El Repunte: familiares de un desaparecido pierden su casa porque no pueden cobrar la pensión y la ART

Escribe Malena Asencio

Tiempo de lectura: 2 minutos

Silvia, viuda de Marcelo Islas (tripulante desaparecido del El Repunte) tuvo que abandonar su casa junto con sus tres hijos porque no puede pagar el alquiler de su casa. Esta familia, como tantas otras del Repunte, han perdido el sustento económico de su familia y hace 25 meses que esperan que el juez le firme la presunción de fallecimiento para poder cobrar la pensión y la ART. A este cuadro le sumamos que, con la pandemia y el agravamiento de la crisis, Silvia perdió su trabajo y casi no tiene cómo sostener a su familia.

Este caso muestra hasta las últimas consecuencias la brutalidad a la que están sometidas las compañeras familiares de los tripulantes de El Repunte. Son 6 familias las que todavía no han recibido la presunción de fallecimiento, lo que sólo requiere la firma del juez de la causa. La ART ya ha depositado el dinero de la indemnización, pero que el juez no firme los certificados implica que esa plata está retenida. Hay familias que se vieron obligadas a “arreglar” con la ART porque la necesidad de ese ingreso era urgente, y terminaron cobrando una indemnización menor a la que le corresponde. Hay cuatro familias que siguen a la espera de cobrarla. Algo parecido sucede con las pensiones, que tampoco pueden cobrarse por el mismo motivo

El Repunte se hundió hace 39 meses y hace 25 que las familiares presentaron la solicitud de presunción de fallecimiento. El juzgado no presenta ninguna respuesta a esta situación desesperante para las familias. A causa de los intereses de los empresarios portuarios y los representantes estatales que deberían controlar la situación de los barcos, estas mujeres no solo han perdido a sus familiares, sino que ahora el Estado en su brazo judicial pone todas las trabas a su alcance para impedir que cobren la indemnización y la pensión, un ingreso absolutamente fundamental en el marco de la crisis sanitaria y económica. En el momento en que se entreguen los certificados, las compañeras deben afrontar otro trámite ante el Estado que tiene una duración de 6 meses aproximadamente, hasta que finalmente puedan cobrar. Esta situación es inaceptable, y debemos desarrollar una acción de apoyo a la lucha de las compañeras que se han puesto a la cabeza de la lucha por justicia desde el primer día.

Es urgente poner en pie una campaña para difundir esta situación y para reclamar que se firmen los certificados para que las compañeras puedan acceder al ingreso que les corresponde.

Ningún hundimiento más. El Estado es responsable.

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