Debut de F-F: doble indemnización y bonos en cuotas a cambio de cancelar paritarias

La doble indemnización por despido sin causa, decretada por Alberto Fernández para los próximos 180 días, ha sido presentada a la población como una medida que busca la protección del empleo. No tiene el alcance de la ley que fuera vetada por Mauricio Macri hace tres años, y que prohibía los despidos por ese lapso. Pero además, entre 2016 y el 2019, el grueso de las cesantías ya se ha producido, por lo que el empleo privado está hoy en su punto más bajo. El decreto excluye, además, a los trabajadores que sean contratados de aquí en más, como si se hubiera inaugurado una tendencia de empleo creciente.

El decreto no pone fin, ni suspende, la ley que establece el Procedimiento Preventivo de Crisis, que autoriza a reducir las indemnizaciones al 50% (y por 6 meses, al 25%).

Además, la inmensa mayoría de las fábricas que despidió en los últimos años no pagó las indemnizaciones al 100%, o lo hizo en cuotas, sin que la Justicia laboral, ni el Ministerio de Trabajo hicieran nada. En muchos casos, las patronales directamente cerraron las empresas sin pagar un peso de indemnizaciones. El régimen legal y la justicia laboral aseguran que, en la práctica, los despidos no cuesten un peso a las patronales.

Suspensión de las paritarias

Mientras un gran número de gremios estaba discutiendo la revisión de sus paritarias -que cerraron, en promedio, aumentos de un 30% contra una inflación anual que rondará el 55%- el Gobierno anunció que decretará un aumento salarial único, y ordenó al Ministerio de Trabajo a suspender las negociaciones en curso. Si bien no están claros los detalles, las versiones hablan de un aumento no remunerativo de entre $6.000 y $10.000, en cuotas.

Esta medida demuestra con claridad que la ‘desindexación’ de la economía empieza por el salario. Las sumas no remunerativas o los bonos eximen a las patronales del aporte previsional, de manera que se acentúa el desfinanciamiento de Anses y adelanta el propósito de producir una nueva reforma en perjuicio de los jubilados y los trabajadores (ver página 2). La eximición del aporte jubilatorio patronal es una reducción del salario que el trabajador cobra al cese de su ciclo laboral. La CGT ya anunció que no se opone a la suspensión de las paritarias ni a los aumentos no remunerativos, o sea que se pasa en bloque al campo patronal. No le reclamará nada a Alberto Fernández, y tampoco le pondrá plazos, es decir que está en el barco de la suspensión de las paritarias. Numerosos sindicatos y cuerpos de delegados rechazarán, sin embargo, esta entregada y abrirán un período de luchas de características especiales.

El programa de la izquierda

Es el momento, más que nunca, de ratificar la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que es de alrededor de $70.000, que no debe ser confundido con el de pobreza, que el Indec ha calculado en $38.000 a octubre pasado. La jubilación mínima debería ser el 82% de ese salario. Una clase obrera que se empeña realmente en su progreso social y en resistir la tendencia a la pauperización que quiere imponer el capital, no puede admitir salarios de indigencia. Esto vale con todo para la juventud.

El régimen salarial que diseña el gobierno no solamente apunta a mejorar la tasa de explotación del capital y su margen de beneficios sino a pagar la deuda usuraria al capital financiero. Planteamos un debate el movimiento obrero acerca de este puntapié inaugural del gobierno de ‘coalición’ de “peronistas” y “kirchneristas”.