través de esta red, que imposibilita el streaming de datos para un hogar tipo. En el interior del país, la cobertura es limitada, quedando el servicio, en muchas ciudades, en manos de “cooperativas” o inversiones estatales de Arsat. La red móvil tiene cobertura deficiente y velocidad por debajo de promedios internacionales, apareciendo 79 en el ranking de 141 países de Speedtest. Telecom, avanzó en desmantelar la red de cobre, para rentabilizar la red coaxil de su absorbida Cablevisión, también obsoleta ante la fibra óptica.

Así estamos a pesar de los precios desregulados de telefonía móvil e internet. Como en el resto de los servicios públicos, la libertad de tarifas no garantizó inversiones. Néstor Kirchner renegoció el incumplimiento de inversiones, establecidas en los contratos de privatización con tarifas dolarizadas, por la retirada de las demandas contra el Estado por la pesificación de las tarifas de 2002, en el tribunal del CIADI-Banco Mundial. Estos acuerdos también congelaron el servicio de telefonía básica, que decrecía en usuarios, para dejar liberados los de internet y telefonía móvil con crecimiento explosivo.

¿Fueron las tarifas las responsables de la desinversión? Los beneficios empresariales, entre los más altos del país, baten récords año atrás año. La razón es otra: fueron utilizados para financiar la expansión internacional, la cual, dicho de paso, terminó en crisis. Telecom Italia se fue ahogada por la deuda de su casa matriz. Ahora Telefónica de España pretende irse. Por su parte, Clarín financió la compra de Cablevisión, Multicanal, y Nextel y Telecom, con tarifas libres y deuda en dólares. Dicho esto, ¿cuál es la necesidad social de que las ganancias sean invertidas en sucesivas compras de empresas, en lugar de invertirse en fibra óptica?

Invierten insuficientemente porque su objetivo es elevar su beneficio y expandirse, como grupos económicos, comprando competidores. El decreto lo utilizarán como excusa para sentarse sobre las inversiones y evadir su responsabilidad en una actividad esencial y estratégica. Los trabajadores de las telecomunicaciones generamos una riqueza social inmensa, que no es volcada en inversiones, ni desarrolla una industria de telecomunicaciones.

Servicio Público

Los precios de gas y electricidad son regulados, y durante años el Estado compensó con subsidios a las empresas los aumentos no autorizados. Pero con un Estado quebrado, no hay fondos para repetir el procedimiento. Las prepagas de salud, aún con tarifas reguladas, son impagables al punto de perder 30% de usuarios. El petróleo se regula a la ´inversa´, con el “barril criollo” por encima del precio internacional para asegurar una súper rentabilidad de las petroleras. Con la caída del salario real del 30% promedio, solamente desde 2018, la regulación de tarifas no puede evadir la destrucción de los salarios, jubilaciones y el desempleo. Por otro lado, las ganancias no pueden ser orientadas al desarrollo nacional mientras son apropiadas por grupos privados, ni aun regulándolos.

Planteamos

El salario pierde frente a la inflación hace años, mientras, las tarifas crecían por encima, no es el obstáculo para las inversiones. El salario mínimo debe ser equivalente a la canasta familiar, hoy, superior a los $70.000.

Para garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones, se deben volcar las ganancias, extraordinarias aún con la pandemia, a un verdadero plan de inversiones. La calificación de “servicio público” no asegura el acceso universal, las inversiones necesarias, ni el salario. Mucho menos lo garantizan las tarifas libres. En este debate es infaltable la apertura de los libros contables de las empresas, para corroborar que invierten realmente, y donde va el resto de la plata.

Para los usuarios y trabajadores hay un interés común por desarrollar un plan de inversión, como una necesidad elemental para conquistar acceso universal de calidad. La universalización de las TIC, para las familias trabajadoras, será alcanzada mediante la lucha por la propiedad pública de las telecomunicaciones y el control de sus trabajadores y usuarios para decidir las inversiones e impedir la corrupción. Esto debería sostener la dirección de Foetra, en lugar de apoyar el decreto y la regulación adaptada a las privatizaciones. Que la alternativa política para llevar adelante este planteo surja pronto es una necesidad social.