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Jujuy se destacó desde principio de siglo por ser unas de las provincias con más escuelas rurales del país, sobre todo de nivel primario. El 80% de las escuelas primarias de Jujuy fueron rurales. Pero a partir del 2017 y por nuevas políticas con relación a las categorías, pasaron a ser el 58%, según fuentes propias de funcionarios.
Actualmente existen alrededor de 242 escuelas rurales. Desde 2017, 60 se cerraron. Estos cierres se concentraron en zonas como la Puna, Quebrada, Valles y sectores rurales del Ramal, afectando particularmente a comunidades indígenas y campesinas. Hoy quedarían aproximadamente 180 escuelas rurales en funcionamiento. Este número no es oficial, pero representa una tendencia clara de reducción progresiva de unidades escolares rurales.
Según información difundida por el Ministerio de Educación provincial en 2024, existen al menos 102 escuelas primarias rurales con entre 1 y 15 alumnos. Estas instituciones están bajo análisis para ser agrupadas o fusionadas mediante el proceso de “nuclearización”. La política oficial busca unificar estudiantes y docentes en sedes escolares más grandes, lo que muchas veces implica el cierre de las escuelas más pequeñas. El promedio de cierre es de 8 a 10 escuelas rurales por año desde 2017. El proceso de “reestructuración” implica una pérdida progresiva del rol pedagógico y territorial de las escuelas rurales.
Desguace y precarización laboral.
El Ministerio de Educación de Jujuy dictó la Resolución 2914, que dispone no cubrir cargos docentes en 106 escuelas primarias rurales con matrícula reducida durante 2025. Se trata de la denominada “nuclearización”: fusiones forzadas de pequeños establecimientos en sedes únicas, con traslado de estudiantes a centros más grandes, con los problemas que esto requiere, que por un lado corta con la continuidad pedagógica de los niños de zonas rurales como así también obliga a las familias a hacer viajes extensos a estos núcleos educativos, que generalmente no cuenta con servicios de transporte regular ni caminos aptos. La “nuclearización” puede implicar traslados diarios de más de 20 km. para estudiantes y docentes sin medios de transporte garantizados. El cambio de categorías o funciones (de escuela a subsede o anexo) reduce horas docentes, cargos directivos y recursos materiales.
Profundiza un proceso de desarticulación del derecho igualitario a la educación. Comunidades dispersas pierden instituciones locales, donde la posibilidad de tener una escuela también abría la necesidad de una sala de salud. Ahora, sin escuela, las salas de salud de los lugares más alejados también corren peligro. Además el docente pierde el vínculo cultural con los estudiantes rurales, sumado a la creciente precarización laboral, ya que los maestros pasan a disponibilidad o a tareas pasivas, mientras tanto la reconversión se concrete.
El proceso de “nuclearización” conlleva el reagrupamiento de varias escuelas bajo una única dirección escolar, con recortes de cargos directivos, administrativos y docentes. Algunas instituciones pierden su categoría como “escuela cabecera”, quedando subordinadas a otra sede, esto afecta directamente la autonomía institucional, la identidad comunitaria y la gestión local.
En ese contexto, emerge la Resolución 675/2024: designa como “liberados para no cobertura” una lista de 60 instituciones que perderían cargos docentes y auxiliares, sin previsión de reemplazo ni continuidad, afectando en gran medida a nivel inicial. El criterio principal fue la baja matrícula, junto con procesos de reorganización institucional (“nuclearización”) y ajustes presupuestarios En combinación con la Resolución 2914, se afecta directamente a más de 300 cargos en el nivel inicial y primario, proceso que ha sido denunciado por docentes de áreas de la Puna, Quebrada y otras zonas rurales e indígenas.
Un ataque estructural a la escuela rural.
Este ataque no es coyuntural ni una represalia reciente contra las comunidades que enfrentaron la reforma constitucional. Forma parte de una política estructural sostenida por los gobiernos radicales en Jujuy durante la última década. Desde las Yungas hasta la Puna, se ha impuesto un proceso de desmantelamiento educativo, aun con los 300 millones de dólares de deuda que tomó Morales para resolver problemas de educación que no fueron más que un verso propio del fracaso de Cauchari y el recambio de modelo productivo propuesto por su gobierno.
Los docentes rurales cargan en sus mochilas no solo materiales de aula, sino también los efectos de una profunda crisis social. Sin embargo, frente a cualquier manifestación de estos conflictos en el aula, el sistema los responsabiliza directamente. Las normativas los señalan como únicos culpables de los problemas de alfabetización, permanencia o violencia, sin considerar las condiciones estructurales que los rodean.
El avance liberal en Jujuy busca racionalizar costos a costa de vaciar territorios, recortar derechos y precarizar la educación rural. Las resoluciones 2914 y 675 son la punta de lanza de una política que debe ser frenada. La defensa de la escuela rural no es solo una cuestión educativa: es una lucha por el derecho a la vida digna en el territorio, por la soberanía pedagógica y por una educación al servicio de los pueblos y no de los presupuestos de ajuste.
